Conducta criminal

Estos servicios son físicamente insustituibles y por ello su conservación intergeneracional debe ponerse en el centro de las políticas de seguridad del Estado.

A no ser porque existan unas severas limitaciones mentales, un  desprecio absoluto por la vida misma o una subordinación absoluta del bien común a los más oscuros intereses particulares, no es posible comprender la indiferencia gubernamental ante los sostenidos y cada vez mas catastróficos procesos de agotamiento, degradación y contaminación ambiental que tienen lugar en todo el territorio nacional, arrasando incluso, con áreas de reserva establecidas  precisamente para garantizar, en cierta medida, los servicios arriba señalados. Como ejemplos de actualidad nada más véase lo que está sucediendo en Cuevas de Candelaria, Punta de Manabique, Biotopo del Quetzal, Reserva de Biosfera Maya, Lago de Atitlán, los manglares.

Y cuando no se legisla oportunamente, de acuerdo a la época y conforme los intereses nacionales; cuando no se persigue a los infractores de la Ley; o cuando el Gobierno, quien define y conduce la política pública,  de manera deliberada crea las condiciones para debilitar mecanismos de protección formal o de defensa social, para  irrumpir  en los ecosistemas, tal y como ocurre en esta administración, no se puede sino llamar a las cosas por su nombre: una conducta criminal.

Porque es criminal liquidar la matriz que nos sostiene; es criminal agotar lo que nos ha sido prestado de nuestros ascendientes; es criminal simplificar lo que es naturalmente diverso sin observar el principio precautorio; es criminal irrumpir en el añejo equilibrio construido entre los pueblos ancestrales y su entorno; es criminal transformar alevosamente cuando es conocida la incapacidad de restaurar y reponer; es criminal liquidar capitales naturales de primer orden y frecuentemente único, en espacios rurales habitados por personas indefensas;  es criminal ofrecer supuestos beneficios sociales de la transformación de los ecosistemas en medio de un mar de mediocridad y corrupción; es criminal anunciar la democratización de beneficios de la utilización de los ecosistemas cuando tales acciones están sustentadas por estructuras tan desiguales y excluyentes como perversas.

¿Hay contrapesos a tanta criminalidad? Afortunadamente sí y casi exclusivamente en los espacios rurales. Pero no son suficientes pues la escala de la criminalidad es demasiado grande y aplastante. La pregunta es. ¿Hasta cuándo va aguantar esta sociedad el saqueo y el envenenamiento impune de su propia matriz?