El pago del salario mínimo ha sido reemplazado en la práctica por un salario mal llamado por productividad, que se traduce en la imposición de metas —pago condicionado a cosecha de cierto número de unidades— que resultan en trabajo infantil y en una remuneración promedio de Q50 para un núcleo familiar de cinco personas. Las jornadas laborales se extienden más allá de las ocho horas diarias; se desconocen prestaciones como bono 14, aguinaldos y vacaciones; no existe afiliación a la seguridad social; se discrimina a las mujeres, que no reciben un pago igual por igual trabajo… Toda una combinación vergonzosa, convenientemente aderezada con una sistemática violación a la libertad sindical.
Al panorama que presenta Codeca hay que reconocerle el enorme mérito de haber levantado información de campo para poner los puntos muy claros a través de una metodología cuidadosamente desarrollada. Sin embargo, al poner en perspectiva los hallazgos de este estudio, hay que reconocer que lamentablemente no se está diciendo nada nuevo sobre la situación de los trabajadores agrícolas, ya que básicamente nada ha cambiado en el agro mientras se negociaban las soluciones políticas surgidas del impasse en el DR-Cafta y en la OIT.
Las cifras de la ENEI 2012 dan cuenta de este mismo panorama con un desglose de la realidad en porcentajes: la actividad con mayor presencia de trabajo infantil es la agricultura, con un 67.1 % del total nacional; las jornadas laborales exceden las 12 horas; y el salario promedio en la agricultura es Q746 al mes, siendo el ingreso más bajo de todas las actividades económicas del país, al mismo tiempo que la agricultura es el sector que mayor porcentaje de empleo genera, con un 32.3 % de la población ocupada.
Casi simultáneamente, en la ciudad de Guatemala, la Cámara del Agro informó a la OIT de los avances registrados en el cumplimiento de su política laboral, en vigor desde hace 18 meses. Esta política se fundamenta en las Normas Internacionales del Trabajo, especialmente en los ocho convenios fundamentales, e incluye estrategias para fomentar el cumplimiento de la legalidad, la ampliación de la cobertura social y la creación de condiciones para la eliminación del trabajo infantil. En esta política se incluyen acciones para el sector privado y para el Gobierno.
Este esfuerzo del sector privado no debe ser menospreciado en forma alguna. Se reportan avances valiosos en los ámbitos de la elaboración de manuales de buenas prácticas, la capacitación, el fortalecimiento del diálogo social, la creación de modelos de contratos de trabajo y reglamentos internos preaprobados por el Ministerio. Sin embargo, falta un largo camino para que estas prácticas sean implementadas en los centros de trabajo del sector agrícola.
Y es que la realidad de los derechos laborales golpea de forma grosera en la cara de quienes buscan transformaciones al nivel de la política pública, que no se acompañan del fortalecimiento de las instituciones que deben verificar e imponer el cumplimiento de la ley.
Uno de los casos que reflejan esta dualidad no vinculante entre la realidad y la práctica se puede encontrar en la finca El Murciélago, en Izabal. Los trabajadores de esta participaron en uno de los proyectos con mayor presupuesto de la agenda complementaria del DR-Cafta. Durante dos años, con la anuencia de su patrono, fueron capacitados en las leyes laborales y en cómo ejercer sus derechos. Al finalizar el proyecto, y a los pocos días de haber recibido sus respectivos diplomas, los trabajadores fueron despedidos y liquidados por su patrono, aparentemente conforme a la ley.
Este proyecto consta en el sitio web de la organización que lo implementó como un éxito rotundo y como una muestra de apertura del sector privado. Sin embargo, hace más de un año que los extrabajadores de El Murciélago no consiguen empleo, pues sus nombres estarían registrados en la lista negra de quienes realizan actividades sindicales.
A nadie se le puede escapar que esta combinación de prácticas laborales contrarias a la ley, la falta de una autoridad estatal que la imponga y una cooperación que no sabe cómo no hacer daño son una garantía de perpetuidad para la pobreza. Y en esas condiciones no hay productividad que valga, a ningún plazo.
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