Dos periodistas fueron asesinados la mañana del martes 10 en Mazatenango, Suchitepéquez: Danilo Zapón López y Federico Salazar, corresponsales del matutino Prensa Libre y de Radio Nuevo Mundo, respectivamente. Entretanto, Marvin Israel Túnchez está gravemente herido.
Desde julio de 2013 Zapón López había reportado las amenazas provenientes de José Linares Rojas, alcalde municipal de San Lorenzo, Suchitepéquez. Un mes después de las denuncias, el periodista Fredy Aníbal Rodas Arriaga sobrevivió a un atentado, en tanto que Carlos Humberto Orellana Chávez fue asesinado. Ambos hechos se produjeron también en Mazatenango, y ambos hechos continúan en la impunidad.
Esta circunstancia se vislumbra como el factor que estimula, contra el ejercicio del periodismo, acciones que tienen en el asesinato la forma extrema y más violenta de buscar censura. Otros medios, aparentemente sutiles, pasan por las advertencias —eufemismo de amenazas—, llamadas para presionar a las direcciones de los medios, intentos de soborno y, como ha sido usual recientemente, el uso indebido del derecho penal: criminalización de periodistas.
Los asesinatos de Zapón López y Salazar se produjeron el mismo día en que, en la ciudad capital, un acto terrorista, cuyo propósito no se ha esclarecido, resultó en el estallido de una granada y en una balacera en el hospital más grande del país. Un reo de alta peligrosidad fue llevado al centro asistencial para ser atendido, y su presencia, al parecer, fue el motivo del ataque.
Dolor, tristeza, angustia, rabia, indignación, frustración, solidaridad: todas y cada una de esas sensaciones abundaron entre la ciudadanía, pero particularmente en el gremio periodístico. Las movilizaciones del miércoles 11 marcaron el tono. La prensa, reporteros y reporteras, reporteras y reporteros gráficos, columnistas, editores y periodistas del audio, del video y de medios alternativos unieron sus voces para reclamar justicia y alto a la impunidad.
Estas voces también señalaron la responsabilidad del Estado, particularmente gubernamental, en estos asesinatos. La inacción contra quienes amenazan a las y los periodistas se convierte en una patente de corso para quien busca acallar a la prensa. Y es allí donde radica la responsabilidad oficial, una responsabilidad acrecentada con la tolerancia y el estímulo de prácticas de censura y boicot a la labor informativa, impulsada por funcionarios y funcionarias de Gobierno y de oficinas públicas.
Tanto el programa de protección a periodistas como el programa de protección a defensores parecen más bien una falacia, como las falsas afirmaciones en la propaganda de Gobierno de que todo está de maravilla. Ni uno ni otro han visto la luz. Sus proyectos están esperando el moho en la gaveta de algún burócrata igualmente responsable de estos crímenes.
De ahí que la movilización de periodistas ante el asesinato de los colegas en Mazatenango sea el punto de partida de un esfuerzo mayor: la búsqueda de la unidad gremial en defensa y protección de los derechos que le atañen. Esa unidad gremial es el único y más sólido asidero para quienes en las calles, bajo el sol, la lluvia, las balas y la violencia, corren día tras día y noche tras noche para llevar las noticias hasta los ojos y los oídos del público que se informa. De esa suerte, defender la libertad de prensa del plomo y la mordaza no debe ser una tarea exclusiva de la prensa, sino una acción de la sociedad, que en última instancia es la que se ve afectada por la censura.
Más de este autor