Merced a las condiciones de terror en que fueron investidas de poder, ejercieron su control sobre lapoblación y alteraron el tejido social comunitario y, lo que es peor, cometieron abusos y gravísimas violaciones a los derechos humanos. De esto dan cuenta los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y de Recuperación de la Memoria Histórica. De allí que, parte sustancial de los acuerdos de paz, en particular del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, haya sido la desarticulación de las PAC o CVDC, así como su desarme.
Sin embargo, al igual que ocurrió con otros acuerdos, a este también le jugaron la vuelta los responsables de impulsarlo. Durante el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera, estas estructuras lograron saltar a la palestra, meter un pie entre la puerta y evitar que la historia cerrara este capítulo en Guatemala. Poco tiempo hizo falta para que les encontraran nueva tarea y así, ya en el 2003 aparecían reconvertidas en Comités o Juntas Locales de Seguridad. Luego, el gobierno de Oscar Berger, por intermediación del Viceministerio de Asuntos Comunitarios, del Ministerio de Gobernación, dio vida a dichas juntas, so pretexto de apoyar a las fuerzas de seguridad en el combate de la delincuencia.
Ha bastado poco menos de un lustro desde su “institucionalización” sin control y sin fiscalización, para que dichas agrupaciones sean señaladas de la comisión de abusos y arbitrariedades, típicas de las acciones de las PAC o CVDC durante el conflicto armado interno. Si no, baste la revisión de un caso, el de la Junta Local de Seguridad en San Juan Cotzal, Quiché, comandada por José Pérez Chen, alcalde municipal.
Pérez Chen se encuentra prófugo desde mediados de febrero, luego de que en cumplimiento de una orden judicial, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público realizaran allanamientos en su busca. Contra el alcalde en cuestión y 27 personas más integrantes de sus “pelotones” de seguridad, hay proceso penal abierto por ejecución extrajudicial y tortura. Dicha acción fue realizada el 1 de noviembre de 2009 y las víctimas son un agente de PNC, linchado por los pelotones de Pérez Chen, y el hijo del agente, igualmente ejecutado.
Sobre los riegos que la institucionalización de estas estructuras representaban, el Estado de Guatemala había sido advertido desde 2003 en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, lejos de tomar cartas en el asunto, las autoridades han continuado, en los sucesivos gobiernos, instalando juntas de seguridad a diestra y siniestra en una ridícula copia del experimento español. Si en España funcionan tales esquemas es porque el Estado de derecho es tal que impide la comisión de abusos y limita clara y precisamente el ámbito de acción, las características y tareas de tales agrupaciones.
En Guatemala, sin embargo, es difícil, cuando no imposible, lograr que en el mar de impunidad,corrupción y abuso de poder cotidiano que nos rodea, puedan funcionar estructuras que han nacido del vientre de la contrainsurgencia y que han seguido pariendo abusos y arbitrariedades.
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