Con paso firme

Si se tratara de un guión de audio, el texto podría indicar que en segundo plano se escucha el coro marcando el un dos, un dos, un dos.
La expresión viva de generaciones que a lo largo de siglos han sido la parte, enorme, de este conglomerado que paga con su miseria, su desnutrición, su abandono, su dolor y su tristeza, el dispendio de la élite en el poder y en el control de la riqueza.

Al compás del redoblante, de manera sostenida, el gobierno oficializa su vocación y abre la nueva temporada de privilegios al instituto armado.

Como quien no quiere la cosa, pero con toda la garantía de la “certeza jurídica”, tres fincas nacionales han pasado a manos del Instituto de Previsión Militar (IPM), que los adquiere sin erogar un solo centavo pero que se agencia de bienes valorados en Q116.4 millones.

El primer terreno será destinado, según reporta Prensa Libre que informó el gerente del IPM, coronel Ricardo Barrios, para construir un Instituto Adolfo V. Hall. El otro terreno es parte de una finca en el Puerto de San José, terreno que ya se utiliza como centro recreativo para  militares retirados en tanto que, el tercer lote, ubicado en las cercanías del Campo de Marte, será destinado para parqueo vehicular.

Al mismo tiempo, en el Congreso de la República, tan dedicado a dilapidar el tiempo que se paga con nuestros impuestos, la dedicación se acelera en la discusión de una ley que ordene el pago del bono 14 a militares jubilados, quienes ya reciben su jubilación y continúan percibiendo las entregas regulares de “rancho” –abarrotes y alimentos–, siempre a cuenta de nuestros impuestos.

Finalmente y, sin hacer aspaviento pero cumpliendo sin demora la disposición, varias dependencias del Ejecutivo han hecho transferencias hasta por Q8 millones, de sus presupuestos al fondo de gasto del Ministerio de Defensa.

En contraste, las comunidades desalojadas de las instalaciones de la finca Chabil Utzá, continúan abandonadas a su suerte, destinadas a la miseria, sin un pedazo de tierra propia dónde vivir, ya no se diga con algo de tierra para trabajar y asegurarle la vida a su familia. De igual forma, miles, millones de hombres y mujeres en el campo y los barrios empobrecidos de esta ciudad, carecen de un trabajo digno que les asegure el ingreso y que les garantice una vejez protegida. La mitad de los niños y niñas que no alcanzan los cinco años de edad, atacados por la desnutrición que produce el sistema excluyente que nos rige, sobreviven condenados a una vida de miseria y de privaciones.

Ni los ancianos que carecen de techo o garantía de sobrevivencia, ni las niñas o niños que hemos condenado a la desnutrición, han dañado o perjudicado a esta sociedad en forma alguna. Por el contrario, son la expresión viva de generaciones que a lo largo de siglos han sido la parte, enorme, de este conglomerado que paga con su miseria, su desnutrición, su abandono, su dolor y su tristeza,  el dispendio de la élite en el poder y en el control de la riqueza.

Tierras que se cotizan a precios altos en la ciudad, destinadas a servir de estacionamiento, aunque millones carezcan de un pedazo en donde levantar una champa que no se lleve la lluvia cuando se ensaña contra la miseria. Ausencia de medicinas y suministros en los hospitales, eliminación arbitraria de programas sociales básicos que no resolvían la raíz pero ayudaban a palear la crisis.

La perversa indiferencia con que camina a paso marcial la decisión y el enfoque de acciones sociales del gobierno, solo pueden entenderse como la confirmación del ritmo al cual late su membrana cardíaca. Ritmo que no pasa del saludo uno, saludo dos y que se acompaña del eco de los redoblantes que silencian cualquier voz que intente indicarle que ha equivocado el rumbo. 

Iduvina Hernández. Mujer guatemalteca, defensora de derechos humanos. Ha sido reportera y jefa de redacción en la Agencia ACEN-SIAG, reportera redactora en revista Crónica, así como integrante de su Consejo Editorial. Docente de periodismo en la Universidad Rafael Landívar y en el Programa Centroamericano de Periodismo (PROCEPER). Entre otros, obtuvo el Galardón a la Excelencia Periodística, de APROFAM (1990); el Premio Centroamericano de Periodismo sobre Refugiados, de ACNUR (1994); y el galardón a la mejor columna de opinión escrita, de UNICEF (2000). En 1996 se dispuso a tomar un año sabático del periodismo y ha superado la década en el campo de los derechos humanos.

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