En febrero pasado, el Ministerio de Economía (MINECO) y el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) presentaron su agenda de competitividad. Existe el riesgo que esta agenda degenere en la consolidación del club de empresarios mediocres y flojos que hoy dependen de los privilegios fiscales para poder subsistir, en detrimento de los empresarios realmente eficientes y competitivos que sí pagan impuestos. Y es que por un lado a estos últimos se les está aplicando la mano dura tributaria, pero por otro al club de los mediocres y flojos se les aplicaría una mano aguada y retrógrada, permitiendo que unos no paguen los impuestos que otros sí pagan responsable y competitivamente.
Quiero creer que el MINECO y el PRONACOM, ya no son las entidades en las que los empresarios flojos y mediocres han encontrado un santuario proveedor de privilegios como exenciones al impuesto sobre la renta, abusos sin sanción contra trabajadores y consumidores, contingentes arancelarios, y así un largo etcétera. Privilegios que en repetidas ocasiones he señalado no solo de perversos, sino también de inútiles.
El desafío es lograr superar el perfil servil y rastrero que ha caracterizado nuestra política de atracción de inversiones. En este momento, el gobierno tiene las manos limpias, mesa despejada para proponer las reformas legales necesarias para, de verdad, hacernos más competitivos.
En la agenda presentada en febrero se habló de educación, salud y seguridad, y de los denominados incentivos de tercera generación a la inversión. Estas serían reformas que no perjudiquen a quienes sí pagan impuestos y compiten sin recurrir a privilegios y otras trampas, según lo mandan los principios constitucionales de igualdad y justicia tributaria.
Una reforma para una competitividad real tiene necesariamente entonces que lograr que nuestros trabajadores no estén en desventaja por deficiencias en salud y educación (en Guatemala sufrimos de 50% de desnutrición infantil, y en promedio solo tenemos 4.5 años de escolaridad), con los de, por ejemplo, Costa Rica y Panamá (con 9 años de escolaridad promedio). Lograr procesos ágiles, eliminando trámites engorrosos y aduanas lerdas, infraestructura de calidad y seguridad ciudadana efectiva y no violenta.
En lo tributario, estas reformas deberían condicionar, reducir y racionalizar las exenciones. Por ejemplo, para las actividades o regímenes especiales basados en la reexportación como la maquila y las zonas francas, las exenciones de IVA a importaciones y derechos arancelarios tienen sentido, pero no la exención de impuesto sobre la renta, la cual debería eliminarse.
El PRONACOM habla de una cultura de medir resultados. Pues muy bien, se esperaría entonces que se condicionen todos los incentivos, (en especial las exenciones de impuestos), a resultados verificables como empleos nuevos. Además, debe fortalecer la capacidad de sanción, creando la procuraduría de defensa del consumidor, y un sistema de indicadores y evaluación de los resultados de las empresas beneficiadas con incentivos tributarios.
Toda empresa receptora de incentivos fiscales debe ser estrictamente transparente, sujetándose al escrutinio ciudadano, en calidad de entidad receptora de privilegios que debe justificar. Y la única justificación aceptable debe ser la verificación del valor social de los resultados de esos incentivos.
Está por verse si las iniciativas de ley que en los próximos días el Ejecutivo le presentará al Congreso, contienen estos lineamientos básicos para un programa de competitividad real, efectiva y transparente. De lo contrario, tendremos más de los mismos privilegios injustos que hemos permitido hasta ahora, generadores de pobreza y pérdida de competitividad.
Más de este autor