Es evidente que el país comienza a vivir las consecuencias de una legislación estructurada a partir de la exclusión de los opositores y el beneficio de los aliados, donde la negativa sistemática y ampliada a establecer procesos meritocráticos para el nombramiento de funcionarios públicos ha comenzado a dar todos sus ácidos y amargos frutos. Desde tiempos inmemoriales, los partidos políticos se han convertido en agencias de empleo, de tal manera que si ganan las elecciones deben colocar en cargos públicos a los correligionarios, ya no se diga satisfacer las ansias de enriquecimiento fácil de sus financistas.
Esta perversión política, de la que evidentemente el ex oficial Mauricio López Bonilla no se quiso distanciar cuando asumió el comando de la campaña de su colega Otto Pérez Molina, lo tiene ahora en el ojo del huracán, del que sólo podrá escapar si asume toda la responsabilidad del caso y presenta su renuncia.
La lección es importante para todos los que sueñan o esperan influir en el futuro del país. Cerrar los ojos a los orígenes de los fondos donados y a las intenciones del donante es evidencia del oportunismo con el que los candidatos actúan, práctica que no sólo ha corrompido al sistema político sino que, como claramente se puede ver en los crímenes denunciados, ha destruido la institucionalidad del propio Estado. Para gobernar bien, es decir, para atender a las necesidades del público que votó por una opción política, el electo debe tener las manos libres de cualquier atadura a intereses particulares.
La oferta de empleo y beneficios particulares para quienes apoyan financiera o materialmente a un político no es práctica exclusiva del Partido Patriota y el grupo de ex oficiales que en él actúan, pero es talvez el más claro y más grande ejemplo de ese comportamiento en la vida política nacional.
En su afán demagógico, en la búsqueda de supuestos éxitos de impacto, los ex militares y sus adláteres, ubicados en las distintas estructuras del Gobierno, se han dedicado a gastar a manos llenas sin respetar las regulaciones existentes para las compras del Estado. ¿Por qué no promover su modificación si les parecen obsoletas e inoperantes? Normas ágiles serían del gusto de todos los que esperan llegar al poder y su aprobación podría haber sido negociada con las distintas bancadas. Pero como sucede que no sólo importa realizar acciones supuestamente efectivas sino permitir el enriquecimiento de los financistas, el oportunismo y clientelismo se viste de emergencia y hasta pelotas de futbol y camisetas deportivas se han comprado por excepción, aunque luego pasen meses embodegadas esperando su uso electoral.
Y volvemos entonces a lo sucedido en el Sistema Penitenciario. El Ministro, siguiendo la tradición, decidió escuchar la voz de su camarada de profesión y financista minoritario para el nombramiento de las autoridades penitenciarias. Si Pablo Escobar construyó su propia cárcel y nombró a sus carceleros, Lima Oliva podría hacerlo en parte en Guatemala, contando para ello con el beneplácito de sus ex colegas de profesión. Se le permitió el uso y abuso de teléfonos celulares de última generación, así como el control autoritario y personal del penal. Faltas menores pueden decir sus aliados, pero es la suma de esas “faltas menores” las que han llevado a que el Estado no funcione.
El tráfico de influencias y la corrupción son conocidos de todos los que de una u otra manera tienen que relacionarse con los centros de reclusión, pero es vox populi que también sucede en los Ministerios de Desarrollo, Salud y en el IGSS, por dar apenas los ejemplos más evidentes.
Nombrar a los amigos para pagar favores o esperar favores futuros puede ser una buena práctica en la vida familiar o en las empresas privadas, pero no puede ser la práctica corriente en los organismos del Estado, pues el poder no es de uso particular sino de beneficio colectivo y lo que sucede en un caso se convierte en práctica cotidiana.
El principio de la eficiencia gubernamental no pasa sólo por la contratación de los mejores y más experimentados en los puestos públicos, que en el caso de los ex militares que ahora gobiernan no se ha cumplido. Deben ser además probos, pero esa probidad sólo puede ser exigida si las máximas autoridades dan muestras constantes y evidentes de que ellos mismos actúan con probidad.
Capacidad y honestidad son las dos bases indispensables del servicio público y éstas, por lo que parece, no han sido la guía fundamental del actual grupo en el poder para organizar su equipo. Si el Presidente responde acalorado cuando se le pregunta el origen de una mansión campestre, y no tiene la habilidad política para convocar a los medios y aclarar por qué no consta en su declaración patrimonial, así como justificar, sin dejar lugar a dudas, que fue adquirida y construida con recursos propios, obtenidos limpiamente, todo su equipo queda manchado y es obvio que correrán, por todos lados, a ver qué se llevan y con qué se quedan.
La ética política, por razones de Estado, implica transparencia y honestidad en cada acto público y éstas, desafortunadamente, no se han convertido en la práctica cotidiana del grupo político que nos gobierna. De allí a que un convicto teja sus redes de extorsión y tráfico de influencias no hay más que un paso, siendo el caso Lima Oliva, por lo visto, sólo uno de tantos y no, lamentablemente, la excepción.
La ética en la política no es ni de derechas ni de izquierdas, es la base y sustento de todo ejercicio político.
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