Los únicos cambios que se verán en las comisiones de postulación respectivas con relación a la que tuvo la responsabilidad de definir nómina para la jefatura del MP son los representantes del Colegio de Abogados y Notarios (CANG). El resto de actores básicamente será el mismo con ligeras variantes.
De allí que probablemente en el proceso de discusión, una vez instaladas las comisiones, veremos una especie de refritos de lo ya visto unos meses atrás. En todo caso, alguna variante superficial del guión podría venir de la Corte de Constitucionalidad (CC) si hiciera permanente el amparo provisional ya otorgado y que deja en suspenso el artículo de la Ley de las Comisiones que obliga a ponderar numéricamente las capacidades profesionales de las y los aspirantes.
Un acuerdo que en su proceso de construcción ha llevado a que los integrantes del pacto asuman compromisos con aspirantes cuyo número supera el de los puestos a repartir en ambas cortes. Sin embargo, pragmáticos que son, han encontrado la forma de resolver el entuerto. De manera que, quien habiendo recibido oferta de ocupar una magistratura no logre los votos requeridos, no quedará en el aire.
Al llegar el otoño y con él, los cambios formales en el palacio de justicia, vendrán también los vientos arrolladores que completarán la debacle. Los sobrantes del listado que no lograron ubicarse, serán absorbidos por el MP en sustitución de fiscales que para ese momento hayan sido evaluados como incómodos para la jefa actual y el proyecto que impulsa desde su llegada.
Simultáneamente, los nuevos inquilinos del Palacio de Justicia empujarán el acelerador para desarticular el sistema de mayor riesgo. Un mecanismo de gestión judicial que ha sido clave para la reducción de la impunidad y para el mejoramiento de la administración de justicia. Concretado este movimiento, el pacto iniciado con la reducción del período de Claudia Paz y Paz al frente del MP habrá alcanzado su propósito: el control absoluto del sistema de justicia.
Una vez con el dominio total del ente responsable de la persecución penal y de las cortes responsables de la aplicación de las leyes, la sociedad entera quedará a merced de los intereses que dieron vida al pacto de impunidad. Con ello, el año que vivimos en peligro podría concluir con la mutilación del sistema de libertades y garantías democráticas. Una circunstancia que afectará a diversos sectores pero en particular al movimiento social y de derechos humanos. Especialmente al liderazgo comunitario defensor del derecho a la tierra y el territorio.
Si nos apropiamos de la valoración cultural china sobre el símbolo que define la crisis, veremos que se representa mediante las imágenes de dos elementos: el peligro y la oportunidad. Hemos vivido el peligro y seguimos viendo lo que representa. De materializarse en correspondencia con lo establecido en el pacto, corremos el riesgo de caer al abismo.
Así las cosas, corresponde alzar la vista hacia la oportunidad que representa y utilizar la información, la sabiduría y la experiencia acumulada para desenmascarar a las y los operadores del acuerdo siniestro. Evidenciar a sus piezas perversas y esforzarse porque el asalto a la justicia no sea consumado. Un propósito que demanda la construcción del más amplio espacio de alianzas sociales y políticas bajo el compromiso de procurar la defensa del Estado de derecho.
Derrotar el acuerdo perverso entre quienes han controlado la justicia, es una aspiración legítima de toda persona sensata y honesta en Guatemala. Si se logra, habremos salido sin lesiones del año que vivimos en peligro.
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