En un tramo del trayecto, de riesgo por la represión, pero habitual para quienes como ella integraban la resistencia a la opresión dictatorial, fue capturada por el Ejército el 27 de septiembre de 1981. A partir de ese día, durante nueve tenebrosas jornadas, fue profanada por sus captores, torturada y sometida a tratos crueles e inhumanos. Con tan solo 21 años de edad, pero con una convicción y entereza de vida, ella se agigantó de resistencia y logró escapar de sus verdugos.
Su fuga fue el pretexto que les sirvió a los mandos militares que la habían capturado para realizar un operativo especial de inteligencia y buscarla en casa de su familia en Guatemala. Al no encontrarla a ella, pero sí a su hermano de 14 años, Marco Antonio, lo apresaron, secuestraron y desaparecieron sin que las acciones de la familia Molina Theissen lograran que le fuera devuelto. Estos son los hechos que el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo C consideró probados. Con ello también concluyó que cuatro de las cinco personas sindicadas eran culpables de haberlos perpetrado.
En su sentencia, leída por el juez presidente Pablo Xitumul, los togados aseguraron que el crimen cometido por miembros del Ejército contra Emma, Marco Antonio y su familia «ofende a todos los seres humanos, por lo que no debe quedar en la impunidad». Así, con la resolución del tribunal quedó concluido en primera instancia un juicio que es emblemático porque es el primero que juzga el caso de un niño desaparecido, así como de violación sexual con agravación de la pena, durante el conflicto armado interno. Pero, sobre todo, es emblemático porque también se ventiló en el tribunal que Emma Guadalupe enfrentó la acción ilegal de agentes del Estado por su militancia revolucionaria en la juventud del Partido Comunista, una organización proscrita durante el período de los hechos, pero que a la vez incluía un procedimiento penal para llevar a los tribunales a quienes contravinieran una norma, ya derogada por antidemocrática.
Pese a la existencia de mecanismos legales establecidos, y lejos de respetar las garantías procesales, estas fueron violadas por los agentes del Estado. En este caso se trata de Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor General del Ejército (EMGE); Manuel Antonio Callejas y Callejas, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar del EMGE; Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante de la Zona Militar de Quetzaltenango; Edeliberto Letona Linares, subcomandante del sitio, y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, oficial de inteligencia del lugar. De las manos de ellos emergió el puñal del dolor que se instaló en la familia Molina Theissen y profanó el cuerpo de Emma Guadalupe.
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Al comparecer ante el tribunal para expresar sus peticiones, Emma Guadalupe se irguió nuevamente y se agigantó ante sus verdugos. Les dijo con una serenidad solo posible en la certeza de la verdad que el daño causado la había marcado profundamente. Les dijo que durante años vivió y sintió culpa, vergüenza, asco. Al final les dijo que les devolvía la culpa, la vergüenza y el terror. Que los dejaba con esa carga.
Ahora, además de esa carga de culpa y vergüenza que Emma Guadalupe les ha devuelto junto con el desafío de que si tienen una pizca de honor digan dónde está Marco Antonio, estos militares cargan también la condena del tribunal. Si bien Letona Linares fue absuelto porque los juzgadores consideraron que no tenía responsabilidad de mando, la condena para los otros cuatro mandos militares deja evidenciado el canal de inteligencia y la línea de mando que se edificó para cometer estos y otros miles de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.
Al amanecer del 23 de mayo, con la claridad de la mañana, llegó la luz al final del túnel de tormenta que los hoy condenados desataron contra la familia #MolinaTheissen. Queda la definición de la reparación digna, que no pasa por resarcimiento económico. Se trata de un proceso de reparación transformadora que genere condiciones para que estas atrocidades no se repitan. Para que los miles de familias con niñas y niños desaparecidos, con seres queridos desaparecidos o víctimas de violencia sexual por parte del Estado, reciban una respuesta de justicia tras décadas de impunidad.
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