Cuando se activan las alertas

Lo primero que Jonathan* vio fue que otros niños lo rodeaban, que se acercaban como sombras, con sus manos sucias y malolientes. Inspeccionaban al recién llegado. Lo olfateaban y trataban de interpretar sus rasgos antes de preguntarle de dónde venía. Otros, curiosos también, se acercaban tan solo con la idea de invitarlo a jugar.

“Eran como 20 niños allí encerrados”, recuerda Jonathan. “Cada día había menos, salían, se los llevaban, se despedían”.
Cada mes, la activación de la alerta es un medidor que podría asustar por el número de casos de sustracción y desaparición de niños que son reportados. La PGN reporta alrededor de 500 activaciones de alerta en un año y de ellas 350 han sido satisfactorias para encontrar a los menores. No obstante, esta es una cifra para presentación de resultados. La mayoría son en realidad problemas intrafamiliares, novios fugados, padres divorciados que no han estado de acuerdo con la sentencia de custodia de un juez y niños regañados que se esconden en casa de los amigos.

Lo segundo que recuerda de aquel preciso momento es la fuerza con que fue atrapado, todavía con esas  marcas en sus pequeños brazos provocadas por la potencia de otros brazos más grandes y adultos. También, latente en su cabeza, merodeaba el ruido de una camioneta, el forcejeo, el miedo, la sensación de haber viajado en carretera, el calor de la frontera y la angustia de no reconocer el lugar al que había sido trasladado.

Estaba lejos de casa, desde donde había salido a trabajar, armado nada más con una mochila, “las ganas y una sonrisa”, como recuerda su padrastro, don José Doroteo Chaclán, además de cargar consigo un palo lleno de algodones de azúcar –rosas, azules y blancos– rumbo a su destino: la ciudad Tecún Umán, en San Marcos, Guatemala. Justo en la frontera con México.

En su corta vida de 14 años, Jonathan nunca antes había dejado su lugar natal en el cantón Nimapá de Totonicapán, en el altiplano guatemalteco, y tras ser recuperado con una activación del Sistema de alerta Alba-Keneth, el niño explica con una voz más bien tenue, que de toda la peripecia, era el calor y no otra cosa lo que realmente todavía recuerda insoportable.

En todo caso, “es un niño con suerte”, dice el Fiscal Distrital de Totonicapán, Elmer Martínez. “Su destino pudo haber sido peor… concretarse, por ejemplo, su traslado hacia regiones más al norte de México”. Y así desaparecer sin rastro.

La vuelta en U

“Eran como 20 niños allí encerrados”, recuerda Jonathan. “Cada día había menos, salían, se los llevaban, se despedían”.

Estaba, sin saberlo, en ciudad Hidalgo, México. Posiblemente, como explican algunos fiscales, se trataba de un espacio transitorio de planificación, desde donde aparentemente una banda se dedicaba a reubicar a los niños sustraídos, asignarles un puesto quizá laboral, de explotación, o trasladarlos a otro Estado para su admisible compra-venta, o un “centro de evaluación” para catalogar lo que harían con cada uno de ellos posteriormente.

El día de salida de Jonathan de aquel lugar era viernes, o eso escuchó de sus captores, minutos antes de partir de madrugada. Había con él otros tres niños que supone eran mexicanos, y a esa hora, viajaban por una carretera sin asfalto. Un investigador de la Dirección de Investigación Criminal (DEIC) de la PNC de Quetzaltenango relata que la modalidad de serpentear por vías aledañas a las carreteras de alto tránsito es común en este tipo de traslado de menores. En sí, son caminos como ramificaciones de una vena, en cada pequeño poblado se bifurcan y se multiplican, y de una sola arteria aparecen muchos más senderos en búsqueda de un acceso a otro departamento, o quizá una  frontera. “Todos los días, sin embargo, estas bandas cambian la forma de operar”, alerta el investigador.

Avanzado ya cierto tramo, con el sol en lo alto, Jonathan dice que resultó extraño detenerse. Los señores –así los llama– dijeron que no podían continuar, al menos por ese lugar no podían continuar, y retornaron por el mismo camino de donde venían luego de dibujar una vuelta en U sobre la terracería, en medio de la nada.

Más contrariedades, o a lo mejor controles militares o policiales, nadie puede explicarlo muy bien, pero Jonathan terminó de nuevo en ciudad Hidalgo. En la calle. A su suerte. Esta vez –apenas horas transcurridas de su abandono– serían los agentes de la migración mexicana a los que les parecería extraño toparse con un menor solitario, guatemalteco. Decidieron atraparlo. Lo agarraron. Una vez más Jonathan se sintió en peligro, sustraído con fuerza, recordando los enormes brazos que habían marcado con anterioridad sus pequeños brazos, sin un lugar adonde huir, con miedo de ser devuelto al encierro. “Lo que yo quería era regresar a mi casa”, explica con un sollozo hondo, aunque sin identificación y con un nombre vago de su lugar exacto de procedencia, lo único que las autoridades mexicanas podían hacer con él era deportarlo, vía terrestre, como menor de edad.

Estaba al menos claro que pronto regresaría a Guatemala.

No obstante, cierta incertidumbre persistía. Habían pasado cinco días desde la salida de Jonathan de su casa y se sentía “triste, y en ningún lugar”. Pasarían otros cinco días antes de que lo rencontraran. El mismo día en que finalmente su padrastro presentaría la denuncia de su desaparición. Cuando se activaría la alerta…

Sustraídos y desaparecidos

En el otro lado de la frontera, nadie sabía de lo ocurrido con el niño de 14 años. En Guatemala, su padrastro tenía sólo una versión sobre el estado de Jonathan y a ella se aferraba: “Un niño que sin ganas de seguir estudiando estaba en búsqueda de un oficio y se había ido a trabajar a la frontera con un amigo de la comunidad”, dice don Doroteo Chaclán, con sencillez, de 65 años de edad, de profesión tejedor y que lamenta que el niño, a pesar de ya casi cumplir los 15 años de edad, posea una complexión muy pequeña para poder operar el enorme telar de su casa e inculcarle el oficio de tejer. “No quiero que se vuelva a marchar, y si se va que no lo haga sin haber aprendido tan siquiera un oficio”, dice con la voz entrecortada.

Le pregunto si sabe que tras la denuncia del niño desaparecido, un conjunto de entidades estatales como la PNC, la Procuraduría General de la Nación, Migración, la Secretaría de la Comunicación Social de la Presidencia, y el Ministerio Público, dieron luz verde a una alerta nacional. O si, aun hoy ya con Jonathan de vuelta en su casa, conoce la ley Alba-Keneth que protege a los menores desaparecidos. Su respuesta es negativa pero, a decir de las autoridades, es normal que no lo sepa. “Por lo general son las instituciones las encargadas de activar institucionalmente el Sistema de Alerta. La ciudadanía, los que proceden de aldeas y cantones, desconocen de qué se trata”, dice Martínez en su oficina del MP de Totonicapán.

El Ministerio de Gobernación, en su página web, da explicaciones breves sobre la ley entre algunos textos noticiosos. Sintetiza: “El origen del Sistema de Alerta Alba-Keneth se dio con dos desapariciones ocurridas en Guatemala, la de Alba España, una niña de 8 años de edad que vivía en Camotán, Chiquimula y que desapareció el 14 de junio de 2007, 24 horas después se encontró su cadáver. Otro caso fue, Keneth López, un niño de 4 años de edad, originario de Jalapa, quien desapareció el 16 de diciembre de 2009, y su cuerpo fue encontrado degollado y enterrado en el patio de una casa”.

Desde  septiembre de 2010, mes en que fue aprobada en el Congreso, la ley cambió de fondo la manera de buscar niños desaparecidos o sustraídos. Más inmediata, trajo resultados. “Con la ley se han encontrado menores en situaciones de alto riesgo, apenas horas después de haber sido sustraídos”, defienden activistas y fundaciones que se dedican a velar por los Derechos Humanos. Los resultados saltan a la luz pública en los medios de comunicación. Y en resumen, se trata de una ley buena. Aunque, como evidencia un recorrido al lado de los operadores de justicia, que utilizan el Sistema de Alerta Alba-Keneth con cierta frecuencia, consigo traía algunos vacíos legales. “Se sacrifica la respuesta efectiva para obtener resultados en volumen; en estadística”, dice el investigador de la DEIC. “La teoría es el lado amable de la ley, pero la práctica es otra cosa”, agrega.

“Todas las instituciones involucradas interpretan de distinto modo los términos sustraer y desaparecer –términos que aparecen en casi todos los artículos de la ley–. El problema radica en el procedimiento, en el criterio para actuar y establecer si en verdad se debe activar la alerta en casos determinados”, indica Pedro Ixchiú, de la Defensa Pública Penal de Totonicapán.

Mientras tanto, en “prioridades de alertas falsas”, como dice el investigador de la DEIC de Quetzaltenango, se gastan recursos.

Activar y desactivar

–¿Quién se encarga de activar una alerta Alba-Keneth? –le pregunto al fiscal distrital de Totonicapán.

–Depende siempre de dónde sea colocada la denuncia, lo más común es que la PNC sea quien vaya encendiendo las luces de la alerta. Primero informa a la Procuraduría General de la Nación pues es el organismo que hace de coordinador central sobre el tema de los niños –La PGN es la institución pública de carácter técnico jurídico, a la que se encomienda la personería jurídica del Estado de Guatemala, de la niñez y de la juventud.

–¿Y existen criterios para activarla?

–¡Vaya! Es en esa parte donde se complica. Cada entidad maneja diferentes criterios. También son distintas las formas de evaluación. Por ejemplo, en el MP los fiscales de cada turno lo manejan como titular de prioridad. Dejan lo que estén haciendo y se dedican de lleno a una alerta Alba-Keneth cuando aparece. En la PNC, quizá por el número de agentes y llamadas, tienen otros factores en el modo de actuar.

Cada mes, la activación de la alerta es un medidor que podría asustar por el número de casos de sustracción y desaparición que son reportados. La PGN reporta alrededor de 500 activaciones de alerta en un año y de ellas 350 han sido satisfactorias para encontrar a los menores. No obstante, esta es una cifra para presentación de resultados. “Estadística”, como insiste el investigador de la DEIC. En la práctica, la consulta con fiscales, abogados, procuradores y oficiales de policía deja entrever un pequeño gesto de resignación. De los aproximadamente 41 casos reportados como alerta cada mes, sólo uno, como el caso de Jonathan, presenta alto riesgo. Los demás son problemas intrafamiliares, novios que se han fugado, padres divorciados que no han estado de acuerdo con la sentencia de custodia de un juez y niños regañados que se esconden en casa de los amigos. La mayoría de reportes que inicia con una Alba-Keneth termina en un juzgado de familia. La alerta se activa y se desactiva con una constancia inusitada, y no precisamente a causa de la aparición de los niños, sino debido a la aclaración de los casos y la situación real de los menores y su paradero. Es una situación que se vive a diario en las instituciones involucradas en poner en marcha la alerta, en el MP y la PNC resulta un acto cotidiano: activar-desactivar-activar-desactivar. En una oficina jurídica bromean sobre la alerta como si se tratase de una luz intermitente de los árboles de navidad; se apaga, se enciende, se apaga, se enciende… así.

“Se han aprovechado de la ley”, lamenta un oficial de la PNC de nombre Rogelio y apellido Izaguirre. “Pero es prioridad. En uno de sus artículos (el número 8) estipula que se debe atender o uno queda destituido”. Y luego, curiosamente, el oficial dialoga tratando de explicar los conflictos morales a los que se enfrentan al activar una alerta Alba-Keneth. “Entre un asalto y un menor desaparecido pues la sustracción de pertenencias materiales pueden pasar a segundo plano y uno prioriza la vida de un menor. Entre un asesinado y un niño desaparecido, se antepone la vida; el otro ya está muerto. Otras veces apenas podemos partirnos en dos. Entre una violación y un Alba-Keneth por ejemplo. La cuestión es que la mayoría de las alertas son problemas familiares y termina por desactivarse todo el aparato de búsqueda y rescate. Dejamos de atender casos por este tipo de falsas alarmas”.

El criterio también es sentido común

Luis Fernando Monterroso es uno de los abogados que como ex procurador de la región de occidente fue consultado para la redacción de la ley. Ubica varios problemas de base para el funcionamiento actual del Sistema de Alertas. Primero, explica, el desconocimiento de la ley, tanto de la población como de los actores de justicia. Otro es que el reglamento de la misma no ha sido aprobado en más de año y medio en el congreso. “Con ello la interpretación sería más clara y el Estado no desperdiciaría recursos improvisando sobre casos que deben ver fiscalías específicas”. Luego está el detalle del presupuesto: “no hay”, dice. “La PGN no tiene recursos necesarios para coordinar”. Y agrega que otro factor preponderante para que se den los conflictos de las alarmas falsas son los criterios de cada institución para activar el sistema Alba-Keneth o incluso la falta de ellos.

No hay un proceso o una guía que deje claro cuándo es o no un Alba-Keneth.

La coordinadora regional de Quetzaltenango del Sistema Alba-Keneth en la Procuraduría General de la Nación se llama Magnolia Orozco. Con una pregunta sencilla sobre si es posible perfilar a grandes rasgos la situación de la región de Quetzaltenango en relación a Occidente y el tema de tráfico de menores, indica apenas que el tema es poco conocido. Justifica que su jurisdicción llega únicamente a Totonicapán y Quetzaltenango. “Cada región trabaja sus casos”, sonríe.

 –¿Cómo coordina la PGN las alertas? –pregunto.

–Por lo general se recibe vía fax –entonces Orozco señala que la PGN de Quetzaltenango no tiene fax, pero sí un número telefónico directo, aunque también sirve para que su hija le llame durante la entrevista.

–¿Hay alguna iniciativa para homogenizar criterios sobre la forma de activar una alerta desde todas las instituciones involucradas?

–Hay un diálogo permanente, estamos en contacto, nos reunimos cada mes con todas las entidades estatales involucradas en el tema.

–¿En esas reuniones, se habla de las alertas falsas, quizá sobre cómo disminuirlas?

–La PGN le da un seguimiento a todos los casos. Pero tenemos limitaciones –resalta Orozco.

Fevy Gramajo, de la Coordinación de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima y Familiares, adonde por lo general llegan los casos de menores desaparecidos por los que se han producido falsas alarmas Alba-Keneth, sobre todo por ser referidos al juzgado de familia, plantea que en tanto se establezcan criterios específicos sobre la catalogación de las alertas y se homogenice el actuar de las entidades involucradas “es responsabilidad del Estado todo lo que le pueda ocurrir a un menor desaparecido hasta que aparezca”.

“El criterio es también sentido común. También comprensión de las dinámicas socioculturales de un lugar. Tan fácil como preguntar, antes de activar cualquier alarma, si los padres están divorciados y llamarlos por separado, por ejemplo. Empezar el análisis de los casos pero desde el contexto”, resalta Ixchiú, de la Defensoría Pública Penal.

–¿Se investiga de alguna forma el entorno de los menores, se les ubica en su contexto antes de activar el Sistema de Alerta? –, insisto en el modo de coordinar de la procuradora Orozco.

–Las investigaciones corresponden al MP –esquiva.

Encontrando a Jonathan

Uno de cada cuarenta casos mensuales en promedio a nivel nacional es el de un niño sustraído o desaparecido. Uno de cada cuarenta niños es la intención y espíritu de la ley.

Jonathan llegó deportado a Quetzaltenango prácticamente sin existir. Era como si su identidad hubiera desaparecido en algún punto del trayecto entre México, San Marcos y Quetzaltenango. No tenía padres, recuerda, tampoco una casa, y su miedo se había convertido en resignación. Guardaba para sí los recuerdos: los nombres de sus padres y el lugar de su nacimiento en Totonicapán. Había quedado registro de ello en el libro de la casa hogar Nuestras Raíces, en Quetzaltenango, un lugar en el que a diario se ven familias indígenas en las afueras a la espera de encontrar a sus migrantes adolescentes y niños. Sin embargo, en el caso de Jonathan no había aún alguna denuncia ni en el MP, la PNC, Migración o la PGN que cuestionara su paradero y reclamara el niño al Estado. Y tampoco lo podían dejar ir.

El día que don José Doroteo Chaclán presentó la denuncia ya habían transcurrido casi dos semanas desde que a Jonathan se le había dado el permiso de ir a trabajar a la frontera y dejar la escuela. Unas horas antes de la denuncia, su cuidador, un vendedor de algodones de azúcar de apellido Gutiérrez, había regresado al Cantón Nimapá y preguntó a don Doroteo “si de casualidad Jonathan no había vuelto todavía por su propia cuenta”. Confesaba que lo había perdido, que luego de enviarlo a comprar una pomada, muy cerca de la frontera, Jonathan ya no había regresado y, por hacer negocios, no hubo tiempo suficiente para buscar al menor.

La desaparición había ocurrido el primer día de trabajo en Tecún Umán. Y luego de 10 días, nadie sabía dónde estaba Jonathan.

–Así como te lo di sano y salvo, así lo quiero de vuelta –atinó a responder don Doroteo, como única defensa.

A las 10:15 del día siguiente estaba frente al fiscal auxiliar de turno del MP presentando la denuncia. Y a la vez, tras la evaluación del caso, los antecedentes del trabajo en la frontera, la irresponsabilidad del cuidador, la fiscal activó el Sistema de Alerta Alba-Keneth. Se hicieron oficios dirigidos a la frontera de Tecún Umán. Se llamó a la PGN en Quetzaltenango. Se coordinó con la PNC de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Totonicapán, y luego a nivel nacional. Se buscaba a un niño pequeño de 14 años de edad, delgado, pelo liso, moreno claro, nariz chata, boca chica, cejas semipobladas, frente pequeña, de 1.45 de estatura, y con un quiste en la mano derecha. Ese era Jonathan en los informes estatales.

Pasarían cuatro horas para que Migración lo ubicara. Estaba en uno de sus albergues de niños migrantes, el hogar Nuestras Raíces, desde donde llamaban preguntando por don Doroteo.

“Quiero ser albañil, o hacer tejidos como mi padre”, dice Jonathan, tímido, en un rincón, medio sonriente, en tanto tiene claro que a la escuela no vuelve. Tampoco a la frontera.

 

* Los nombres de los menores fueron cambiados para proteger su identidad.

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El espacio para las mochilas de los estudiantes permanece vacío la mayor parte de tiempo.

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