Uno de los principales logros en el proceso de aprobación de esta norma en el 2008 fue la decisión de promover una discusión abierta por parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. El articulado de la ley se debatió en sesiones públicas, no sólo por la trascendencia del tema de la norma, sino por la idea de publicidad que forma parte de sus principios.

Por ello, ahora que el diputado Carlos Barreda, de la UNE, ha presentado una iniciativa que contiene reformas a la Ley de Acceso, la Comisión Extraordinaria de Transparencia debe de propiciar espacios públicos de deliberación técnica y doctrinal que le permitan apropiarse de todos los insumos necesarios para emitir un dictamen al respecto.

Todo marco legal es perfectible. Partamos de eso. Y este decreto tiene mucho por mejorar. Pero no puede negarse que en algunos ámbitos sociales existe una sentida preocupación por las reformas que se plantean a la Ley de Acceso, especialmente porque este procedimiento puede abrir la puerta a la inserción de modificaciones que impliquen cercenar los principios que la ley tutela, especialmente, aquello que permita ampliar desmedidamente los márgenes de discrecionalidad para clasificar información como reservada o ampliar las causales de la información confidencial, más allá de lo que establece la doctrina y los estándares internacionales. Ya lo intentaron otros, fallidamente, hace unos meses.

No obstante, en relación a la iniciativa de reformas que plantea, entre otras cosas, la modificación de la autoridad reguladora, se considera que se debe entrar a un espacio de deliberación que permita en primer lugar aprender las lecciones de otras experiencias en donde este camino ya ha sido recorrido. Por ejemplo, México o Chile.

Parece obvio que la designación de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos como garante del acceso a la información pública ha sido un fracaso estrepitoso, pero no merece la pena gastar tiempo y recursos en tratar de inventar el agua azucarada.

La Ley Modelo de Acceso a la Información Pública de la Organización de los Estados Americanos ya propone el minimo minimorum en el sentido de la existencia de un órgano regulador. Además, el grupo de expertos que trabajó en ese esfuerzo del sistema interamericano tomó las mejores prácticas de estos dos modelos.

Como ya se señaló, el camino recorrido y la experiencia comparada permiten trascender a la miope y aburrida discusión sobre la pertinencia de un órgano regulador de la ley.  ¿Es esto es algo que mejora la implementación de una ley? Desde luego que sí. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente: se requiere como mínimo construir un diseño institucional que permita realmente otorgarle autonomía financiera, política y de decisión. En segundo lugar se debe dotar a la ley de mecanismos que aseguren no sólo la probidad de los funcionarios que  integren dicho órgano, sino generar un entramado que garantice que sus resoluciones sean vinculantes.

El objetivo es contar con una institución que sea garante para defender los derechos de las personas ante el abuso y arbitrariedad de los funcionarios públicos por el incumplimiento de la ley. Si lo anterior, entre otras cosas, no se cumple, de nada sirve este esfuerzo. 

Recientemente, el diputado Barreda invitó a Plaza Pública, entre otras instituciones y personas, a trasladarle nuestras consideraciones sobre las reformas que propone. Aunque la iniciativa del diputado de la UNE de pedirle opinión a las personas que él y sus asesores consideran que pueden aportar algo es algo que apreciamos, a diferencia de las prácticas de otros medios, preferimos optar por expresar nuestras opiniones por la vía pública.

Entrar activamente en un debate político en privado implicaría, en el caso de este medio, contravenir su naturaleza estrictamente pública, abierta, transparente con los lectores, y no negociadora ni cabildera, que nos ha llevado a manifestarnos sólo en foros públicos.

Por eso el Congreso debe generar los espacios necesarios para abrir esta discusión, pero especialmente debe hacerlo la Comisión Extraordinaria de Transparencia, quien tiene a su cargo la emisión del dictamen, y que parece tener la intención de mejorar la actual regulación con la que se cuenta. Por esta próxima discusión pública, desde esta tribuna esperamos aportar con estas reflexiones.