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Corredor Interoceánico: el puente privado que atravesará Guatemala

El presidente electo Otto Pérez Molina presentó el “Corredor Tecnológico Interoceánico” como una de las prioridades en infraestructura de su administración, el buque insignia de la nueva ley de alianzas público-privadas. En realidad, se trata del puente privado más grande del país, de 4 mil kilómetros, promovido por empresarios, exmilitares, algún apoyo del ejército y 46 municipalidades. De momento, es un plan. Con posibilidades de promover mucho desarrollo o muchas decepciones.

El corredor, que irá de Izabal a Jutiapa, será una “finca privada” que atravesará Guatemala de océano a océano, y representará poco más del 3 por ciento del territorio. Un nuevo modo de gestionar la construcción de infraestructuras y lograr concesiones a través de los municipios. El Corredor Tecnológico promete ser la mayor inversión de la historia de Guatemala, gestionada por una generación empresarios y de exmilitares que desde las alianzas público-privadas ofrecen traer desarrollo y, de paso, recuperar cuotas de poder.

(I) Un estadio de fútbol en Zacapa

Afuera del estadio municipal de Zacapa, la expectación y el dispositivo policial, el tráfico, las decenas de microbuses, los puestos de comidas y bebidas, rodeados de picops con guardaespaldas de botas puntiagudas, sombrero vaquero y pistola al cinto permitían dudar por un momento sobre la naturaleza del evento.

Podría tratarse de cualquier fiesta del pueblo. El ambiente así lo aventuraba. Como en un concierto de los Tigres del Norte o un partido de fútbol, en el que la multitud ingresaba a la cancha cerca de las aspas de los helicópteros que transportan a las estrellas invitadas.

El campo, presidido por tres escenarios. Dos, a los lados, para acoger a casi medio centenar de alcaldes y responsables de mancomunidades que daban, con su presencia, apoyo político al acto, y uno, el central, para el Presidente in pectore al que, desde los discursos hasta los carteles identificativos de sobremesa, todos siguen refiriéndose como general.

Otto Pérez Molina y seis de sus futuros ministros –Comunicaciones, Energía, Desarrollo Social, Agricultura, Finanzas y Relaciones Exteriores– acompañados de los empresarios implicados en la puesta en marcha del proyecto que se presentaba, eran las estrellas de la mañana.

Los aires de encuentro político parecían marcar la tendencia de la escenografía que acompañará al futuro presidente. La música militar, lo primero. Himno y respeto a la bandera, pero ahora portada por seis hombres del regimiento número 32 en desfile y formación imponentemente marciales. Y Otto Pérez Molina, los músicos y los abanderados no eran los únicos militares en escena.

(II) El Proyecto

Parecido a algunos de los anteriores gobiernos, había música, comida gratis y plantel de figuras políticas en un estadio municipal para la presentación y entrega de un estudio de factibilidad técnicos. Una actividad habitualmente que podría haber sido empresarial y circunscrita a los salones de un hotel capitalino, como señalaba Otto Pérez Molina, trasladada –física y conceptualmente- a algún al escenario de la primera línea política y con el mayor de los apoyos.

“Un nuevo modelo de desarrollo para Guatemala, integral, participativo e inclusivo: la alianza público-privada desde lo local”, resumía Rokael  Cardona, presidente de la Asociación "Poder para Todos", excomisionado presidencial para la Descentralización y la Reforma del Estado durante el gobierno de Alfonso Portillo y responsable de diseñar el dispositivo político.

Es también uno de los “megaproyectos” prometidos por el gobierno de Óscar Berger en 2004, con la diferencia de que esperaba tener una parte también en El Salvador.

Más que uno de varios “megaproyectos” –durante el mandato de Álvaro Colom fue la Franja Transversal del Norte– parece ser la prioridad en infraestructura y desarrollo de la administración de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota.

Una obra de ingeniería que pretende atravesar los 336 kilómetros que separan ambas costas del país construyendo un canal seco de 140 metros de ancho y que contendría una autopista, una vía de ferrocarril y un oleoducto, infraestructuras que servirían para conectar dos puertos, uno en cada extremo, uno en cada océano de los que bañan Guatemala.

Un proyecto que, de concretarse, supondría una competencia real y directa con el Canal de Panamá y que, con una inversión estimada en torno a los US$12,000 millones de dólares, pretende convertirse en palabras de Otto Pérez Molina en la "mayor inversión que haya recibido el país en años".

Aunque parece escucharse a la vuelta de la esquina, al día de hoy, el Corredor Tecnológico sigue siendo una idea, una idea grande, una idea avanzada, que comienza a tomar forma, pero con un sinuoso camino por recorrer.

Una idea cobijada por un conglomerado de sociedades creadas por Guillermo Catalán Español, un exmilitar convertido en empresario, primer extranjero graduado como piloto de guerra por el ejército chileno en tiempos pinochetistas, retirado con el grado de teniente del ejército guatemalteco en 1984. Se convirtió en empresario exportador de carnes y catalizadores de combustión, privatizador del sistema de carga de la aviación guatemalteca o desarrollador de sistemas de seguridad para contenedores, según su propio currículo. E impulsor, en la actualidad, de grandes obras de infraestructura. El Corredor será su primera.

Catalán y Cardona han conseguido comprometer en el proyecto a 9 mancomunidades, 46 alcaldes, seis ministros y el próximo Presidente de la República pero carecen, aún, de lo más importante, la piedra angular de tamaña construcción: el dinero para desarrollarlo. Que se supone caerá, como maná del cielo y en cascada, una vez que den el pistoletazo de salida a la que pretende ser la mayor operación inmobiliaria de la historia de Guatemala.

Las cifras del proyecto son ingentes. Se crearán miles de puestos de trabajo, se construirán cientos de kilómetros de vía férrea, de autopista, de oleoducto, dos puertos y zonas logísticas que cambiarán la estructura económica del país. Construcciones que se levantarán cuando los inversores decidan apoyarlo. Algo que, a día de hoy, al menos en público, no ha sucedido. Algo que, si pretenden cumplirse los plazos anunciados por sus promotores, tendría que suceder en pocos meses.

La fecha anunciada para el comienzo de las obras es 2012. Un año en el que cientos de millones de dólares deberían afluir en torno a la empresa creada y presidida por Guillermo Catalá Español, vice-presidida por su mujer, participada por sus hijos y en la que su primo, Mario García Catalán, más conocido por los campesinos locales como "el Coronel" es gerente de operaciones. Todo esto según la presentación de la empresa en el estadio de Zacapa y confirmado por Catalán en una entrevista.

Mirando al pasado, Mario García Catalán fue destituido de su puesto como coronel en mayo de 1995 por su implicación en el asesinato del ciudadano norteamericano Michael Vernon Devine tras la confesión de un soldado que participó en los hechos y la investigación realizada por el gobierno de los Estados Unidos. Posteriormente fue absuelto. Pero en 2002, ya ascendido a general fue investigado nuevamente por un hecho delictivo. La fiscal Karen Fischer, quien está entre las candidatas para ser la “zarina antidrogas” del gobierno, y el Ministerio Público señalaron que un testigo protegido le inculpaba en el “pago de peajes para el paso de droga del Cartel de Sinaloa”. Pasó a situación de disponibilidad y le fue retirada la autorización de ingreso a los Estados Unidos. Catalán respondió que es una campaña de desprestigio en contra de su primo porque acusar de narcotráfico es infalible para deshacer la carrera de alguien y que se está dilucidando.

"El Coronel" es la persona que ha tratado, a diario, y a veces con resultados catastróficos, de gestionar los derechos de paso y compra de tierras que se encuentran en la base de este proyecto. De los 4 mil kilómetros cuadrados de la operación inmobiliaria.

Es más, la gestión de Mario García Catalán aparece como una de las hipótesis más serias para comprender la mayor piedra en el camino con la que el proyecto se ha encontrado hasta ahora. El episodio de la quema de la municipalidad de Jocotán y la sede de la mancomunidad Copán Chortí en octubre de 2010, hechos que provocaron el desvío del trazado del proyecto. (Ver nota secundaria)

Pese a las presentaciones públicas, el apoyo comprometido por el Presidente electo y la mitad de su gabinete y todas las esperanzas puestas en un proyecto que ha sido aplazado para el desarrollo del país, tras varios años de gestiones, no se ha comprado aún ni uno sólo de los miles de kilómetros cuadrados de la tierra por la discurrirá el proyecto.

Puede llegar a ser una operación inmobiliaria que implica una movilización de abogados, notarios y registro de la propiedad, que será dirigido por la diputada Anabella de León, al estilo de las megaobras ferrocarrileras del siglo XIX, o de los otros Corredores Secos que se han propuesto hacer El Salvador, Honduras y Nicaragua para competir con Panamá. O a una escala miles de veces mayor, el Corredor Seco que quiere hacer Brasil por medio de Perú para conectar a los dos océanos por la parte más ancha de América Latina.

Una operación que planea desarrollarse en febrero de 2012, simultáneamente en 18 localizaciones diferentes y que implica la formalización de alrededor de 2,800 compromisos de venta ya firmados con los propietarios de una franja de terreno de 140 metros de ancho por 336 de largo que atravesaría o cortaría el país en dos. El mayor puente privado del país.

(III) Guillermo Catalán Español

En el lobby del Hotel Barceló en Ciudad de Guatemala, Guillermo Catalán recibe a Plaza Pública y desgrana -paso a paso- lo que un día comenzó como un sueño y a medida que han pasado los años comienza a tomar forma sobre el papel.

A finales de los años 90, Catalán trabajaba en Estados Unidos para CCR Technologies y su objetivo era proveer de sistemas de seguridad a los contenedores que se movían por Centroamérica. En ese momento, siendo consciente de que el volumen de tráfico existente a través del Canal de Panamá estaba próximo a su límite de admisión de mercancías, conceptualizó el proyecto de Corredor Interoceánico de Guatemala. La idea no era suya, no surge de la nada. “Posteriormente, leyendo, supimos que incluso Simón Bolívar ya mencionaba en el siglo XIX los corredores en los istmos del continente y que a principios de los 80 el Grupo Canella había tratado de impulsar una iniciativa similar”.

- ¿Cuál es la arquitectura intelectual del proyecto?

- Para nosotros, el punto de partida giraba en torno a tres premisas. Que la iniciativa fuera privada, que pudiese adquirirse una franja de tierra de las características necesarias para el proyecto y que existiese un marco de seguridad jurídica y confianza para los inversores.

- ¿Qué significa, con más detalle, “privado” y “seguridad jurídica” para ustedes?

- En diciembre de 1999, quien era entonces Presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, Ricardo Alvarado Sandoval, realizó el informe jurídico sobre la viabilidad de gestionar de manera privada reservas territoriales frente al mar, la posibilidad de gestionar servicios de transporte a través de una autorización estatal y sin necesidad de recurrir a la concesión y el régimen de extraterritorialidad de las zonas francas para que puedan descargarse las mercancías en un océano y ser transportadas hasta otro a través de una “finca privada” que atraviese todo el país. Nosotros hablamos de crear un sistema de comunicación sobre propiedad privada guatemalteca, no sobre propiedad pública. Lo que le interesa a los operadores internacionales es el acceso geográfico y la concesión de la infraestructura, nosotros alquilaremos nuestra esquina. Ellos invierten, pagan una renta y dentro de 50 años nos lo devuelven.

- ¿Cuando dan el salto al extranjero?

- El siguiente paso fue buscar una empresa extranjera que apoyase el proyecto. Descubrimos la existencia del Instituto de Logística Internacional de Barcelona (ILI). Nos montamos en un avión con un dossier de 10 páginas y nos presentamos en sus oficinas. ¿En Guatemala?, nos respondieron sorprendidos y nos explicaron que lo estudiarían y se pondrían en contacto con nosotros. En 2003 les contratamos para desarrollar el estudio de factibilidad económica del proyecto, el mismo que presentamos en el Estadio de Zacapa a finales de noviembre. No podemos medir en términos económicos su participación desde entonces. El ILI no es un socio económico sino mucho más. Guatemala no tiene credibilidad internacional, ellos nos la dan. Su presencia como socios estratégicos ha sido fundamental en todo esto proceso.

 

Para la construcción y desarrollo del proyecto, Guillermo Catalán ha constituido varias empresas, según explicó en la entrevista. Primero ODEPAL, en 1998, que se convierte en agente del proyecto después de la creación de un consorcio, propietario del holding, al que se le traspasa la responsabilidad del desarrollo del mismo: Corredor Interoceánico de Guatemala, S.A., constituida en Panamá y con sede en Barcelona, que actúa como “casa madre” del Corredor.

De Corredor Interoceánico de Guatemala S.A. penden, a su vez, tres empresas más, las operativas, que cuentan, ahora sí, con sede en Guatemala: Centro Logístico Internacional San Luis S.A., para gestionar el puerto en el Pacífico; Centro Logístico Internacional San Jorge S.A., para gestionar el puerto en el Atlántico; y Puente Terrestre S.A., para gestionar el ferrocarril interoceánico.

Según la información que facilita en su página web, los accionistas del holding son, en primer lugar, las propias empresas operativas creadas por Catalán para la gestión de los puertos y el ferrocarril; la ONG de Cardona, “Poder para todos”, que a pesar de ser sin ánimo de lucro es accionista del proyecto; y tres empresas más de cuya vinculación al proyecto no ha sido posible encontrar ni una sola referencia en Internet: Catenterprices S.A., Addax S.A. y Central American Logistic Center Inc.

Addax S.A. es una empresa internacional que se dedica a la comercialización de petróleo africano y biocombustibles sin sede ni alianzas identificables en Centroamérica si no se cuenta la que menciona la propia web de Corredor Interoceánico de Guatemala S.A.

La cuarta empresa implicada, Ingenieros Valuadores, S.A., explica en su su página web que es “una empresa dedicada al servicio de valuaciones y corretaje de bienes raíces, con una experiencia de más de 23 años, sirviendo a la banca, compañía de seguros, clientes comerciales y particulares, así como usuarios para efectos impositivos”. Será la encargada de gestionar la compra de tierras y los impuestos del proyecto.

El proyecto que encabeza Catalán es complejo y con riesgos. No se trata del Estado expropiando tierras para obtener derecho de vía. Sería más bien el Estado expropiando tierras para una empresa privada, quizás dentro del margen de la ley de Alianzas Público-Privadas si deciden esperar a ser el primer proyecto de esta normativa.

- ¿Cómo minimizan el riesgo de que algunos de los 2,800 vendedores de tierra decidan cambiar de opinión y pedir un precio más alto, paralizando todo el proceso?

- Los municipios han declarado el tramo como bien público. Si alguien trata de parar el movimiento de venta, tratando de especular con el precio, y detener el registro de las propiedades que lanzaremos en febrero, se iniciará el proceso de expropiación, con un plazo máximo de 60 días.  Podremos demostrar su mala fe ya que los compromisos de venta firmados y el proceso participativo les han comprometido. No hay marcha atrás. Los notarios y abogados ultimarán la compra en enero y en febrero las instituciones financieras nos darán crédito. Compraremos la tierra y con la entrada de los inversionistas extranjeros lo devolveremos. Hay ocho empresas en el mundo con capacidad y voluntad de entrar a este proyecto. A través de las concesiones que les otorgaremos, todo comenzará a fluir. A mediados de 2012 este proceso debería estar asegurado.

Catalán se niega a revelar la implicación real de los socios internacionales en el Corredor Tecnológico más allá de las alusiones constantes al entorno del puerto de Barcelona. Utiliza en todo momento el concepto de “socios guatemaltecos e internacionales”. Pero socio no significa inversionista en este momento del proyecto.

- ¿Quienes son sus inversionistas?

- No debe decirse nada más allá de lo ya dicho. Las empresas que hemos creado son un libro en blanco. Lo que nosotros tramitamos es una Monalisa. Un producto listo para echar a andar y entregado en mano. Las sedes de nuestra compañía en el extranjero sirven para garantizar que ciertos acuerdos con los operadores internacionales sean confidenciales.  

 

La única información a la que se puede tener acceso es la que se refiere a los tres empresarios españoles que acompañan a la familia Catalán, a ODEPAL y a la ONG de Cardona en el proyecto interoceánico: Santiago Bassols, Jordi Fornós y Enrique Uribarris. Los tres estaban presentes en la presentación del Proyecto de Corredor Tecnológico. Representaban, según la documentación entregada a su inicio, a las empresas asociadas del Puerto de Barcelona y la consultora implicadas en el proyecto.

Santiago Bassols es el director general de CILSA (Centro Intermodal de Logística, S.A.) la empresa que gestiona la promoción, construcción y comercialización de las parcelas de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de la autoridad portuaria de Barcelona. Jordi Fornós es director de consultoría del ILI (Instituto de Logística Internacional), una asociación sin ánimo de lucro, especializada en la formación y la elaboración de estudios de viabilidad y asesoría en el entorno de la logística y el transporte. Son estudios como el realizado para el Corredor Tecnológico de Guatemala, trabajos de asesoría y viabilidad que han realizado a lo largo de todo el mundo. Uribarris es el responsables de ALATEC SA, que firma, finalmente, el estudio de viabilidad del proyecto.

A su vez, el delegado del ILI en Guatemala es Guillermo Catalán España, presidente de la sociedad impulsora del proyecto, ODEPAL.

Esta información coincide con la que proporciona la memoria de actividades del Instituto de Logística Internacional (ILI). La empresa ODEPAL, empresa fundadora y matriz del proyecto Corredor Tecnológico figura como cliente en Guatemala, no como socia.

La empresa ODEPAL, matriz del Corredor tecnológico, habría encargado a la asociación española ILI, de la que el presidente de ODEPAL es delegado en Centroamérica, un estudio de consultoría que muestra la viabilidad de su proyecto. Un estudio subcontratado a su vez a la empresa ALATEC que dirige Enrique Uribarris.

En el informe de relaciones económicas y comerciales elaborado por la Oficina Comercial de la Embajada de España en Guatemala, ni la empresa ALATEC ni la asociación ILI figuran como participantes en ninguna inversión en el país, ni como socios accionistas del proyecto, lo que reafirma su posición como meros proveedores de consultoría en el Corredor Interoceánico.

Aún así, la presencia de los españoles es fundamental. Ha sustituido hasta hoy, de alguna manera, el vacío generado por el Estado guatemalteco. Se habría tratado, con ellos, de poner al frente del proceso a un grupo de extranjeros encargados de darle credibilidad al salto que irá de la viabilidad física a la económica.

Y de ser los encargados de invitar a otros empresarios a sumarse al proyecto.

Su papel deviene, entonces,  fundamental para la credibilidad del proyecto, pues lo único que ODEPAL ha conseguido de los gobiernos de Berger y Colom es una carta del presidente Berger mostrando su apoyo al proyecto, que se quedó en eso, en una carta.

 

(IV) Compañeros de armas que se entienden

Pese a la evidente oportunidad el Corredor Interoceánico supone para el país y ante lo que supone sorpresa de muchos, sus relaciones con el gobierno de Guatemala nunca han sido fluidas. Queda claro que no se buscaban, desde el enfoque de lo privado planteado en todo momento por Catalán y sus socios. Pero el empresario, aún así, afirma que se reunió ocho veces con el gobierno de Álvaro Colom.

- No mostraron ningún interés. Y este es un proyecto de país, sin bandera política. Si nos hubieran apoyado, todo esto se habría adelantado 4 años.

Pero el ejército, en tanto institución estatal, sí participó del desarrollo del proyecto.

Catalán explica que “en 2009 capacitamos a 120 jóvenes para que identificaran las características del terreno, fotografiaran, realizaran mediciones con GPS y plantearan la primera cuestión a los propietarios. ¿Están dispuestos a vender su tierra? El 95% dijeron que sí. A partir de ahí, llegaron los topógrafos a comenzar con el levantamiento de planos”.

La formación de esos 120 jóvenes tuvo lugar en la 2º Brigada militar de Zacapa. Y fue gestionada por militares en instalaciones militares que les instruyeron siempre, según Catalán, en “reacción ante serpientes, bajada de ríos, dormir en el terreno o manejo de posicionamiento geográfico”.

- ¿Pagaron por esos servicios dentro de la base?

- Digamos que cubrimos nuestros gastos.

Pese a lo sorprendente de esta formación, que implica al ejército en una iniciativa empresarial privada, el parón en las relaciones con el Estado es evidente hasta que llega Otto Pérez Molina. Y en ese momento, quienes fueron antiguos compañeros de armas, descubren que sí hay sintonía con un Presidente electo.

- Al igual que no nos hemos sentido apoyados por la administración de Colom, entendemos que el nuevo gobierno lo asume como un proyecto propio y se ha comprometido a apoyarlo. El Corredor Interoceánico necesita de una presentación ante el mundo y es el gobierno quien debe asumirlo. A través de su postura, se reduce el riesgo país y se levantan las piedras que nos quedan en el camino

- ¿Cuando se retiró usted del ejército?

- En 1984.

-¿Hay alguna relación entre el hecho de que usted y su primo sean militares retirados y la presencia y apoyo que Otto Pérez Molina le ha dado su proyecto y a su forma de plantear la alianza público-privada sobre la que pretenden desarrollar el proyecto?

El expiloto de guerra y exteniente Catalán sonríe, se apoya en el respaldo de la silla por primera vez en más de una hora de conversación. Guarda un cierto silencio y sigue:

- Sí. Hay una cierta comprensión común de que se trata de una cuestión importante para el país.

Parece reconoce la amistad, pero quiere desvincular cualquier posible relación personal entre él mismo, su primo excoronel y un presidente electo exgeneral.

Esa “comprensión común” y la forma de referirse al conflicto que está generando el Corredor retraen a un discurso propio del pasado.

En Jocotán ocurrió un episodio que muestra que el camino para preparar el Corredor no ha sido siempre fácil. Su respuesta es categórica.

- Lo sucedido en Jocotán no es más que una manipulación de la Plataforma Agraria. Ciertas organizaciones campesinas utilizan recursos de los contribuyentes españoles para lanzar actividades terroristas.

(V) Guatefondo.

Tras la presentación del estudio de factibilidad el 4 de diciembre de 2011 en el que el presidente electo se comprometió a apoyarlo, en febrero de 2012, dos semanas después de la toma de posesión, empezará la segunda parte: el Registro de la Propiedad. Esto en un país en el que no hay un catastro completo del territorio, todavía se disputan linderos y hay muchas propiedades no registradas y cientos de conflictos de tierras, sobretodo en Occidente y en el Norte.

El tercer paso será el momento de la verdad: captar socios inversionistas que financien la construcción del proyecto. Conseguir que el flujo de dinero necesario para poner la primera piedra, entre en las empresas implicadas.

Dicha tarea ha sido encomendada a Guatefondo, Sociedad de Inversión Guatemala, S.A. la primera sociedad de inversión activa con emisión bursátil en Guatemala. “No existen parámetros nacionales sobre inversiones de este tipo en el país”, reza su propio folleto. Se trata de una empresa que en su prospecto de acciones informa de la ausencia de operaciones hasta el momento y que, por el momento, ha emitido 70 acciones a US$1,000 dólares cada una, cifra que dista bastante de los volúmenes de inversión requeridos para comprar las tierras por las que pasa el proyecto.

Según sus propias palabras, “una inversión en Guatefondo involucra un grado de riesgo. Podrían transcurrir varios años hasta que los activos generan retornos. La inversión podría ser apropiada para inversionistas que estén dispuestos a colocar su capital por un tiempo extenso y que tienen la capacidad para absorber la pérdida de su inversión”.

 

(VI) Financiamiento español para ONG “terrorista” y para ONG “desarrollista”

“Poder para todos”, la ONG dirigida por Cardona, que se presenta como sin ánimo de lucro y a la vez accionista del Corredor Interoceánico, explica en su web que el socio principal en la creación, institucionalización y funcionamiento es la Diputació de Barcelona (denominada en catalán). De la misma ciudad que las empresas consultoras del estudio de factibilidad.

Esto implicaría que no sólo las organizaciones campesinas a las que acusa Catalán de terroristas reciben fondos de cooperación españoles. También la organización promotora del Corredor Tecnológico lo hace.

Marc Rimez, director de relaciones internacionales de la Diputació de Barcelona, aseguró que “el último proyeco cofinanciado con (la asociación) Poder para Todos cubre el período 2007-2010 y estaba vinculada estrictamente al apoyo de mancomunidades y al desarrollo de un código municipal en Guatemala”.

Cuestionado sobre el apoyo de la Diputació de Barcelona al Corredor Tecnológico Interoceánico –el logo de la institución catalana apareció en la presentación de Zacapa–, Rimez respondió que “la Diputació no ha aportado ni aporta ningún apoyo financiero ni de otro tipo ni apoya de ninguna manera ningún proyecto de esta Asociación desde 2010. La Diputació desconocía que se estuviera haciendo referencia a la que el principal financiador fuese la Diputació de Barcelona y, de confirmarse el hecho, la Diputació se reserva el derecho de adoptar las decisiones oportunas respecto a la Asociación. El uso del logo está protegido por la Ley y su uso sin la debida autorización puede conllevar consecuencias jurídicas”.

En un encendido discurso en el estadio de Zacapa, Cardona parecía considerarse depositario del modelo de las alianzas público-privadas desde lo local, al que se refiere constantemente para el Corredor Interoceánico.

Legalmente, este tipo de alianzas tiene sustento a partir de la aprobación de ley de Alianzas público-privadas en 2010. Con o sin apoyo de la Diputació de Barcelona o de la ONG, la ley de Alianzas Público-Privadas parece subordinar al Estado a la empresa privada.

Aunque los promotores no parecen considerarla indispensable. Lo último que necesita la iniciativa privada es caer presa de la burocracia.

El día de la aprobación de la ley, Mariano Rayo, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, explicaba que ésta “ayudará a que el Gobierno pueda entregar la construcción de obras de beneficio para la población a la iniciativa privada… El Congreso deberá ratificar las adjudicaciones… Se trata del marco jurídico que da certeza a los sectores privados que quieran invertir en Guatemala. Se podrá invertir en todo lo que hace falta. Abre la puerta para el desarrollo urbano, construcción de carreteras y servicio de electrificación, entre otras cosas”.

El optimismo de Rayo era contradicho por el economista Jonathan Menkos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), que escribió una columna en el Diario de Centroamérica en abril del año pasado.

“El Estado permitirá que agentes privados construyan, mantengan y desarrollen carreteras, puertos e  hidroeléctricas. A cambio, se permite a dichas empresas cobrar a los usuarios por el uso de los bienes públicos que han construido. El Estado garantiza a estos participantes privados un nivel mínimo de ingresos, lo que constituye una especie de subsidio público que contraviene la idea de que el empresario debe asumir los riesgos propios de su actividad productiva. A su vez, el financiamiento que requieran estos empresarios podrá hacerse con la emisión de títulos de deuda privados que estén amparados por los ingresos que recibirán de las arcas públicas en el futuro”, escribió Menkos.

“Y, por si fuera poco, el consejo que regirá estas alianzas estará conformado por los ministros de Finanzas, Economía, Comunicaciones y Energía; los directores de Segeplan y Pronacom y los presidentes del Cacif y la Cámara de Construcción, lo que implica que en esta mesa, por parte de la iniciativa privada y la competitividad, estarán sentadas las mismas personas que no desean hablar ni de gasto público, ni de impuestos, ni de endeudamiento, aún cuando pagar los impuestos y velar por el desarrollo humano debe ser la principal alianza público privada de cualquier nación”, concluyó.

La ley entrega a las municipalidades y mancomunidades la capacidad de ejecutar dichas obras. Pero además de las 46 municipalidades involucradas en el Corredor Tecnológico, están en el proyecto la ONG Poder para Todos y una empresa con sedes en Panamá y Barcelona,.

Todos con muchas ganas de empezar el proyecto en febrero, en la tercera semana del nuevo gobierno de Otto Pérez.

Para lograrlo en este plazo, debería haber presión presidencial. Y es que Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, que debe supervisar y aprobar el proyecto antes de someterlo a votación en el Congreso y, eventualmente, adjudicar la concesión a Corredor Interoceánico S.A., ha sido constituido a comienzos del mes de noviembre. La agencia que plasma los acuerdos del Consejo de Alianzas Público-Privadas ni siquiera se ha constituido.  

Se trata, todavía, de un proyecto cuestarriba para la empresa o la ONG promotoras. Esto si el Corredor Tecnológico Interoceánico quiere ser el primer gran proyecto, como dice Cardona, bajo la ley de Alianzas Público-Privadas.

Catalán tiene una fórmula distinta.

- Nosotros no utilizamos la Ley estatal de Alianzas Público-Privadas. Estamos fuera de ese ámbito y plenamente centrados en lo local.  Firmamos una alianza con los municipios en el marco de su autonomía. Los municipios también son Estado y es importante resaltarlo porque son ellos quienes emiten las autorizaciones necesarias en este momento del Corredor Interoceánico.  

¿Cuál fue el modelo que lograron para que los alcaldes le dieran un apoyo casi plebiscitario al proceso?

- La aportación de los municipios se puede cuantificar económicamente para después, sobre beneficios, revertirla sobre ellos en forma de utilidades. Podemos valorizar la voluntad política de los líderes locales. Cuando su colaboración ahorra kilómetros en el trazado a 34 centavos de dólar de coste por contenedor y kilómetro, su aportación vale más de US$1,000 millones de dólares en recorte de costes operacionales. Parte de ese dinero se les devolverá. Es un juego de ganancias para todos. Nosotros rentabilizamos el proyecto y ellos capitalizan sus municipios. Ellos valoraron las necesidades sociales a través de sus Planes Maestros de Desarrollo y nosotros nos ligamos contractualmente con ellos a través de un pacto social que los financie con los beneficios del Corredor.

- Pero eso supone crear un Estado dentro del Estado.

- Sí. Las municipalidades tienen autonomía para financiarse y el Estado no les transfiere recursos suficientes para desarrollar sus políticas. por eso hemos firmado que el 13 por ciento de los beneficios del Corredor Tecnológico serán transferidos a las municipalidades y no sólo eso, sino en qué prioridades, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo van a  gastar.

Karen Slowing es responsable de la Secretaría de Planificación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN) y lo ve de otra manera.

- Un proyecto de estas características debería entrar en el ámbito de lo público por muchos factores que van desde el uso de recursos como el subsuelo, el agua o el medioambiente, que son bienes públicos por necesidad, hasta la cuestión de los límites y la territorialidad o la fiscalidad asociada al proyecto.

Se le preguntó sobre los plazos que esperan los promotores.

- En un escenario de eficiencia gerencial, se requiere de, mínimo, seis meses, si todo transcurre con fluidez, una característica que, al día de hoy, le resulta ajena a los procesos de creación institucional y aprobación parlamentaria de la República de Guatemala. Sería correcto comenzar con un proyecto más simple y de menor envergadura para aprender lecciones y rodar los procesos. ¿Se aprobaría por oleoducto? ¿Por empresa? ¿Por operación inmobiliaria? ¿Por Zona franca? ¿Por autorización de transporte?

 

El proyecto, sin precedentes, parece tener tintes de “un negocio privado de autoridades públicas”. Seguridad jurídica a mediano plazo, con otras autoridades, es algo que no tiene garantizado.

Y si quiere empezar en febrero, a menos que sea la primera aprobación de la nueva legislatura y prioridad del gobierno de Otto Pérez Molina –junto a la reforma fiscal, la creación del Ministerio de Desarrollo Social o las medidas urgentes para Gobernación–, el proyecto tendrá que obviar a la Ley de Alianzas Público-Privadas.

Además, tendrá que superar la conflictividad en torno al modelo de desarrollo empresarial. De lo contrario, es posible que se repita en el modelo del Corredor Tecnológico Interoceánico del gobierno de Otto Pérez Molina en Oriente, lo que ha sucedido en torno a los recursos naturales de Occidente en los polos de desarrollo mineros que quería llevar a cabo el gobierno de Óscar Berger y los energéticos-petroleros de la administración de Álvaro Colom.

 

Una obra de ingeniería que pretende atravesar los 336 kilómetros que separan ambas costas del país construyendo un canal seco de 140 metros de ancho y que contendría una autopista, una vía de ferrocarril y un oleoducto, infraestructuras que servirían para conectar dos puertos, uno en cada extremo, uno en cada océano de los que bañan Guatemala.
El ejército sí participó del desarrollo del proyecto. La empresa capacitó a 120 jóvenes en mediciones en GPS en la base militar de Zacapa, sin costo alguno. Y la empresa es de exmilitares.