Cómo secuestrar al sistema de justicia

No hay que perder de vista que con la nominación de estos funcionarios está en juego la independencia judicial, uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de cualquier sistema democrático, por incipiente que éste sea.

Por lo menos cuatro grupos de poderes fácticos pueden ser identificados en su afán por controlar los tribunales y la fiscalía en su propio beneficio, infiltrándolos y controlándolos a través de operadores de confianza, capaces de forjar fallos, detener o desviar investigaciones, e interpretar leyes en su propio beneficio. No se puede afirmar que exista un gran plan maestro, pero llama la atención cómo estos grupos, bastante heterogéneos, confluyen en un interés común. De esta forma, en una combinación sui generis, coinciden quienes buscan detener la persecución penal de los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, con quienes pretenden usar – nuevamente− la jurisdicción penal como herramienta privilegiada para reprimir las conflictividad social. A éstos deben sumarse los interesados en evitar investigaciones sobre casos de corrupción, y por supuesto, el crimen organizado, que por su naturaleza, requiere de un vínculo con el sistema de justicia.

Los fuegos parecen estar próximos a romperse en el caso de la Fiscal General, y el detonante es la interpretación de la duración de su mandato. Existe una posición que pretende acortar, seguramente a través de una decisión de la Corte de Constitucionalidad, el período de la fiscal hasta mayo de 2014, lo que obligaría a iniciar el proceso de la respectiva Comisión de Postulación a inicios del año entrante. Esta interpretación pasaría por alto que la Fiscal fue nominada en un proceso diferente al de Conrado Reyes, para un período que debe finalizar en diciembre de 2014.

Como lo denunciaba Martín Rodríguez en su columna del día martes pasado, se está montando una campaña en contra de la Fiscal, que tiene por objeto desprestigiarla, para facilitar esta captura de la fiscalía. Esta campaña de orden mediático busca poner en tela de duda los avances conseguidos por el MP en la lucha contra la impunidad, lo que resulta paradójico con base a los logros de la gestión de Claudia Paz, reflejados en una capacidad de respuesta antes desconocida en el medio, producto de una investigación criminal que va más allá de la cambiante voluntad política de las instituciones estatales.

En este contexto, caben dudas acerca de si la CICIG podría cumplir un rol semejante al que jugó con las comisiones de 2009. Parece poco probable que esta institución llegue a tiempo y forma para este proceso, dado que el reemplazo del Comisionado Dall'anese no ha sido aún nombrado, y que su llegada al país, en el mes de septiembre, coincidiría con los preparativos del  proceso de comisiones de postulación. Poco o nada de tiempo tendría el nuevo comisionado o comisionada, para conformar su equipo, empezar a gobernar la casa, y dar un seguimiento efectivo a este proceso.

Se hace necesario vigilar que las Comisiones de Postulación cumplan su trabajo con un estricto apego a la ley y la ética, para elegir a personas probas y honorables que puedan desempeñar estos cargos. Y esta vigilancia debe consistir tanto en ejercer las tachas contra aquellos elementos indeseables, como de incentivar a los profesionales del derecho honestos a presentarse y postular sus candidaturas. Para esto, las comisiones y las instancias de vigilancia de las labores de éstas, no deben funcionar como un el tribunal del santo oficio, destruyendo reputaciones y carreras innecesariamente y sin fundamentos.

Nos espera un ejercicio largo y complejo, del cual depende  la integridad del sistema de justicia y el estado de derecho. En este proceso la neutralidad no es una opción.