De la manga, han sacado argumentos espurios para justificar una apuesta injustificable. Así que vale la pena una revisión histórica de los hechos. En 2010, se instaló la comisión postuladora que habría de realizar el proceso de selección de candidaturas para elegir a quien estaría al frente del Ministerio Público (MP), pues el período concluía. En virtud de los intereses mafiosos que dominaron la comisión postuladora, presidida por Erick Álvarez, la designación de las candidaturas obvió cumplir con los requisitos constitucionales y mandó una propuesta dentro de la cual Alvaro Colom designó a Conrado Reyes, vinculado a las estructuras que estaba llamado a combatir.
Ante la evidente violación a la exigencia constitucional, la Corte de Constitucionalidad resolvió anular el proceso y ordenó la convocatoria a la Comisión de Postulación designada para que enmendara su falla. La entidad postuladora se integró con nuevos miembros en el caso de las facultades de derecho cuyos decanos habían seguido el juego de las mafias. Hubo nueva convocatoria y nuevas candidaturas dentro de las cuales surgió finalmente la designación de la actual Fiscal General Claudia Paz y Paz Bailey, nombrada por un período de cuatro años a partir de diciembre de 2010.
Quienes sostienen el argumento que altera el período de gestión usan como ejemplo el caso de la presidencia que ejerció Ramiro de León Carpio. Mañosamente olvidan resaltar que, en ese caso no se anuló proceso alguno sino que se declaró abandono del cargo por parte del golpista Jorge Serrano Elías y, por lo tanto, a De León le nombró el Congreso y no fue electo ni designado para un nuevo período. Utilizar este caso es tan solo un acto de perversidad manifiesta que además, pretende sustentar un argumento falaz sobre el período de ejercicio de la actual administración del MP.
Y lo esgrimen porque se trata de Claudia Paz y Paz, una de las poquísimas o quizá la única funcionaria que muestra resultados palpables de su gestión. Misma que como bien dice, no ha distinguido entre quién es la víctima o quién es la persona sindicada para actuar. De tal suerte que el MP ha crecido en capacidad, eficiencia y profesionalismo en el cumplimento de sus deberes. Esa es una verdad incuestionable e innegable pero a la cual, el egoísmo elitista, acostumbrado a decidir los destinos nacionales pretende lanzar una cortina de humo mediante falsas premisas.
No construyen, más bien destruyen, porque eso es lo único que les garantiza imponer su voluntad por encima del interés común. A Guatemala le interesa una política de persecución criminal independiente, científica, profesional. A los destructores no. A Guatemala le interesa una acción penal enfocada en combatir el crimen en todas sus expresiones. A los destructores no.
Y porque es de interés general, de necesidad nacional una fiscalía independiente, es necesario construir estado de derecho. Construirlo a partir de la denuncia del peligro que representa la consolidación de la ilegalidad por parte de la instancia llamada a proteger el orden constitucional. Construirlo a partir de requerir por todos los medios que la ley garantiza, la rectificación de un acto ilegal y destructivo del Estado de Derecho.
En el marco de esta crisis están los pasos hacia el quebrantamiento o hacia la consolidación del estado de derecho. La CC está obligada a conducirlo por el camino de la protección constitucional que significa no limitar ni un solo día, el ejercicio de la jefatura del MP. De lo contrario, sus magistrados lo harían un ente golpista cuya existencia dejaría de ser democrática.
RECTIFICACIÓN
Aunque el yerro fue corregido casi de inmediato, gracias a la eficiente labor de edición, debo una disculpa al público lector. En la columna de la semana pasada, Los caminos torcidos de Cynthia, consigné que la titular de la cartera de Educación había sido viceministra durante el régimen de Alfonso Portillo cuando, en realidad, fue burócrata en el gobierno de Álvaro Arzú Yrigoyen. Presento mis disculpas a la señora Del Águila por ubicarla con un gobierno distinto a su ideología y alterar su hoja de vida; a quienes presidieron los gobiernos en cuestión y; por supuesto, al público lector que recibió una información equivocada.
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