Los últimos dos informes (2011 y 2012) de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA) dan cuenta que la mayor parte de agresiones han sido contra esos movimientos y dirigentes, particularmente en lugares donde se desarrollan actividades extractivas, monocultivos y megaproyectos.
Las comunidades y dirigentes comunitarios opuestos a la operación de empresas mineras, construcción de hidroeléctricas, extracción de petróleo y expansión de monocultivos (lucha por la seguridad alimentaria) han sido sometidos a hostigamiento y persecución constante por las mismas empresas y por instituciones gubernamentales y estatales.
Casos de persecución y criminalización del movimiento social y de las luchas de comunidades y dirigentes comunitarios abundan. Particularmente difícil es el caso de Santa Cruz Barillas, donde fueron asesinados comunitarios opuestos a Hidro Santacruz, se encarceló y persigue a dirigentes comunitarios opuestos a la hidroeléctrica; la agresión más reciente es la detención y encarcelamiento en Huehuetenango de Rubén Herrera por participar en el movimiento que rechaza la hidroeléctrica.
Alta Verapaz es un territorio explosivo por los conflictos de tierras que derivan de varios factores, entre éstos uno de reciente surgimiento: la expansión de los cultivos de palma africana y caña de azúcar en la última década. Al igual que en Santa Cruz Barillas, la respuesta ha sido siempre perseguir a comunidades, dirigentes comunitarios y campesinos. En 2011 se produjeron desalojos violentos de 14 comunidades que ocuparon tierras de la empresa Chabil Utzaj luego del cierre de operaciones de ésta y, como consecuencia, el despido de trabajadores a quienes no les pagaron los últimos salarios ni la indemnización.
Los habitantes de San Juan Sacatepéquez que se oponen a la operación de la cementera viven desde hace años en esas condiciones, con el agravante de la presencia de un grupo armado que sirve a los intereses de la empresa.
Otro caso reciente es el de la comunidad El Regadío, Uspantán, Quiché, que tiene como trasfondo un conflicto de tierras entre comunitarios y un finquero local.
En todos los casos de criminalización y persecución como los mencionados, es evidente la complicidad del Estado con los grupos de capital (nacional y transnacional) que orientan sus inversiones a actividades económicas ligadas con la lógica del capitalismo actual, sin importar el costo social, humano y ambiental.
En ese escenario de criminalización de los movimientos sociales se mueve otro actor: una especie de “grupos de choque mediáticos” que, a través de medios radiales, escritos y televisivos hacen una defensa abierta y desvergonzada de esos grupos de capital, acusan de terroristas a quienes defienden su tierra y sus territorios, reclaman tierras para medio sobrevivir, y defienden a sus comunidades de la voracidad del capital. Esparcen la idea que quienes se oponen a la voracidad y rapacidad de los grupos de capital son opuestos al progreso y al desarrollo.
Estos “grupos de choque mediáticos” no tienen freno, y cada vez gozan de mayores espacios en los medios de comunicación. Son al parecer el complemento ideal de los “grupos de choque armados” que la emprenden contra el movimiento social, comunidades y dirigentes. Los primeros se encargan de desinformar a la opinión pública y a formar en ella una opinión adversa hacia campesinos, indígenas, comunidades y organizaciones sociales. Los segundos hacen el resto. Los desalojos en el Polochic en marzo de 2011, los de El Estor en 2007 o de Nueva Linda en 2004, fueron realizados con la participación de grupos armados al servicio de los propietarios de los inmuebles desalojados y de las fuerzas de seguridad. En Santa Cruz Barillas, hombres armados al servicio de la empresa asesinaron e hirieron a dirigentes comunitarios.
El Estado no puede seguir respondiendo con persecución y represión a las movilizaciones de quienes piden atención y solución a sus demandas. En otras palabras, el Estado y sus instituciones no pueden seguir en la línea de criminalizar las luchas sociales; antes bien, debe procurar soluciones justas y sostenibles en el tiempo.
* Analista político con estudios en Historia. Ha realizado investigación y coordinado equipos sobre problemática agraria.
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