El abominable hombre del Guacamolón

Sin embargo, más que detenernos en la sarta de mentiras que este contiene, haremos repaso de lo que no incluye, pero que representa, eso sí, el verdadero accionar del régimen que dirige Jimmy Morales Cabrera.

Entre el 14 de enero de 2018 y el 14 de enero de este año, lejos de desaparecer, se agravaron los lastres por la conducta gubernamental. Morales arribó a su tercer año en la presidencia, que ganó casi por sorteo, con un maletín cargado de ilegalidades sin enmendar. Y, de hecho, más que corregirlas, terminó por ahondarlas e incrementar los ámbitos de actuación fuera de la ley.

En agosto de 2018, Morales anunció, con un año de anticipación, que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el cual vence en septiembre. La noticia la sirvió en un escenario montado con la presencia de los jefes militares y policiales de todo el país en uniforme de campaña. Es decir, buscó proyectar una imagen de fuerza —armada— para dar a conocer una decisión aparentemente diplomática. Las noticias posteriores revelaron que en realidad debió improvisar porque el plan inicial de expulsar por la fuerza al titular de la Cicig, Iván Velásquez, se había frustrado.

No obstante, unos días después, cuando Velásquez viajó fuera del país por compromisos de trabajo, el jefe del Ejecutivo vio la oportunidad de lograr su intención anteriormente frustrada. En otra conferencia de prensa informó que Velásquez tenía prohibido ingresar al territorio nacional. Debido a que dicha disposición viola el acuerdo que dio vida a la Cicig, la acción ciudadana de recurrir en amparo fue avalada por la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual les ordenó al gobernante, al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y a la titular de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, no obstaculizar el ingreso del jefe de la Cicig y permitirles a la comisión y a su personal desempeñar sus labores.

[frasepzp1]

De manera contumaz, Morales no solo desobedeció esa disposición, sino que la llevó al extremo de negar las visas de cortesía al personal de la comisión y de requerir la salida de este del país. Ante nuevas órdenes de la CC de no violar el acuerdo, siguió en desobediencia, al extremo de que un investigador —precisamente quien estuvo a cargo del caso que llevó a la cárcel al hijo y al hermano de Jimmy Morales— estuvo retenido contra su voluntad más de 24 horas en el aeropuerto internacional.

Ante nuevas órdenes del tribunal constitucional de obedecer, Morales decide unilateralmente dar por concluido el convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo cual viola nuevamente el mandato. Un proceder ya enmendado en resoluciones de la CC, pero que Morales persiste en desobedecer. En su presentación, Morales se hizo acompañar de convictos y sindicados por casos investigados por la Cicig a fin de justificar, en la defensa de dichos personajes (que han actuado al margen de la ley), su resolución de violar el derecho internacional.

En aras de mantener su disposición arbitraria, el gobernante ha recurrido al respaldo de congresistas, la mayoría de ellos del cuestionado partido de gobierno. Estos intentan aprobar leyes que van en detrimento del ejercicio de derechos y que promueven impunidad para criminales de lesa humanidad ya condenados por los tribunales.

Procurar impunidad, ser parte de la corrupción, avalar esta, cercenar el andamiaje de los derechos, violentar resoluciones judiciales y velar por el interés de convictos y de sindicados de graves delitos contra la sociedad, entre otros, son los grandes temas que el informe de la estulticia de Jimmy Morales no ha incluido. Por ello le recordamos que su gobierno, plagado de delitos, lo lleva a convertirse en un ser abominable que ocupa temporalmente el Palacio Nacional, convertido en cueva de criminales.