El Aguacate

Hace algo menos de un año, durante el juicio en contra de los generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, una de mis columnas de abril de 2013, se refirió al análisis de la cadena de mando, repasando los estándares Medina y Yamashita, para establecer que en todas las fuerzas armadas, incluyendo las insurgentes, existe un principio de responsabilidad de los superiores por las acciones de sus subordinados. 

Este principio de la responsabilidad de los superiores permite desmontar los argumentos de oficiales de alto rango, quienes al ser llevados ante la justicia por los crímenes cometidos en el marco de un conflicto armado sostienen: a) que no cometieron personalmente los hechos que se juzgan, b) no haber emitido tales órdenes, y c) no tener ningún tipo de supervisión sobre las tropas desplegadas en el terreno.  Todos estos argumentos fueron utilizados por la defensa del general Ríos Montt, en los escasos momentos en que ésta presentó algún argumento.

El pasado día martes, argumentos muy similares  se escucharon durante las actuaciones  judiciales en el caso de la masacre de El Aguacate, sólo que esta vez desde la orilla opuesta de los bandos enfrentados durante el Conflicto Armado Interno.  

Como lo detalla la nota de Carolina Gamazo Todos culpan a David, publicada en Plaza Pública, los mandos de la ORPA, al brindar sus testimonios, fueron exculpándose de las posibles responsabilidades de esta masacre, para señalar como el único culpable al Teniente David, quien habría actuado por su propia cuenta, sin conocimiento ni autorización de sus superiores jerárquicos.

El análisis de la cadena de mando preparado para el caso del Genocidio Ixil, por el Ministerio Público, con sus virtudes y defectos, permitió la condena del general Ríos Montt y  –curiosamente– la absolución del general Rodríguez Sánchez, el jefe de la D2. Pese a la posterior anulación de la sentencia por parte de la Corte de Constitucionalidad, el principio de la responsabilidad de los mandos superiores fue recogido muy acertadamente en la elaboración de la sentencia de Yassmin Barrios.

No se puede excluir este principio para determinar las responsabilidades el caso de El Aguacate. Al final, la justicia de transición no tiene una identificación de izquierda o derecha. Si bien existen algunas diferencias bastante obvias entre este caso y las masacres cometidas por las fuerzas regulares o irregulares del Ejército de Guatemala, especialmente en cuanto a la planificación de acciones en gran escala destinadas a la destrucción de un grupo étnico, las responsabilidades deben deslindarse al más alto nivel posible. Ésta es la única forma de hacer valer el derecho a la justicia para las víctimas del Conflicto Armado Interno y de abordar el pasado y sus fantasmas.