«El desarrollo de una ciudad no se mide por los edificios de ocho pisos ni por el concreto armado que pueda existir ni por los monumentos que quieran recordar a determinado alcalde o funcionario. El desarrollo de una ciudad se mide por su capacidad de prestar a su pueblo la satisfacción de sus necesidades de escuelas, transportes, drenajes, agua potable, trabajo, recreación, o sea, la libertad de vivir sanamente en condiciones de igualdad para todos los pobladores, sean de las capas ricas o de las capas más pobres».
Estos retos, descritos con claridad por Colom Argueta, aún son vigentes para nuestro país. Cincuenta años han pasado y la implementación en el marco de los próximos 15 años de programas de consumo y producción sostenibles será un enorme reto para nuestra sociedad. Alcanzarlos se convertirá en una de nuestras más urgentes necesidades.
Actualmente, la producción y el consumo están regidos por dinámicas globales económicas, políticas y sociales que en su mayoría escapan del poder de los países en el Sur global. La demanda de productos y servicios a costos que actualmente impiden el desarrollo integral de la población productora, los carísimos costos de vida y de educación, las guerras y el establecimiento de élites expoliadoras son, a nivel macro, algunos de los enormes retos que escapan de nuestro control. Es en los niveles meso y micro en los cuales será posible tomar acciones concretas y en los cuales existen enormes posibilidades de acción que requerirán de la atención de la sociedad guatemalteca.
La sostenibilidad requiere que las acciones productivas que realizamos se concreten en productos de suma positiva a lo largo de toda la cadena productiva y creen una economía circular. Guatemala es un importante proveedor de commodities y manufacturas para la economía regional, y las perspectivas de crecimiento de las exportaciones de estos productos continuarán al alza en los próximos 15 años. Según datos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), en los últimos 10 años las exportaciones se han duplicado al pasar de 5 300 millones de dólares estadounidenses en el 2005 a 10 800 millones en el 2014. El incremento de estas exportaciones refleja que continuar produciendo a este paso requerirá del uso sostenible y eficiente de los recursos naturales y del recurso humano.
Ha sido gracias al crecimiento de la actividad económica en Guatemala que se ha conseguido crear iniciativas privadas con el fin de asegurar un uso sostenible y responsable de los recursos. Con muchos detalles, conozco el caso de la campaña de educación ambiental ¡Haz tu parte!, con la que hemos beneficiado a más de 40 000 niños y niñas de toda Guatemala mediante capacitaciones en el manejo y la gestión de los residuos y desechos sólidos. Además, recientemente establecimos el certificado Bandera Verde con el fin de asegurar una educación en valores sostenibles en toda la población estudiantil guatemalteca. Este trabajo, iniciado por el sector de la industria transformadora de plásticos de Agexport, se suma a proyectos exitosos que realizan otras industrias productivas del país y que deberán fortalecerse con el trabajo colaborativo e incluyente.
Sin embargo, estos y otros esfuerzos ambientales requerirán de la despolitización y de la activa participación de las municipalidades de todo el país. Es urgente que más departamentos ambientales sean creados a nivel municipal. En Guatemala existen más de 3 500 basureros clandestinos en todos los municipios y se generan anualmente más de tres millones de toneladas de desechos que no son reciclados. Carecemos de servicios de recolección en casi todos los municipios del país y no tenemos rellenos sanitarios sostenibles que nos permitan detener la contaminación de nuestros ríos y campos, entre otros problemas.
Es urgente que también se fortalezcan acciones ambientales mediante una ley para el manejo integral de los residuos y desechos sólidos que asegure responsabilidades y obligaciones de todos los actores que participan en la cadena productiva. En agosto de 2015, desde el sector de plásticos se apoyó la presentación ante el MARN, en consenso con la sociedad civil, de una Política para el manejo integral de los residuos y desechos sólidos. Esta política, sin embargo, requiere aún de la aprobación del presidente de Guatemala y de que se destinen recursos para asegurar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Gobierno en estos temas.
En resumen, no es imposible destinar fondos privados y públicos para que en el año 2030 se asegure que todas las personas de toda Guatemala tengan la información y el conocimiento relevantes para el desarrollo sostenible y estilos de vida en armonía con la naturaleza. Tampoco es imposible que se creen puestos de trabajo sostenibles sin dejar de ser competitivos para los guatemaltecos. ¡Juntos vamos por más!
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