En el caso de la reforma educativa, fue una negociación de años, de todos los sectores, que todos firmaron. El Ministerio de Educación, los maestros organizados, las universidades y antiguos estudiantes de las normales. Y luego vinieron los normalistas que están por graduarse y protestaron y pidieron que se vetara. El resto de la sociedad –con maneras a veces corteses y casi siempre burdas– les dijo que no, que ya había un consenso social y que era bueno para el país la profesionalización docente. Y pues seguirá adelante.

Matizando las diferencias, hay otro sector que se siente con la facultad, con el derecho, de reclamar poder de veto a las iniciativas aunque sean consensos sociales: el CACIF. O cada una de las cámaras empresariales o el G-8 o cada financista electoral. El 1 por ciento del país, pues. Hace años hubo una discusión profunda y un grupo de lo más variopinto de actores, coordinado por el magistrado De León de la Corte Suprema de Justicia, acordó la creación de Juzgados Agrarios para resolver los extendidos conflictos agrarios en nuestro país. Y para mi sorpresa, el CACIF dijo que no le parecía el acuerdo, que se levantaba de la mesa y el esfuerzo fue abortado. Ninguno dijo nada. Ni los medios, ni los columnistas, ni los políticos, nadie.

Como cuando vetan que transparentemos las finanzas nacionales (por medio de la eliminación del secreto bancario) y con esto se combata mejor la evasión y la elusión. O que el Estado pueda ser accionista de empresas extractivas.

O nuevos impuestos directos o el registro catastral o una ley de desarrollo rural o que para sus fincas en el interior (azúcar o café) no valga la ley que dice que no pueden trabajar niños o que no tengan que aplicar (palma) la ley de dotar de IGSS a sus trabajadores o la decencia de pagar un salario mínimo mensual, con domingos descansados y vacaciones pagadas.

Vetan el desarrollo del país en temas en los que hay consensos sociales y nadie les dice pío. Claro, no tienen que ocupar escuelas porque tienen en su speed dial el teléfono de diputados o ministros o jueces o del Presidente. O convocan a paros empresariales. O a conferencias de prensa. O a la “desobediencia civil” y así “dejan de ser habitantes para ser ciudadanos”. Y nunca les van a mandar los políticos a la policía para que regresen a trabajar o a que dejen de subir especulativamente los precios (de la gasolina o de la carne, por ejemplo).

Ojalá que en esta democracia algún día midamos con la misma vara a todos los grupos, sin importar si son los débiles o los más poderosos, y viendo si tienen razón o están equivocados.