Pratt y Godsey (2003) evaluaron el modelo teórico que integra dos variables explicativas de la violencia homicida: la asistencia social o altruismo y la desigualdad. Lo hacen empíricamente con datos internacionales.[1] Encontraron que: 1) a mayor asistencia social (medida como el porcentaje que cada país dedica a la salud pública), menores tasas de homicidios; 2) a mayor desigualdad económica (medida como la relación entre el ingreso medio del quintil más rico respecto el más pobre), mayor violencia; y 3) ambas variables interactúan entre sí. Aprovecho la lectura de este ensayo para resumir los principales argumentos que ellos revisan sobre cómo la (des)igualdad, y no la pobreza, es un factor estructural que estaría explicando mayores o menores niveles de violencia homicida.
A este nivel de análisis macro, quienes entienden la asistencia económica como una variable crucial para explicar las tasas de criminalidad, por medio de diversos mecanismos, también afirman que la desigualdad económica puede generar criminalidad, no solo porque expone a los individuos a una carencia relativa, sino porque también inhibe el desarrollo de redes sociales de apoyo. Lo cual sugiere una interacción entre ambas variables, al menos teóricamente.
La teoría de la anomia social de Merton (1938), que sostenía que la estratificación social en los EE.UU. restringía el acceso a oportunidades legítimas para la movilidad social ascendente y, por lo tanto, inducía al crimen, ha sido reformulada por Messner y Rosenfeld (2001) para indicar que el nivel de criminalidad en los EE.UU. depende de un “Sueño Americano” cuyo énfasis cultural se pone en el éxito económico, mientras que la estructura institucional está dominada por la economía. Lo cual dificulta que otras instituciones, como la familia, la educación o la política, faciliten vías alternativas al crimen.[2]
Para estos autores, la desigualdad económica es un indicador de las barreras estructurales que impiden el acceso de todos los individuos a medios legítimos para alcanzar el éxito económico. La asistencia social contribuye a alterar el desbalance social que favorece a la economía en detrimento de otras instituciones. Entonces, el fortalecimiento de esas instituciones no-económicas implicaría mejores controles contra el impulso criminal de una sociedad economicista.
Por otro lado, las teorías que enfatizan la frustración y el enojo como explicación del crimen han reformulado su planteamiento, originalmente elaborado a nivel individual, para aplicarlo a nivel agregado de la siguiente manera: el estrés es una motivación importante para cometer crímenes (Agnew 1999). Los altos niveles de desigualdad en el ingreso conducen al estrés y frustración. Estos sentimientos de carencia relativa son los que aumentan las probabilidades de interacción entre individuos frustrados y enojados, las cuales terminan en violencia.[3]
Es decir, cuando hay demasiada desigualdad en una sociedad, los excluidos se comparan con los privilegiados y deciden que ellos también desean y merecen lo que los otros poseen, y llegan a la conclusión que no lo pueden obtener por medios legítimos, por lo que recurren a la fuerza y el engaño. Este sería, según estos teóricos, el germen del crimen y la violencia en sociedades muy desiguales. La asistencia social, por lo tanto, jugaría un papel importante en la reducción de los niveles de estrés, frustración y enojo, de individuos que viven en una sociedad desigual donde no todos pueden alcanzar el éxito económico de forma legítima.
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[1] Pratt, Travis and Timothy Godsey (2003). “Social Support, Inequality and Homicide: A Cross-National Test of an Integrated Theoretical Model”. Criminology, 41 (3), ProQuest, pp. 611-643.
[2] Merton, Robert (1938). “Social Structure and Anomic”. American Sociological Review, 3:672-682. Messner, Steven and Richard Rosenfeld (2001). Crime and the American Dream. Belmont, California: Wadsworth.
[3] Agnew, Robert (1999). “A general strain theory of community differences in crime rates”. Journal of Research in Crime and Delinquency, 36:123-155. Una de las investigaciones pioneras sobre la relación entre desigualdad económica y crimen violento fue la de Blau, Peter y Judith Blau (1982). “The cost of inequality: Metropolitan structure and violent crime”. American Sociological Review, 47:114-129.
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