Guatemala no es una sola. Desde el punto de vista cultural, Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe. Desde el punto de vista social y económico, entre quienes tienen todo, quienes tienen algo y quienes tienen nada. Y entre ese tener y no tener, también está la posibilidad de expresarse plenamente en espacios de comunicación, así como de lograr y empujar una agenda propia.
De esa cuenta, si nos atuviéramos por quienes sí tienen espacio mediático, la discusión se centraría en que la tragedia pudo evitarse porque la responsabilidad la tienen quienes convocaron a la manifestación y quienes demandan justicia por el crimen perpetrado.
Así, la Cámara del Agro, afirma: “Condenamos y denunciamos públicamente a las personas y grupos que están aprovechando de la tragedia y tristeza de las familias que perdieron a sus seres queridos para victimizar a quienes cometen hechos delictivos, desinformando a la población para evadir las responsabilidades penales y avanzar sus agendas políticas a nivel local e internacional”.
En tanto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se lamenta de que “personas inocentes sufran las consecuencias de acciones coordinadas por un pequeño grupo de personas irresponsables que desean mantener la conflictividad en el país”.
Estas voces encuentran eco cuando se afirma que hay quién pueda sentir júbilo al protestar por la tragedia o que toda voz que reclama justicia, tiene de fondo una agenda política que utilizará la muerte como estandarte.
Pero los hechos están allí y no pueden borrarse ni con las palabras ni con las intenciones. Hay ocho muertos, algunos con disparos que entraron por la espalda. Hay más de 30 heridos, también en la mayoría de casos por disparos que no tienen un origen defensivo. Hay un oficial superior -un coronel- del ejército que desobedeció órdenes de la autoridad civil, bajo cuya jerarquía estuvo, y no solo provocó la tragedia sino que huyó cobardemente del sitio de conflicto.
Pero antes de que esto se conociera públicamente, en la semana transcurrida desde la tragedia, la vocación racista de la sociedad se plasmó, no solo en los comunicados del gremio empresarial, sino en las voces mediáticas que pudieron, incluso, transmitir una noticia falsa al mejor estilo de William Randolph Hearst, uno de los padres del amarillismo en la prensa. La apología hacia la falsa interpretación del derecho a la libre locomoción, dio pie para comentarios racistas -irrepetibles por su cauda de odio brutal preocupante, que nunca fueron cuestionados ni por las autoridades ni por la mayoría de voces en propiedad de los medios. Los pocos espacios de sensatez, fueron apabullados por los comentarios oficiales o del público, que defendían la acción estatal por encima del derecho a la vida en nombre del falso estandarte de la libre locomoción.
¿Por qué se discute y se rasga la garganta por la locomoción vehicular aunque se trunque la vida de conciudadanos y conciudadanas? Para un observador ajeno es difícil de entender, a menos que ahonde en las raíces racistas de esta sociedad que vive en la patria de los criollos, esos que fundaron la nación para no pagar impuestos a la corona y que acumularon su riqueza original -su capital semilla pues, a costa de la expoliación histórica de los pueblos que hoy, como los 48 cantones de Totonicapán, reclaman atención de un Estado inútil. Porque inútil se muestra cuando, el Consejo Nacional de Energía Eléctrica, autoriza contratos leoninos a las empresas privadas proveedoras de electricidad. Como inútil se expone cuando la titular de Educación desoye las voces mayoritarias en contra de su reforma educativa sin contenido. Inútil también se muestra cuando el responsable nacional del diálogo es incapaz de generar espacios de decisión que resulten vinculantes y que representen una clara garantía de solución a la problemática.
Cuando se señala a las comunidades que han vivido en la exclusión y que demandan justicia ante la, primero inútil y luego violenta, respuesta del Estado, estamos ante la expresión social del racismo a ultranza, sostenida por las manifestaciones de consolidación del fascismo del siglo XXI. Fascismo que no busca otra cosa sino garantizar las condiciones para una nueva acumulación basada en la extracción inmisericorde mediante la mano dura de sangre y fuego.
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