Es por ello que la sentencia dictada este jueves 8 de agosto puede considerarse histórica, porque se ha sentenciado a ex funcionarios que, con toda alevosía y ventaja, ejecutaron extrajudicialmente a siete reos en la Granja penal de Pavón y a otros tres fugitivos.
En el caso de la Granja Penal hay evidencias que, circuladas abiertamente, muestran lo grotesco de los procedimientos. Los reos, aún vivos primero aparecen vestidos, luego obligados a desnudarse, para finalmente aparecer muertos, con tiro de gracia y todo, vestidos con otras ropas. Son esas películas, tomadas precisamente por agentes de la policía, las que junto a otro buen número de pruebas y testimonios han demostrado la falsedad del supuesto enfrentamiento y lo deshonesta y mañosa que resultó toda la campaña mediática que intentó justificar esos crímenes como consecuencia de inexistentes enfrentamientos.
Posiblemente el juicio no cobró la importancia mediática que el de Ríos Montt porque quienes estaban siendo juzgados eran funcionarios de relativos bajos escalones, pero como tuvo a bien expresar la jueza Valdez, los superiores de Víctor Soto que participaron en los hechos, y evidentemente fueron quienes dieron la orden de las ejecuciones, también deben ser juzgados, aunque en sus casos les respalden cámaras empresariales y ex vice presidentes.
El Jefe de Investigaciones Criminales cuando sucedieron los hechos no actuó por su cuenta ni estaba solo cuando sucedieron los hechos. Las pruebas públicas muestran e inculpan también a los entonces superiores que ahora están siendo juzgados en Austria, Suiza y España por estos mismos crímenes, y a donde huyeron luego del asesinato de los diputados salvadoreños y la ejecución extrajudicial de los policías que dijeron cumplir órdenes de sus jefes cuando asesinaron y quemaron a los salvadoreños.
Tal parece que fue solo luego de cometidos estos últimos crímenes que decidieron esconderse, muy probablemente porque otros delincuentes, más sanguinarios que ellos, estaban por cobrárselos.
La justicia y el país están de plácemes, porque con dificultades y ante presiones extremas, los jueces están dictando sentencias en crímenes que públicamente fueron justificados como muertes acaecidas luego de enfrentamientos. Los asesinos, revestidos de autoridades, no sólo llegaron a considerarse dueños de la vida de los otros sino, asumiendo lo vergonzoso y criminal de sus actos, los quisieron hacer aparecer como actos legales. Hoy sí tenemos los ciudadanos razones para celebrar, pues los criminales que se parapetaron en el poder público para satisfacer sus siniestros intereses han sido condenados.
Porque la autoridad es nombrada en un cargo para cumplir estrictamente con la ley, y ésta en ningún momento -de toda la historia republicana de Guatemala- le ha autoriza a acribillar a otro, así sea un delincuente. Aún en las sociedades donde se aplica la pena de muerte, ésta sucede de manera clara, y sólo después de cumplido todo el trámite legal. En las sociedades civilizadas, el Estado es el único autorizado para sancionar y castigar, y esto sólo puede suceder luego de un juicio justo, tal y como ahora ha sucedido con los ex jefes policiales, quienes siguiendo ya la tradición de otros criminales se han parapetado en sillas de ruedas, inventando enfermedades y pidiendo toda una infinidad de amparos que, en ningún momento, mínimamente, permitieron se concedieran a sus víctimas.
En el caso de los reos ejecutados en la Granja penal es necesario decir, además, que estaban cumpliendo sus condenas y, la mayoría de ellos, ya casi las habían completado. Si estaban cometiendo ilícitos, lo obvio y urgente era que fuesen juzgados por ello, tal y como ahora –supuestamente- se hace con el cómplice del asesinato de Monseñor Gerardi.
Los reos condenados tienen aún instancias legales para cuestionar y modificar el fallo del tribunal, ¡es de esperar que estas sentencias duren más que los diez días que duró la del general Ríos Montt! y que las argucias leguleyescas de defensores cómplices no prosperen.
Es de esperar también que, con estos antecedentes, los jueces de los países europeos valoren las pruebas presentadas y permitan que en Guatemala finalmente comience a brillar efectivamente la justicia, poniendo punto final a la impunidad.
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