Hubo un momento en el cual Honduras, El Salvador y Guatemala tenían un PIB per cápita superior al de Singapur. Hablo de los años 50 y 60 del siglo pasado. Francamente, no hace mucho tiempo. ¿Qué hizo esta pequeña nación del sur de Asia para crecer exponencialmente y tener hoy un ingreso ocho veces mayor que el de un centroamericano promedio?
Inicio la conversa sobre el auge del crecimiento económico de Singapur con una frase de Lee Kuan Yew, primer ministro de ese país de 1959 a 1990: «Si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares». Sin duda alguna, eso es algo a lo que jamás se comprometerían los presidentes del Triángulo Norte: Jimmy Morales, Juan Orlando Hernández y Salvador Sánchez Cerén.
De acuerdo con Transparencia Internacional, Guatemala, Honduras y El Salvador están dentro de los países más corruptos del mundo, mientras que Singapur se encuentra dentro de los 10 países más transparentes del globo.
Esta nación se independizó de Malasia en 1959 y en 1960 promulgó la Ley de Prevención de la Corrupción. Nótese que los resultados en política pública no se ven de la noche a la mañana, pero una de las primeras acciones para minimizar la corrupción fue pagarles mejores sueldos a los funcionarios públicos. ¿Absurdo? No, pues de ese modo dejaron de ser presa fácil del soborno. Piense en los casos de los magisterios guatemalteco y hondureño, con bajos salarios y pactos colectivos que comprometen la toma decisiones en los ministerios de Educación y de Finanzas y que promueven candidatos presidenciales.
Además de incrementar los salarios de los funcionarios públicos, Lee tuvo cero tolerancia con la corrupción. Esto implicó que muchos funcionarios de alto nivel de los sectores público y privado fueran a la cárcel. Y la autoridad que vela por la transparencia puede incluso arrestar a las personas sin requerimiento del Ministerio Público. También puede investigar no solo al sospechoso, sino a sus familiares (Samuel Morales) y cualquier otro acto corrupto que se deduzca del primero, y hasta castigar el soborno (aunque no llegue a concretarse) con al menos USD 100 000 de multa, cinco años de prisión y la condena de nunca volver a ser empleado público o participar en negocios con el Estado. Por cierto, la ley se aplica a actos corruptos de los ciudadanos dentro y fuera del país.
Para que esta legislación funcionara se requirieron cuatro aspectos básicos. Uno de ellos es suficiencia de recursos para el sector justicia. Al menos en el caso de Guatemala, en los últimos años se han destinado mayores asignaciones presupuestarias a esta finalidad. Además, la cooperación internacional financia a la Cicig en el caso de Guatemala y a la Maccih en el de Honduras.
También se requirió de leyes conexas que apoyaran la transparencia, así como un sistema de justicia eficaz. Pero todo ello descansó en un fuerte apoyo político de los gobernantes. ¿Recuerda la crisis iniciada en Guatemala por Jimmy Morales al declarar no grato al comisionado Iván Velásquez y el discurso de aquel en Naciones Unidas con el fin de limitar el papel de la Cicig en el país? ¿Recuerda el caso de la estafa al seguro social en Honduras (sí, con una empresa que fue la principal financista de la campaña electoral de Juan Orlando Hernández)?
Cuando las élites económicas preguntan dónde está la agenda de crecimiento económico, valdría la pena que voltearan a ver el caso de Singapur, un claro ejemplo de que una agenda de crecimiento económico, la generación de empleo y la lucha contra la pobreza pasan primero por una férrea batalla contra la corrupción, la cual no es una cuestión ideológica, de izquierda o de derecha, sino un tema de honrados contra corruptos.
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