Ante los lamentables hechos de violencia ocurridos el pasado jueves 4, que produjeron la muerte de 8 personas y más de cuarenta heridos, afectando directamente a la comunidad quichelense de Nahualá y Totonicapán, y que alimenta un repudio nacional generalizado, la Universidad Rafael Landívar hace un llamado urgente, a:
Los organismos del Estado de Guatemala:
-A realizar una investigación profunda y exhaustiva de los dolorosos acontecimientos que condujeron a la pérdida de valiosas vidas humanas de integrantes de las comunidades y cantones de Totonicapán; deducir las consecuentes responsabilidades penales a quien corresponda según la ley; y a resarcir como es debido, a las familias afectadas por estos incidentes.
-A actuar responsablemente en el ejercicio del estado de derecho, tomando en cuenta que, como reza en el artículo 1 de la Constitución Política, el Estado es garante de la preservación de la vida. Siempre debe prevalecer el derecho a la vida y otros derechos fundamentales frente a la promoción y mantenimiento de otros legítimos derechos ciudadanos, como el derecho a la libre locomoción, especialmente en situaciones críticas de eclosión social.
-A comprometerse a realizar un manejo objetivo y cuidadoso de la información, fortaleciendo al sector justicia para que se den explicaciones e interpretaciones imparciales y apegadas a derecho.
-A responsabilizar y fortalecer a las instancias creadas para la prevención y resolución consensuada de conflictos, a redoblar los esfuerzos para la utilización de estrategias que permitan alcanzar acuerdos e implementarlos con efectividad.
-A garantizar a todo nivel en los organismos del Estado, mayor iniciativa y prontitud para escuchar y resolver las demandas y necesidades de las comunidades; respetar la dignidad e integridad del ser humano, actuando con base en el principio de proporcionalidad; mantener coherencia entre los propósitos y resultados de su actuación en favor del orden público, así como obviar el uso de la fuerza militar en la conservación de la paz social.
A las comunidades afectadas y sus expresiones organizativas:
-A procurar y cuidar la paz social alcanzada tras los Acuerdos de Paz de 1996. Frente a estos momentos de agitación, que ponen en riesgo nuestra incipiente gobernabilidad, corresponde guardar calma y tomar conciencia que esa paz es reversible, frágil y no termina de echar raíces; de lo contrario podemos volver a sumergirnos en una dinámica de confrontación y violencia, que afecta a todos, y en especial, a los sectores históricamente más excluidos.
-A contribuir a resolver, conciliada, paulatina y en forma realista, las causas estructurales e históricas que alimentan la conflictividad social.
-A acudir a la protesta pública y masiva como último recurso en el legítimo planteamiento de sus necesidades y demandas. Y cuando esta protesta se torne inevitable porque se han agotado los medios previos e institucionales existentes para el efecto, hacerlo de forma pacífica y suscitadora del respaldo y de la simpatía del resto de la población.
A la sociedad guatemalteca en general, las organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial, sector religioso, sector académico, medios de comunicación social y comunidad internacional:
-A empeñar y exigir a los líderes políticos, de oposición y del partido oficial, a no poner en peligro la gobernabilidad democrática.
-A requerir a los líderes sociales, líderes comunitarios y cualquiera que desee ejercer su derecho constitucional de manifestación, a que lo hagan dentro del marco legal, si bien de forma enérgica y contundente, también en armonía con valores de tolerancia, paz, bien común y, sobre todo, respetando los derechos fundamentales del resto de la población; a fin de que el ejercicio de sus derechos no resulte en el enardecimiento de los ánimos que pongan en riesgo la vida de las personas que protestan, de aquellos que tienen la tarea de garantizar el orden público, así como de terceros.
-A implicar a todas las expresiones de la sociedad guatemalteca, a impulsar un pacto social en el que se subordine la lucha por el poder a la convivencia democrática, y a propiciar un ambiente en el que prevalezca la cultura de la vida y la plena vigencia de los derechos humanos.
Expresando nuestras condolencias a los familiares de las víctimas, reiteramos nuestro compromiso en favor de una paz cimentada en la justicia social, como motor del desarrollo integral y sostenible; paz que es don de Dios y tarea de todos.
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