Si bien hay razones para el pesimismo para ciudadanos de a pie por la imposición de proyectos mineros sin controles ambientales o redistribución de ganancias en el país o pesimismo para inversionistas por la resistencia que se transforma en veto de comunidades a proyectos que han cumplido, a su manera, con todos los requisitos de ley, todavía hay un campo de exploración para el debate profundo, a nivel local y nacional, sobre el tema de minería y de energía en Guatemala.

Este debate es uno por el que han pasado todas las sociedades democráticas que aspiran al desarrollo. Y es comprensible que tenga como punto de partida una polarización, pues es legítimo que comunidades indígenas se opongan a proyectos que son impuestos en sus territorios con base en engaños o medias verdades, y que no sólo las dejarán igual de pobres, que además se llevarán toda la riqueza que hay en su territorio y que probablemente dejará daños ambientales irreversibles que asegurarán su pobreza permanente.

Si las comunidades no se hubieran polarizado, ya el país parecería un jardín lleno de hormigueros, así que debe reconocérseles que a pesar de la disparidad de poder, están logrando llevar el tema al debate nacional. Las consultas populares, realizadas en un ambiente pacífico y de respeto, deben ser consideradas por el resto de actores del país. Es decir, la voz de los más débiles.

Y ahora debe ser el turno del debate. Con base en evidencias. Con mentes abiertas. Evidencias y complejidades es lo que pretendemos aportar con reportajes como los que hemos publicado sobre la mina en San José Del Golfo, a diez kilómetros de la Ciudad de Guatemala, en donde la empresa minera tiene 1,200 kilómetros cuadrados para explorar; y sobre de la hidroeléctrica de ENEL en San Juan Cotzal, Quiché, en donde se ha construido una historia compleja por tratarse de energías renovables, una voluntad de diálogo de empresa italiana y comunidades y socios poco ortodoxos de ENEL. Entre ellos una empresa agrícola, la familia Brol, que tiene a niños trabajando en el corte de café y que no paga salario mínimo ni prestaciones a sus trabajadores y un alcalde que recibió fondos y defendió literalmente a capa y espada a la hidroeléctrica.

No es lo mismo una mina que una hidroeléctrica, que debe ser una de las fuentes de energía en el futuro próximo de Guatemala. Una fuente de energía que no sólo sea amigable con el medio ambiente, sino más responsable socialmente. Ser responsable socialmente no es regalar un par de láminas y cuatro becas; significa lograr que las comunidades aledañas dejen de ser pobres para siempre. Como sociedad y como Estado debemos entrar en un profundo debate sobre la forma en que haremos que nuestra economía tenga la suficiente energía para crecer en la próxima década.

Así también, debe haber un debate a profundidad sobre la industria extractiva (minas y petróleo). Saludamos la posibilidad del debate sobre la posibilidad del Estado de adquirir hasta el 40 por ciento de las acciones de una empresa que explote recursos naturales, que bien podría ser a partir del 15 por ciento, para asegurar que el Estado reciba una parte importante y no se quede en 0 o 5 por las presiones de los empresarios. Así también debería incluir el debate un mínimo de regalías. La minería, aunque supone algún daño ambiental, es una industria estratégica para todas las sociedades latinoamericanas. Ha permitido el financiamiento de programas sociales en Chile; ha permitido a Brasil, México, Argentina, Bolivia, Noruega y a tantos países contar con fondos para ser redistribuidos en capital humano en sus países.

Pero en ningún caso exitoso se considera a la minería como una propiedad privada absolutamente. Con uno o cinco por ciento de regalías, el país y la sociedad de Guatemala no ganan nada. Por lo que el tema debe ser revisado a profundidad y debatido con base en evidencias y argumentos sobre el interés nacional y no el interés egoísta de algunas empresas.

El debate apenas está por comenzar.