Comienza la campaña con avances y desafíos

Los avances, disparejos y con contradicciones, están sobre la mesa. Durante el tiempo de los gobiernos civiles, la esperanza de vida aumentó de 57 años en 1980 a 70,2 en 2010. El promedio del crecimiento económico ha sido superior al 3%, lento en comparación a otros países en vías de desarrollo, pero ha logrado empatar al crecimiento demográfico. Éste se encuentra en 2.6% y según los cálculos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), llegará a ser de 1.9% en 2025, con lo que la población dejará de crecer.

“Hay una dinámica de la sociedad de la que brotan diferentes tendencias de progreso, con demanda de educación, organización, empresarialidad; un potencial que se basa en los propios esfuerzos de los ciudadanos y da frutos, pero tiene la gran contradicción en la escasez de Estado, que impide que el desarrollo sea integral”, apunta Gustavo Porras, sociólogo y analista político.

Esta ausencia del Estado genera distorsiones en las estadísticas y en la realidad nacional. Disminuyen los índices de pobreza –en 1985 era superior al 65% y en la última encuesta nacional de 2006 el porcentaje era de 51%–, y surge una creciente clase media todavía frágil que no cuenta con una educación de calidad o con buenos hábitos alimenticios, por citar dos ejemplos. Tampoco con seguridad social o bienes públicos que garanticen que no regresará a la pobreza.

“El pueblo guatemalteco ya no se cree todo lo que le dicen y los políticos deberían enfocarse ya no en el qué, sino en el cómo. Enfocarse no sólo en lo que van a hacer, sino de dónde sacarán los fondos; y que no vayan a lugares comunes como ampliar la base tributaria o mejorar la recaudación”, continúa.

Bernardo López, economista relacionado al sector cooperativo y al agrícola, coincide con la percepción sobre los avances. “Como dice Almodóvar en un diálogo de una de sus películas, aunque no estemos conscientes todos, aquí ha cambiado algo y no estamos peor. Hay mejoras en los principales indicadores, es más lenta de lo que se necesita, pero existe”, reconoce. Eso sí, señala que hace falta comprender el equilibrio de los capitales, entre el económico, el social, el humano y el natural.

El PIB per cápita, la producción anual de cada guatemalteco, ha pasado de ser de US$4,206 (unos Q33,000) en 1980 a US$4,761 (Q36,700) en 2010. Aunque sostenido y dentro del promedio mundial, la tarea pendiente del país siguen siendo los indicadores sociales. La tasa de crecimiento en el Índice de Desarrollo Humano de 0,40 a 0,56 es lenta pero constante y según el Banco Mundial está cerca del valor promedio del crecimiento en el índice de los países que estaban arriba de Guatemala en 1975. Esto todavía coloca a Guatemala en el grupo de países de desarrollo intermedio.

Educación e internet

Más datos abonan en esta visión de una incipiente carretera hacia el bienestar. La alfabetización de adultos ha aumentado significativamente en las últimas tres décadas. De 46% de adultos alfabetos en 1980 antes de la democracia, en 2010 llegó al 75.3%, según el Programa Nacional de Desarrollo Humano de 2010, y la cobertura de educación primaria alcanzó casi al 90%.

La tasa bruta de matriculación anual a cualquier nivel —que es el porcentaje de guatemaltecos que este año están matriculados para estudiar desde nivel preprimario hasta universitario— se duplicó de 38% en 1980 a 70.5% en 2008.

La cantidad de usuarios de Internet, que en 2000 era de 0.7% y en 2008 era del 14.3%, continúa aumentando, hasta 17.1% el año pasado. El crecimiento de usuarios de la red social Facebook lo atestigua. De 769,140 guatemaltecos que utilizaban la red en agosto de 2010, en medio año creció hasta 1,122,140 en marzo de 2011; un crecimiento del 70%.

Este crecimiento en Facebook podría parecer baladí y ser un ejercicio de sociabilización superficial, pero la red ha servido también para convocar a manifestaciones políticas, es una arena para los candidatos y un porcentaje de las empresas dinámicas se comunican con sus clientes por esta vía.

Instituciones y participación política

La carretera pavimentada –aunque con agujeros– no sólo existe en los indicadores económicos y sociales. Es en el apartado de participación política y transparencia en las instituciones en donde el país ha registrado uno de los mayores avances en los últimos cuatro años. En mayo de 2009, con el escándalo del caso Rosenberg, la democracia guatemalteca atravesó su peor crisis. La influyente revista The Economist lo describió como la prueba para ver si el país era un Estado fallido. La prueba fue superada con creces. Tanto en la investigación criminal que hizo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), como por la participación ciudadana.

“Lo que se ha logrado en términos de auditoría social, ciudadana, en los procesos de elección ha sido extraordinario. Fue resultado de muchos jóvenes que salieron a las calles en mayo de 2009 y que canalizaron sus protestas en demanda de justicia, que culminó con la aprobación de la ley de Comisiones de Postulación. Es posible que muchos de estos jóvenes de camisas blancas no sepan en qué contribuyeron sus manifestaciones, pero la esta ley permitió que los procesos de elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, jefe del Ministerio Público, Contralor General, director del Instituto de la Defensa Pública y magistrados a la Corte de Constitucionalidad fueran públicos; que se conociera cómo votaba cada representante de universidades, de colegios profesionales e instituciones públicas. Los resultados de estas elecciones fueron por mucha diferencia, mejor que cualquier otra”, resume Gabriela Carrera, quien participó de estos procesos desde la Dirección de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar.

Que la Corte Suprema de Justicia tenga muchos abogados de prestigio y no sujetos a presiones mafiosas o que se haya designado una Fiscal General transparente, que pueda ser considerada una aliada por la Cicig y que inicia con carencias pero con resultados su mandato en materia de capturas a capos del narcotráfico o persecución a políticos acusados de corrupción, son dos de estos resultados.

La Cicig, en palabras de sus investigadores y sus socios guatemaltecos, ha logrado cambiar el paradigma en el país de que la impunidad no podía ser derrotada. Expertos en seguridad reconocen que ha detenido el avance de la captura del Estado, de las instituciones de seguridad y justicia. Queda por ver en los siguientes dos años y medio de mandato si puede revertir esta tendencia.

Aunque los índices de asesinatos se mantienen en los niveles epidémicos del último quinquenio, alrededor de 15 asesinatos diarios, estos números son menores a los más de 80 asesinatos diarios del quinquenio negro del conflicto armado interno (1979-1983). Que la desigualdad no disminuzca considerablemente y que se haya acentado el narcotráfico en el país incide en estos números.

El sistema muestra otras contradicciones que abonan hacia claroscuros. El porcentaje de más de 90% en impunidad en asesinatos empieza a ser contrarrestado con casos paradigmáticos. Durante estos últimos tres años de la CICIG se ha procesado en tribunales a quienes antes eran considerados como “los intocables”.

Cinco botones de muestra. Se capturó, juzgó y sentenció a los narcotraficantes responsables de la masacre de 15 nicaragüenses y un holandés; se capturó a los hermanos Valdés Paiz, primos de Rosenberg acusados de colaborar en su asesinato; se juzga desde hace un año al expresidente Portillo por corrupción; se apresó a la élite de la policía acusada de limpieza social y se siguen procesos de extradición contra el exministro Vielmann y su círculo más cercano; y se capturó a grandes empresarios por defraudación al fisco.

Avances en el gasto y transparencia

 El país, obviamente, tiene muchos retos que encarar en este proceso electoral y durante el próximo gobierno. Si bien Guatemala ha avanzado en el índice de transparencia presupuestaria o en el gasto social, todavía tiene carencias en la cultura política democrática, en la financiación del Estado y en el financiamiento de las campañas políticas.

El gasto en educación ha sido el que más aumentado y representa 16% del gasto estatal, el ministerio con más recursos. De 1980 a 2010, el porcentaje del PIB que se destina a educación subió del 1.8% al 3.2%. En la otra mano, el gasto en Salud está estancado en 2.1 desde 2005. La continuidad en el programa de transferencias condicionadas es un paso muy importante, opina Porras.

A pesar de la corrupción recurrente, el país ha dado pasos hacia la transparencia que no son tomados en cuenta. Guatemala obtuvo una calificación de 50/100 en el Open Budget Index (índice del presupuesto abierto), lo que lo sitúa en el mismo grupo en el que están Portugal, Italia, Rusia, y por encima de todos los países centroamericanos, incluyendo Costa Rica. La ley de libre acceso a la información es de vanguardia latinoamericana y también marcará un hito en la relación entre sociedad y Estado para la fiscalización.

Grandes retos: fiscalidad y financiamiento electoral

La financiación de los bienes públicos y la independencia de la política sobre los poderes fácticos son dos de los grandes desafíos durante esta campaña electoral. Dos reformas quedan pendientes después de 25 años de democracia: la reforma fiscal y la reforma electoral y de partidos políticos.

Se necesita trazar la línea para ir llenando el déficit estatal que pueda convertirse en una convergencia entre el dinamismo de la sociedad y la falta de Estado, afirma Porras. Una de las vías para cerrar esta brecha es una reforma fiscal. El país todavía tiene el porcentaje más bajo de recaudación fiscal. 10.5%. Insuficiente a todas luces para la construcción de bienes públicos de calidad en educación, salud, seguridad y justicia, seguridad social o infraestructura. La instancia del Consejo Económico Social puede ser una plataforma para propiciarla.

“Hay avances, luces y sombras. Nos hace falta muchísimo en institucionalizar partidos o que el elector tenga un poder menos desigual que el financista de campaña. A diferencia de hace 25 años, cuando había un monopolio en el financiamiento electoral desde el poder económico tradicional, ahora el financiamiento se ha diversificado; los partidos tienen algún grado de independencia”, observa Ricardo Barrientos, matemático y economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Cita la dinámica de la semana pasada, cuando el presidente Álvaro Colom convocó a los partidos a conversar sobre la necesidad de una reforma fiscal. El Cacif publicó un campo pagado advirtiendo a los partidos para que no asistieran y casi ninguno le hizo caso, algo impensable en 1984.

Esto no significa que el financista —ahora diversificado entre poder tradicional, poder emergente lícito y poder emergente ilícito— no tenga una hegemonía sobre el partido o sobre su candidato. El financiamiento privado hace que quien pone el dinero para anuncios en televisión, vallas, radios o mitines sea mucho más poderoso que el elector que lo observa y se limita a depositar su voto.

No obstante, la competencia tampoco será igual entre la Ciudad de Guatemala y el resto del país. La descentralización de los centros de votación cada vez más hacia áreas rurales y lejanas cambia el peso de la Ciudad, que antes era determinante para la elección. La última contienda, en la que la UNE se impuso al PP en una victoria del campo sobre la Ciudad, muestra que la tendencia se ha revertido respecto de la tradicional indispensabilidad metropolitana.

Con avances en los indicadores, dinamismo social y económico, el apoyo de la Cicig y haber sobrevivido a la crisis del caso Rosenberg por medio de las instituciones jurídicas y la participación ciudadana, el país y los ciudadanos que encaran un nuevo proceso electoral no son los mismos que en 1985 ni hace cuatro años. Como decía Heráclito, ninguna persona puede cruzar dos veces el mismo río; el agua no es la misma, ni la persona tampoco.