La reciente aprobación “Express” del presupuesto para 2013 no permitió una auditoría social a la forma en la que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda emitió su dictamen. Lo entregó al Pleno del Congreso minutos antes de la votación, una forma opaca y tramposa de actuar de espaldas a la ciudadanía. ¿Podían los diputados votar responsablemente con 45 minutos para analizar 74 artículos en 82 páginas de legislación repleta de cifras y tecnicismos presupuestarios?
Por ello es que aprobaron “sorpresitas” adicionales a lo propuesto por el Ejecutivo. Por un lado, la aberrante intención de incluir una reforma al Código Municipal para quitarle a las municipalidades el control de la tarifa del alumbrado público. Y por otro, la intención artera de facultar a la Comisión de Finanzas la manipulación a sabor y antojo del tristemente célebre listado geográfico de obras.
Pese a que estas dos aberraciones formaron parte del texto aprobado de urgencia nacional con 109 votos, las alertas llegaron a algunos diputados, quienes al leer lo aprobado, impulsaron enmiendas y afortunadamente las lograron suprimir. Sin embargo, mientras más se profundiza el análisis por lo dictaminado por la Comisión de Finanzas, surgen otras que no fueron detectadas en la fase de enmiendas.
La aprobación del presupuesto para 2013 o US$ 569 millones en préstamos externos, evidencian que la aplicación y levantamiento de bloqueos en el Congreso depende de operaciones políticas prácticamente sistematizadas. La aprobación de estas dos medidas fiscales recuerda las operaciones políticas que dieron paso a la aprobación del presupuesto de 2012 (noviembre de 2011), la creación del Ministerio de Desarrollo Social (enero 2012), y las Leyes Antievasión II y de Actualización Tributaria (enero y febrero de 2012).
¿Qué es lo que logra abrir o cerrar estas ventanas de actividad parlamentaria casi frenética? ¿Cuáles, además de los obvios y evidentes para el Estado, son los objetivos, intereses y motivaciones para no hacer nada, para luego sorpresivamente lubricar el Congreso? ¿Cuáles son los actores, instituciones y procesos involucrados?
Las respuestas a estas preguntas permanecen ocultas o son más complejas de lo que aparentan. Sin duda, uno de los espacios institucionales clave para estas operaciones es la Comisión de Finanzas, razón por la cual hoy queda más que claro por qué en febrero de este año se integró a toda prisa y de manera en extremo cuestionable. La forma insultante y bochornosamente escandalosa en la que esta comisión dictaminó el presupuesto para 2013 naturalmente fue posible y se explica al solo analizar la trayectoria y vínculos de quienes la integran, y cómo se incorporaron.
En cuanto a los procesos, es importante no perder de vista la simultaneidad (en tiempos políticos) de, por ejemplo, la aprobación de los préstamos, la elección de la Junta Directiva del Congreso y el presupuesto para 2013, y la presión por aprobar cuanto antes más deuda bonificada en 2012. Y finalmente los actores, destacan sin duda las reuniones en la Casa Presidencial, pero quizá mucho más importantes las reuniones en la casa de la Fundación Alejos. A esto se suman los rumores cada vez más fuertes y reiterados de sobornos en efectivo (Q.250 mil por diputado), y obras.
Lo referido es solo la punta de un iceberg inmenso, que deforma nuestra democracia en una plutocracia corrupta y disfuncional, exacerbada al extremo. Es imprescindible y urgente darnos cuenta y denunciar que no existe diferencia alguna entre la extorsión que cobra un pandillero en la tienda de la esquina y quienes conducen este juego de extorsionarnos por las leyes que necesitamos.
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