Los desafíos para el nuevo gobierno van más allá de la necesidad de garantizar seguridad. Lo laboral aporta dos elementos que deberán ser abordados con relativa urgencia, en función de crear condiciones de gobernabilidad y mejorar la imagen internacional de Guatemala:
Uno. La solicitud de los Estados Unidos para la conformación del panel arbitral en el marco del DR CAFTA. Esta situación debe ser puesta en contexto. El gobierno de ese país pretende hacer del caso Guatemala un ejemplo de cómo exigirá a sus socios comerciales el cumplimiento de estándares laborales. Es necesario comprender que las consecuencias de un laudo arbitral desfavorable tendrán un impacto sobre el comercio exterior y el acceso al mercado norteamericano, y esto es más importante que la eventual multa que podría ser impuesta por el panel arbitral. Negociar una agenda semejante al acuerdo Obama Santos podría ser una opción a buscar en la instancia de conciliación del panel.
Dos. La elaboración de las memorias solicitadas por OIT como parte de la inclusión del párrafo especial sobre Libertad Sindical en su informe 2011. Existe poco tiempo para satisfacer la amplia y detallada respuesta solicitada para la siguiente Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2012. Los nuevos funcionarios públicos deberán privilegiar esta tarea para evitar una nueva condena moral al país, y demostrar una voluntad política renovada para cumplir con las obligaciones internacionales.
Adicionalmente, existen otras áreas, cuyo abordaje no puede ser ignorado:
El fortalecimiento del Ministerio del Trabajo, principalmente de la Inspección General de Trabajo. La institucionalidad del trabajo debe cumplir la función para la cual existe: promover el cumplimiento de la ley laboral. Esto requiere de una voluntad política que debe empezar con la asignación de los recursos económicos y humanos adecuados.
Elaborar una agenda nacional de Trabajo Decente, como un instrumento que oriente la formulación de políticas públicas que sustenten la generación de empleo y el crecimiento económico, sobre la base del diálogo social.
Estadísticas laborales. Este campo requiere de una intervención que mejore la recolección y procesamiento de datos sobre el empleo, a fin que esta cumpla con estándares internacionales mínimos, y permita fundamentar la elaboración de política pública en esta materia.
Incluir el cumplimiento de la ley laboral en el modelo de competitividad. El Programa Nacional de Competitividad y el Ministerio del Trabajo deben vincularse y coordinar acciones. La lección a aprender del DR CAFTA es que el cumplimiento de los estándares laborales es una condición esencial del acceso a mercados internacionales.
Apoyar la investigación de las muertes violentas de sindicalistas. Más allá de la empatía con la actual Fiscal General, el nuevo gobierno debe aprovechar la eficiencia demostrada por el Ministerio Público para impulsar el esclarecimiento de los crímenes cometidos contra dirigentes sindicales y borrar esta mancha de la historia del país.
Diseñar políticas públicas de formalización que promuevan la inclusión del sector informal, garantizando la cobertura de seguridad social y la expansión de la base tributaria. Un esquema de monotributo podría aportar un interesante gancho para atraer a ese sector.
Impulsar el cumplimiento del salario mínimo, especialmente en el área rural. De nada servirá que se produzca un consenso en su fijación, si es letra muerta, especialmente en el área rural.
Como el lector podrá apreciar, existe una amplia agenda a desarrollar. Un primer paso será sin duda designar un Ministro de Trabajo idóneo para ejercer esta difícil tarea.
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