Los ejemplos de las contradicciones de la administración de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti han pasado por el campo fiscal, por el de política exterior, el de la transparencia, el abordaje del tema rural o el fortalecimiento de la institucionalidad pública.
Iniciaron su administración con la aprobación de una reforma al impuesto sobre la renta para gravar a quienes se encuentran entre el 10 por ciento y el 2 por ciento de la sociedad que más gana (y lo declara) en la sociedad. Por los laberintos legales nacionales (como las cuentas bancarias y a los propietarios de sociedades anónimas a los que no tiene acceso el Estado) hacen imposible saber cuántos ingresos tiene cada uno de los ciudadanos que está entre el percentil más alto de la sociedad.
Una iniciativa de ley añeja eliminaría el secreto bancario para la SAT y nos permitiría cobrar más impuestos a los más prósperos de la sociedad y salir de la lista negra de nueve países en el mundo que con su opacidad financiera son amigables para el lavado de dinero. Pero la alianza PP-Viva optó por retirarla de su discusión en el pleno.
El gobierno, sus aliados y algunos opositores, además, desperdiciaron una oportunidad dorada para que el Estado pudiera agenciarse de recursos y democratizar el acceso a las frecuencias radiofónicas. Otorgaron 20 años de concesión, gratuita, de las frecuencias para radio, televisión, telefonía e Internet, sin cobrarles nada a estas empresas que lucrarán con esos bienes públicos. En Costa Rica, por ejemplo, el Estado logró que las empresas compitieran entre sí y pagaran más de Q1 mil millones en tributos.
En política exterior, si bien inició ratificando la adhesión a la Corte Penal Internacional, que vela porque no queden impunes crímenes de lesa humanidad en el mundo, por otro lado ha cabildeado para que se niegue el genocidio ocurrido en Guatemala contra pueblos indígenas y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se declare incompetente para juzgarlo. Además, desde la cancillería se ha cabildeado en países escandinavos para pedir que no se otorguen fondos a oenegés calificadas como “terroristas”, siguiendo la teoría creada. La cancillería también contradijo al voto de Guatemala en septiembre de 2011 sobre la consideración de Palestina como Estado no asociado a la ONU.
En el de la transparencia, aprobó una ley contra el enriquecimiento ilícito después de aprobar un presupuesto general de ingresos y egresos sin que los diputados pudieran no ya discutirlo, sino leerlo. El presupuesto fue aprobado gracias a millones de quetzales otorgados para oenegés o empresas de diputados.
Y en el tema rural, si bien el Gobierno intenta que se apruebe una ley de desarrollo rural para que el Estado se convierta en rector del tema agrario y aporte a dejar atrás injusticias sociales del desarrollo, por otro lado impone un modelo extractivo y energético insostenible y criminaliza a las comunidades indígenas que se oponen; la masacre del 4 de octubre de manifestantes de Totonicapán fue el corolario a toda una campaña de “terrorificación”.