El viernes pasado, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) solicitó retirarle el antejuicio al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Enrique Soto Menegazzo, ya que se le señala de haber cometido los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias. Según el MP, en enero de 2018 presionó a Míriam Yolanda Segura Rosales, entonces directora del hospital de Nebaj, Quiché, para que contratara al médico Jorge Raymundo Mato.
Segura Rosales se negó argumentando que Raymundo Mato tenía parentesco con una empleada de ese hospital, por lo que su contratación violaría la prohibición establecida en la literal g del artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado. La fiscalía agregó que se sospecha un beneficio indebido, ya que Raymundo Mato es hermano del alcalde municipal de Nebaj. En represalia por la negativa de Segura Rosales, Soto la destituyó.
Al defender su inocencia, cualquier funcionario público respetuoso de la ley lo habría declarado confiando en la justicia y ofreciendo colaborar con las investigaciones para así solventar su situación. Pero Soto, lejos de esa actitud responsable, hizo el ridículo cayendo en un berrinche y quejándose de que el MP se dedica a «molestar» a los funcionarios. Se descargó en contra de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y, cuando los periodistas lo corrigieron haciéndole ver que la solicitud de antejuicio no la había presentado la FECI, sino la Fiscalía contra la Corrupción, con descomunal desprecio e ignorancia espetó: «Bueno, la Fiscalía contra la Corrupción. Está bien. ¿No es lo mismo pues? ¿O no es lo mismo?».
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Pero, quizá aún peor que su desinterés por saber por lo menos cuál es la fiscalía del MP que lo señala de cometer delitos, también alegó que, según él, no tiene impedimento legal para remover o contratar personas. Pero, por favor, ¡que alguien tenga lástima de este torpe e ignorante y le informe que la contratación y la destitución de personas son procesos altamente regulados y controlados por las leyes! Soto nos ilustra con vergonzosa claridad cómo en el gabinete de Jimmy Morales se ignora y menosprecia la ley, pues la razón por la cual el MP está solicitando retirarle la inmunidad y perseguirlo penalmente es, precisamente, la sospecha de que violó las leyes vigentes, que imponen controles a los procesos de contratación y destitución de personal.
Urge que, mediante la aplicación estricta de la ley, los funcionarios del gobierno de Jimmy Morales entiendan que son servidores públicos, que solo pueden hacer lo que la ley les permite (no como en el ámbito privado, en el que se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe), que no son aristócratas o monarcas absolutistas que pueden hacer lo que se les venga en gana y que el hecho de que el MP solicite el retiro de un antejuicio para poder investigar la posible comisión de un delito no es molestar, sino hacer lo que la ley y la sociedad exigen que se haga.
Soto Menegazzo demuestra su carencia de una cultura de legalidad y su menosprecio de esta. Cree que su trabajo «para mejorar la salud» le otorga impunidad y permiso para despreocuparse de lo que dicen las leyes. Y también alienta a extremar la preocupación, ya que, si no le preocupa haber presionado a la directora del hospital de Nebaj para contratar al hermano del alcalde de ese municipio, ¿cómo estará llevando la compra de medicamentos y de otros insumos médicos, nicho tradicional y añejo de la corrupción más asesina que Guatemala ha sufrido?
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