Esa, al menos, es hasta ahora la historia contada. La historia oficial, no porque tenga el signo del Estado, sino porque tiene el sello de permitido. Es decir, aquellos temas a los que se les ha otorgado la venia para nacer a la luz pública y entrar en la agenda mediática nacional. Son dos temas, divorcio y papeleta, que al final de cuentas han devenido en una espesa —pero igualmente no sólida— cortina de humo para opacar lo que en realidad sucede.
Sin embargo, basta correr un poquito la cortina o, simplemente, dejar que la espesura se disipe algo, para empezar a ver la realidad oculta, enajenada y distorsionada por la ceguera. Un ejercicio que empieza por traer al frente, el verdadero sentido o las motivaciones de hechos sin conexión aparente.
Dos comunicados del Organismo Ejecutivo, difundidos en campos pagados en diversidad de medios de prensa y comunicación, desnudan absolutamente, a pesar de su lenguaje semicríptico, la vocación autoritaria de la cabeza de la cual surgieron. Dichos comunicados intentan justificar una acción arbitraria de las autoridades, en contra de comunidades q’eqchi’s en la zona del Polochic y trasladar el peso de la responsabilidad por las agresiones, la muerte y el saqueo, al grupo social que devino en víctima del aparato de Estado y de la mezquindad voraz de un grupo empresarial.
Habla el Ejecutivo, inspirado por la cabeza del autoritarismo, un lenguaje amenazante, criminalizador y contrainsurgente, típico del período del conflicto armado interno. Un discurso que revive el análisis basado en la Doctrina de Seguridad Nacional y que justificó la sangrienta embestida del Estado contra el movimiento social, definido como “enemigo interno”. En sus comunicados, el Ejecutivo alude a organizaciones a las cuales califica de radicales sin precisar a cuáles se refiere y por qué asume esta definición.
Luego, sin identificar el origen de sus conclusiones o la fuente de su afirmación, el Ejecutivo aseguró ante representantes de la comunidad internacional que los movimientos social y comunitario vinculados a reivindicaciones por la defensa del territorio en el Polochic, la región Ixil y la zona Mam, estaban vinculados a sendas “columnas guerrilleras”.
Es de suponer que al presentar semejante versión para justificar la amenaza y la arbitraria acción estatal en los desalojos en el Polochic, el Ejecutivo no tenía un espejo al frente y no podía ver cómo las narices de quienes exponían o afirmaban estos absurdos crecían como los ríos en los aguaceros del invierno.
Paralelamente, en menos de un mes, la Corte de Constitucionalidad (CC) ha resuelto favorablemente dos acciones de amparo en contra del ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y expresión, garantizados constitucionalmente. La CC ha fallado en favor de cámaras empresariales que esgrimen la defensa del derecho a la libre movilización y argumentan pérdidas millonarias ante cualquier interrupción del tránsito vehicular. En dichos fallos, la Corte ha ordenado al Ejecutivo usar la fuerza policial para disolver los obstáculos a la libre movilidad.
El riesgo no visto es que en el fondo de las afirmaciones del Ejecutivo, de los argumentos empresariales y de las resoluciones de la CC, pervive el espíritu que alimentó la acción genocida en la década de los 80 y que dio paso a la impunidad institucionalizada que hoy día alimenta la violencia criminal que nos azota.
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