El presidente Giammattei tiene una cuota de razón al afirmar que los retos en el sector salud son de carácter estructural y datan de muchas décadas atrás. Una calamidad que me parece técnicamente válido representar con el hecho de que la cobertura de la red de puestos y centros de salud actual es adecuada para atender a la población que Guatemala tenía al inicio de la década de 1950, es decir, a la población que teníamos hace 70 años.
Este hecho no exime al gobierno de Giammattei de la responsabilidad de responder adecuadamente a la crisis de la pandemia del covid-19. Responsabilidad que, de conformidad con el artículo 182 de la Constitución Política de la República y con el artículo 39 de la Ley del Organismo Ejecutivo, la comparten el presidente de la república y el ministro o la ministra de Salud Pública y Asistencia Social. Por ello, los aciertos y desaciertos del modo en que el Gobierno está enfrentando el impacto de la pandemia se traducen en responsabilidades legales. Y en el caso de los desaciertos, en responsabilidades penales, pues un número creciente de personas está muriendo: a la fecha, más de 530 personas han fallecido por covid-19.
Por ello, justo en un momento crítico, la gestión del MSPAS que arrancó el 14 de enero de 2020 con el doctor Hugo Monroy al frente demostró incapacidad, ineptitud y estar plagada de escándalos de corrupción. En marzo, el presidente Giammattei destituyó al viceministro del MSPAS Danilo Sandoval por «incapacidad en la gestión de recursos» y por «posibles irregularidades durante su gestión».
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En abril, el mandatario se vio obligado a destituir a Rodolfo Galdámez y a Héctor Marroquín, viceministros del MSPAS, mientras la Comisión Presidencial contra la Corrupción los acusó ante el Ministerio Público. La semana pasada, Giammattei destituyó al ministro Monroy y a todos los viceministros del MSPAS en medio de críticas y protestas crecientes por un manejo inadecuado de la crisis. Sin embargo, el presidente reubicó a Monroy y lo puso a cargo de la unidad responsable de la construcción de siete hospitales con financiamiento de la cooperación internacional.
Las nuevas autoridades del MSPAS, encabezadas por la doctora Amelia Flores, tienen el gran reto de corregir el rumbo y de lograr una atención adecuada de la crisis en expansión. De ninguna forma se quiere sugerir que sea una tarea fácil, pero seguro exige gran responsabilidad y valentía. Personalmente deseo lo mejor a las nuevas autoridades del MSPAS, pero ciertamente exijo severidad con cosas que nada tienen que ver con la pandemia, como los actos de corrupción. Espero que, con valentía y quizá incluso con una dosis de temeridad, se atrevan a denunciar ante el Ministerio Público las redes mafiosas de los comerciantes de la salud, esa escoria humana que lucra de la calamidad y de los momentos de gran necesidad. Que expulse y entregue a la justicia a los numerosos corruptos que plagan el MSPAS respaldándose en la ley. Soy muy consciente de que esto se dice fácil, pero es dificilísimo de hacer, y de que posiblemente se jueguen la vida en ello. Pero en este momento crítico Guatemala espera de ellas y ellos justamente eso: que hagan lo correcto.
El asunto no es ideológico ni politiquero. Toca expresar apoyo a las nuevas autoridades del MSPAS tanto como exigirles que hagan las cosas bien. Que extirpen las redes mafiosas y corruptas y se pongan a trabajar en lo urgente y necesario.
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