Cuando la gente se indignó

Desde la Semana Trágica de abril de 1920 para derrocar a Estrada Cabrera, pasando por las protestas contra Ubico en 1944 y las jornadas de marzo y abril de 1962 contra Miguel Ydígoras Fuentes, han transcurrido 95 años en los que la ciudadanía ha ejercido su capacidad de revocación para combatir el autoritarismo y la corrupción de gobernantes que ya no representan ni cuidan los intereses de la mayoría.

La movilización libre y voluntaria de amplios sectores medios urbanos de distintas expresiones ideológicas, a los que se han ido sumando organizaciones del campo y otras instituciones de amplia credibilidad en el país, consiguió hacer oír su voz y manifestar el hartazgo de la sociedad guatemalteca de la corrupción y la opacidad galopantes de este gobierno, que en el momento actual ha perdido su legitimidad.

Los logros conseguidos por este movimiento ciudadano, que van desde la renuncia de la vicepresidenta hasta impulsar un debate público sobre el agotamiento del modelo político, constituyen un momento fundamental para pensar no en un cambio social en abstracto, sino en las reformas posibles que requiere la construcción de un Estado social de derechos y garantías plenamente incluyente en sus formas de participación política y ciudadana. Hay diversidad de posturas acerca de los cambios que requiere esta sociedad, pero progresivamente se manifiesta un consenso acerca de la necesidad de una reforma política profunda que debería orientarse hacia una nueva ley electoral y de partidos políticos y hacia una nueva ley de servicio civil como pasos fundamentales para quebrar esta estructura de clientelismo y discrecionalidad que, cuando parecía que terminaba de imponer su imperio, hizo que los ciudadanos, sin importar su condición, nos demostraran que no se ha perdido el sentido de lo público, el cual hay que fortalecer ahora más que nunca.

Salvo contados episodios de nuestra historia política, ningún gobierno se había mostrado tan insolente y tan egoísta con la ciudadanía que lo elige y lo sostiene como el actual. El ansia de enriquecimiento de los funcionarios de los tres poderes del Estado se nos ha mostrado como un espectáculo grotesco en los medios de comunicación, pero ha sido la indignación de la ciudadanía lo que nos ha llevado a la situación actual de demanda de cambio. Toda persona tiene derecho a satisfacer sus derechos económicos, sociales y culturales acordes a su dignidad. Cuando esto no suceda, me quedo con lo que dice Stéphane Hessel en su libro ¡Indignaos!: «Si conocéis a alguien que no los disfruta, compadecedlo, ayudadle a conseguirlos».