Como una operación de Asuntos Civiles…

En una de mis columnas anteriores, me referí al concepto de cadena de mando, y cómo este puede ser utilizado para comprobar la responsabilidad de los superiores de una estructura jerárquica militar, en las acciones que ejecutan los escalones subordinados.
Las Unidades de Asuntos Civiles tenían la capacidad de planificar y ejecutar operaciones que permitían crear pequeños laboratorios sociales, a través de operaciones psicológicas, en los cuales se experimentaban con los efectos del rumor y el miedo.

En la cadena de mando, juega un papel imprescindible la figura del Estado Mayor, como un cuerpo de oficiales con diversas especialidades, que apoyan a un comandante en la toma de decisiones. Una de esas especialidades es la de Asuntos Civiles, D-5, o G-5 en los escalones subordinados. La función de Asuntos Civiles es realizar acciones que permitan ganar la confianza o mantener el control de la población civil en una zona ocupada. Y es que normalmente, las compañías de Asuntos Civiles operan en ejércitos de ocupación, como las fuerzas internacionales que intervienen en una operación de paz.

Durante el conflicto armado interno, a las Unidades de Asuntos Civiles, desplegadas en los más de 300 destacamentos que existieron en toda Guatemala, les correspondió un importante papel en la obtención de información social, complementaria a la de la Inteligencia (G-2) toda la cual servía de base para elaborar planes de campaña y operaciones. De acuerdo al Manual B21 del Ejército de Guatemala, las compañías de Asuntos Civiles se encargaban de montar sistemas que permitían recopilar, a través de los IPAC (informes periódicos de asuntos civiles), información tan variada como el número de camas de hotel disponibles en una comunidad, hasta las opiniones en aspectos políticos de funcionarios públicos, autoridades comunitarias, religiosas, etc. Al mismo tiempo, las G-5 tenían la capacidad de planificar y ejecutar operaciones que permitían crear pequeños laboratorios sociales, a través de operaciones psicológicas, en los cuales se experimentaban, por ejemplo, con los efectos del rumor y el miedo. 

Los sucesos de los últimos días en torno al juicio contra el general Ríos Montt, recuerdan un poco el modus operandi de estas unidades. Además de una estrategia jurídica, que ha utilizado todos los recursos a su alcance para dilatar el proceso, se han ejecutado acciones que consiguieron trasladar el litigio fuera de los tribunales. Estas acciones se han ejecutado en al menos tres ejes coordinados. El primero de ellos tiene que ver con el tratamiento mediático del juicio, banalizándolo y convirtiéndolo en una especie de producto enlatado, insistiendo repetidamente en que el final de la historia, el fallo es ya ampliamente conocido y acabará en una condena. En este eje, fue de particular importancia restarle importancia a los testimonios de las víctimas, para elevar el perfil de juzgadores, abogados y la audiencia del proceso. Así se ha podido apuntar a la injerencia extranjera por la presencia de embajadores y funcionarios de organismos internacionales en la sala de audiencias.

En segundo lugar, los pronunciamientos de diversos sectores contrarios al proceso, que han creado la impresión −falsa o no− de que existe un amplio respaldo social a una propuesta de no juzgar los hechos del conflicto armado interno, para evitar un mal mayor: la polarización social. Aquí ha sido clave que los pronunciamientos hayan venido de diferentes voces, lo que genera la impresión que un grupo creciente de ciudadanos se ha levantado para impedir, patrióticamente, que su país sea tildado de genocida. Por otro lado, se eleva un espíritu de defensa de una las pocas entidades que gozan de confianza entre los guatemaltecos: el ejército, que no está sentado en el banquillo de los acusados.

Y el tercero, es un golpe magistral ya utilizado por los creadores del Fusiles y Frijoles: traer ixiles a negar públicamente que existió un genocidio contra los ixiles. Touché. No hay que negar que la técnica del acarreo la han utilizado todos los políticos que hayan hecho una campaña en éste y otros países de la región, pero en este caso, la vistosidad de los trajes típicos con las pancartas nuevas y relucientes de 'aquí no hubo genocidio', tuvieron el efecto deseado sobre cualquier espectador que hasta entonces se había manifestado neutral.

El pasado martes, la edición electrónica de El País incluía una nota sobre las investigaciones que la fiscalía de Stuttgart realiza contra Hans Lipschis, uno de los últimos guardias del campo de exterminio de Auschwitz.  Lipchis tiene hoy 93 años, y dice no haberse enterado del holocausto, ni recordar nada relacionado a tales sucesos, pese a que su hoja de servicios señala que estuvo destinado a ese campo, a partir de 1941, hasta prácticamente el final de la guerra. Se estima que en Auschwitz murieron alrededor de 1.3 millones de personas.

Pese a que el Holocausto judío sucedió hace más de 70 años, el fiscal del caso, señaló que “no se trata de poner ancianos nonagenarios entre rejas”, sino de “ofrecer justicia a las víctimas”.

Eso es lo que hemos olvidado en este punto del proceso, aquello que el fiscal alemán reconoce como primordial: justicia para las víctimas. Para todos aquellos que pasaron a rendir sus testimonios frente a un tribunal para describir la brutalidad de lo acaecido entre 1982 y 1983. Y la dignidad de las víctimas, que han esperado 30 años, merece respeto.

Como una reflexión final, cabe preguntarse, el por qué la sociedad civil, que tan elaboradamente tejió su estrategia jurídica, no supo entender el riesgo latente, de una operación de esta naturaleza. 

Míchel es ecuatoriano, aunque vive y ha hecho su vida en Guatemala desde el año 2000 . Es abogado por la Universidad Católica de Quito. Ha trabajado para Naciones Unidas y varias agencias de cooperación internacional, especialmente en temas de relaciones laborales y economía.

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