Crisis económica y gobierno: limitaciones, inconsistencias y escándalos

Hay un fuerte impacto en la economía global. Las bolsas han sufrido fuertes caídas [1], el precio del petróleo se encuentra en números negativos, ha aumentado el número de personas desempleadas, se prevé un menor crecimiento económico a nivel mundial y a nivel de países, etc. El mismo Banco de Guatemala ya realizó un ajuste a la baja de las proyecciones económicas de este año.

Pero no hay necesidad de recurrir a información de periódicos o de revistas especializadas ni a la observación de los mercados financieros. Las personas ya empiezan a sufrir las consecuencias de esta crisis. Ya varios conocidos indican que en sus empresas están despidiendo a la gente o que ellos mismos han sido despedidos (sin aviso y sin prestaciones, irrespetando así las condiciones contractuales) o deben sufrir ajustes, es decir, reducciones de salario. La alternativa es el despido.

También las empresas, sobre todo las micro-, pequeñas y medianas empresas, tienen problemas, aunque su margen de negociación sea diferente. Las microempresas o los pequeños emprendedores (eufemismos para el comercio informal) viven al día. En general, se advierte el cierre de empresas y de la actividad productiva en general.

El margen de acción del Gobierno frente a estas condiciones es limitado. Hay condiciones estructurales, como una economía dependiente (remesas, exportaciones), pobreza y extrema pobreza cercanas al 60 % y una fuerte desigualdad social (que implica informalidad y desempleo permanente), que ya le vienen al gobierno de A. Giammattei. Poco puede hacer él frente al brutal impacto del covid-19 en Estados Unidos y al pésimo manejo de la administración Trump, con las consecuencias que esto tiene para el país.

Las restricciones impuestas para contener la pandemia parecen estar funcionando (de acuerdo con las cifras oficiales) y es muy probable que tengan un apoyo mayoritario de la población, pero tienen un costo económico. Con esto no se quiere decir que no sea lo correcto, pero indudablemente hay efectos económicos [2].

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Y por lo visto, las presiones empresariales han sido fuertes sobre el gobierno de Giammattei, que ha decidido beneficiar a la patronal con medidas como la suspensión de los pagos de IGSS, Irtra e Intecap o dejar que las empresas decidan en la práctica sobre los despidos de personal.

Pero, además de estas limitaciones, costos y presiones, también hay que señalar las inconsistencias y los tremendos problemas en la administración.

Empezando por que el paquete de préstamos aprobados por el Congreso con el pretexto de la crisis destina buena parte de los fondos a otros aspectos, incluyendo a los mismos diputados (un escándalo por el cual les debemos pasar factura). Asimismo, la definición de población beneficiada con las ayudas gubernamentales no incluye a muchas personas que en efecto la necesitan, se continúan realizando prácticas clientelares en connivencia con autoridades locales para repartir la ayuda, hay problemas de transparencia y de corrupción en la compra de materiales destinados a la crisis (algunos médicos se quejan de que no están siendo bien abastecidos), no se sanciona la ley que prohíbe el corte de servicios (y que en algo aliviaría a la población), etc.

Finalmente, mientras el presidente solicita congelar plazas del Gobierno, se destinan más de 30 millones para reparación de un avión viejo de los militares y se revela que los gastos de la SAAS en alimentos son muy similares a los de la administración previa.

Si bien este gobierno tiene un margen de maniobra limitado frente a la crisis económica y hay medidas que pueden contribuir a evitar mayores problemas, también existen inconsistencias y escándalos que pueden agravar la crisis.

La corrupción y las presiones de los grandes empresarios son factores que no pueden dejarse al margen al analizar el comportamiento del Gobierno frente a esta coyuntura.

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