La actividad fue organizada por la Cámara de Comercio de Minnesota (CCM) con la participación de los CEOs de tres de las más grandes empresas mundiales asentadas en el Estado: Ecolab Inc., Carlson y Cargill. La CCM y estos ejecutivos vienen a ser algo así como los "cacifes" guatemaltecos salvo que sin grandes pompas, guardaespaldas ni pleitesías. Entre los tres, manejan compañías que sobrepasan el PIB de más de algún país centroamericano. Y si bien estos individuos forman parte del famoso “uno por ciento”, esa suerte de realeza que ha visto su riqueza crecer mientras que la clase media estadounidense se ha ido erosionando desde los noventa, en el sector se palpa cierto sentido de responsabilidad social empresarial; pragmático, pero consciente de la pesadilla que representa en su conjunto el sistema migratorio de este país y que afecta también sus intereses.
Estas tres compañías forman parte de una coalición de 400 empresas estadounidenses que abogan por una reforma migratoria, bajo el liderazgo de algunos alcaldes, entre ellos Michael Bloomberg de Nueva York y Antonio Villaraigosa de Los Ángeles, y más de un centenar de empresas en todo el país que generan más de $1.4 trillones de ventas anuales. La coalición Sociedad por una nueva economía estadounidense (Partnership for a New American Economy) busca básicamente promover un sistema migratorio flexible que permita a las empresas emplear y retener a personal extranjero altamente calificado en sectores de punta y contratar temporal o permanente a trabajadores en la agroindustria y manufactura.
Hay un excedente en la oferta de empleo que no logra cubrirse dados los cambios demográficos del país, entre ellos el aumento de la población en edad de jubilación. Se está volviendo cada vez más difícil encontrar mano de obra local, ya sea porque los jóvenes no quieren trabajar en tareas mal remuneradas, o porque no están obteniendo el mismo tipo de diplomas en carreras científicas y tecnológicas que los estudiantes extranjeros; y éstos, ante las dificultades de encontrar una visa rápida de trabajo, regresan a sus países de origen. Mientras que en el vecino Canadá, dos tercios de visas están destinados al trabajo, en Estados Unidos, solamente 13 por ciento de visas se destinan al empleo. El techo de visas para trabajadores calificados el año pasado fue de 85,000, agotándose todas en un solo día.
Aunque el apoyo del empresariado estadounidense al tema migratorio es estratégico y estas medidas parecen a primera vista esenciales, hay al menos dos elementos que en mi opinión deben también mencionarse.
El primero se refiere a la situación de los millares de estudiantes indocumentados que ya están aquí y la necesidad de fomentar y facilitar el acceso a la educación superior para que también se conviertan en los futuros ingenieros, investigadores y ejecutivos de estas empresas. De allí que la medida adoptada la semana pasada por la administración Obama, al diferir temporalmente la deportación de poco más de un millón de estudiantes que cumplan ciertos requisitos y otorgar permisos de trabajo de dos años renovables, es fundamental para ofrecer estabilidad a las familias, dotar de oportunidades de trabajo a estos futuros profesionales y así cumplir con uno de los aspectos de la agenda empresarial que es dinamizar la economía. La medida solo beneficiaria a una mínima proporción de guatemaltecos por el momento, pero es un buen incentivo y un paso acertado para legislar el Dream Act que de autorizarse en su momento, también proveería la obtención de la ciudadanía, algo que los empresarios también apoyarían.
Segundo, la constante mención de la flexibilización del mercado laboral por parte de estos patronos, por medio de visas de trabajo temporal en labores del campo o la construcción bajo la premisa de que estarían creando dos o tres veces más empleos, corre el riesgo de crear una suerte de castas migratorias: unos, los más calificados, con certeza jurídica y permanencia en el país, y otros, los menos calificados, con situaciones transitorias y quién sabe si con goce total de beneficios como seguro de salud y otro tipo de prestaciones laborales. Es saludable el hecho de que los principales sindicatos que representan a trabajadores del campo y servicios estén trabajando con esta coalición.
Es obvia la necesidad para los proponentes de una reforma migratoria de sumar aliados y construir alianzas con distintos sectores. Ver a los inmigrantes solo como peones, exclusivamente para la redinamización de la economía, sin considerarles actores sociales y políticos, es cortoplacista para una democracia y economía fuertes.
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