Para muchos, legos y letrados, ese comportamiento es no sólo ilegal sino objeto de juicio penal. La alocución del Presidente del Congreso de la República, promoviendo la reelección de estos dos funcionarios debía ser denunciada penalmente, como la actitud del mismo Presidente, quien optó no por pedir reelección sino “prórroga de su mandato”, cuando la propia Constitución de la República establece que ese mandato es improrrogable (Art. 184) y que la doctrina de esa misma Constitución base su funcionamiento en la no retroactividad de las normas (Art. 15).
Todo ciudadano tiene el derecho y la obligación de interponer ante los tribunales las demandas legales que le parezcan pertinentes. Este derecho fue el que ejerció Álvaro Velázquez, a nombre de Plataforma Ciudadana, al interponer una demanda penal contra estos dos dignatarios de la Nación, y serán los órganos legales competentes los que, luego de darles el debido y adecuado trámite, decidirán su proceder, mismos que no pueden sufrir ni chantaje ni presión de parte de los demandados, quienes tendrán todo el derecho a defenderse.
Sin embargo, siendo altos dignatarios de la Nación, no pueden irrespetar su investidura irrespetando a los demandantes, como irresponsablemente lo hizo el militar que ejerce la Presidencia, quien seguidamente se muestra soberbio y prepotente contra todos aquellos que no le obedecen ciega y absolutamente, haciendo con ello muy poco favor al mantenimiento de la responsabilidad y seriedad en el trato entre gobernantes y gobernados.
Es evidente que el pacto social que dio lugar a la actual Constitución está agotado y que, en consecuencia debe ser revisada a fondo. Redactada desde una perspectiva excluyente, bajo la tutela de una de las más sangrientas de las dictaduras que el país ha tenido, su reforma parcial simplemente vino a consolidar las exclusiones y su orientación anticiudadana. Sin embargo, ésa es la norma que el militar electo Presidente juró cumplir y defender y resulta irónico que, perteneciendo a una profesión que se dice basada en el honor y cumplimiento de la palabra empeñada, sea precisamente él quien se ha propuesto manipularla e irrespetarla, irrespetando además a los guatemaltecos que con valor y responsabilidad ciudadana le han demandado.
El rechazo ciudadano a la extensión del mandato de los actuales gobernantes ha sido evidentemente amplio, al grado que grupos de jóvenes abogados de derecha y de izquierda se han unido para apoyar legalmente la demanda presentada. Si bien difieren en sus simpatías electorales y políticas, coinciden en que la raquítica institucionalidad que poseemos debe ser defendida.
Ofrecer a las demás autoridades electas o nombradas por el Ejecutivo que sus períodos automáticamente se verían ampliados es un cínico chantaje que, de prosperar, puede convertirse en un dulce venenoso, como la diputada Nineth Montenegro ya lo calificó, pues si el actual presidente apenas obtuvo 36% de los votos en el primer turno electoral, muchos de los alcaldes a los que se les podría ampliar el período no lograron siquiera el 30%, lo que evidencia no sólo las dificultades que tendrían para aprobar tal reforma al presentarse al necesario Referéndum, sino los riesgos de una amplia movilización social al momento de que la propuesta fuese presentada al pleno, no siendo nada seguro que una campaña mercadológica, por costosa que fuera, pudiese cambiar esa tendencia.
Los gobernantes que en el continente han logrado modificar los períodos de gobierno contaban, para cuando lo hicieron, con el amplio y masivo apoyo de la población, cuestión que ya a estas alturas de su gestión no posee el gobierno Pérez-Baldetti. Otra cosa habría sido si, como llegaron a soñar los patriotistas, hubiesen ganado con mayoría absoluta en el primer turno y presentado sus propuestas de reforma al inicio de su mandato, cuando la confianza de sus electores aún no se había desvanecido.
Hacerlo ahora, cuando su desordenada y confusa primera propuesta de reforma constitucional fue rechazada por sus propios financistas y no llegó a ningún puerto, es no sólo una irresponsabilidad sino, usando sus propias palabras, “una payasada” a la que lo han expuesto sus ambiciosos e inescrupulosos asesores.
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