Afortunadamente, la gran mayoría de las ONG que funcionan en Guatemala continúan sirviendo a propósitos legítimos y de gran valor social, producto de la ausencia total del Estado para mucha gente y en muchos lugares. O cuando el Estado sí se hizo presente, fue mediante un ejército asesino y represor en el marco de una guerra sanguinaria, escenario en el que en muchos casos las ONG fueron sinónimo de resistencia y reivindicación de marginados y oprimidos.
Pero desde la década de 1990 surgió un adefesio corrupto e ilegítimo: la ONG contratista, receptora de fondos del presupuesto estatal para construir obras de inversión pública en infraestructura. El desmantelamiento de la institucionalidad del Estado creó estructuras paralelas para la ejecución de gasto público, como los fondos sociales con fideicomisos como unidades ejecutoras, en los que floreció el abuso de los recursos públicos.
Por un lado, la incapacidad del Estado para proveer servicios de salud obligó a que el Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS) se apoyara en ONG legítimas; pero por otro, los fideicomisos como Covial o Fonapaz empezaron a subcontratar empresas privadas de “cartón” disfrazadas de ONG. Así, el mecanismo administrativo estatal que permite la subcontratación de una ONG de parteras, que salvan vidas respetando prácticas culturales y comunicándose en el idioma de la comunidad rural beneficiaria (generalmente el único servicio de salud disponible en el lugar), hoy es el mismo para subcontratar una ONG espuria para canalizar fondos del presupuesto de inversión pública a intereses político partidarios, o el simple robo y saqueo del erario público.
Pero de vez en cuando, la madre naturaleza actúa a favor de la ciudadanía, como con el terremoto del 7 de noviembre que evidenció la danza de impunidad y crueldad entre ONG espurias, consejos departamentales de desarrollo, municipalidades, diputados, alcaldes, financistas de campañas electorales y demás criminales. El edificio de la gobernación departamental de San Marcos, construido por la ONG Corporación de Servicio y Apoyo para el Desarrollo Comunitario (Corsadec), o el Centro Regional Universitario Santa Cruz del Quiché, ambos inservibles ya que su construcción defectuosa no resistió el terremoto, son ejemplos que enardecieron a la opinión pública.
¿Qué hacemos para poner alto a este aquelarre de corrupción criminal? Algunos avances hay. Hay leyes vigentes que prohíben a los ministerios, fondos sociales y secretarías de Estado contratar ONG constructoras. Pero por un lado se violan sin sanción, alimentando y oxigenando la impunidad. Por otro, esta legislación no alcanza a las municipalidades y consejos departamentales de desarrollo, hoy cloacas de impunidad y corrupción.
Pero incluso hay legislación nueva propuesta y en estado avanzado de aprobación. Por ejemplo, la iniciativa de ley 4461 logró el dictamen favorable de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia. Sin embargo, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se niega a dictaminarla.
Así, hay avances pero no se ve la voluntad política del gobierno actual por pasar del discursito fácil a la acción seria. En cambio, el Gobierno nos ofrece payasadas como la de firmar un vidrio por la transparencia, como si no fuera suficiente el bochornoso fracaso de la Secretaría de Control y Transparencia, que además de inefectiva, resultó inconstitucional.
No, frenar a las ONG corruptas requiere mucha valentía y trabajo. Por el Gobierno, desafiar a quienes financiaron su campaña electoral, deseo de hacer gobierno y ejercer el poder político legítimo, dejando de lado los negocios. De la ciudadanía, también valentía, acción y levantar la voz con crítica informada y propuesta viable.
Entonces, ¿manos a la obra?
Más de este autor