Si la afirmación de Menocal es verídica, significa que solamente con el uso del Estado de Sitio, es decir la restricción de garantías, es posible para el Gobierno ofrecer seguridad a las y los habitantes de ese o de cualquier departamento del país. Tanto el titular de Gobernación como su delegado en el departamento, es decir el gobernador de Petén, aseguran que los incidentes delincuenciales han disminuido, así como la presencia de personas armadas. Ambos hablan de un ambiente de tranquilidad en el norteño departamento, recientemente sacudido por la masacre en la finca Los Cocos.
Sin embargo, contrario a la afirmación de los funcionarios, la tranquilidad dista mucho de estar presente en las casas de las y los peteneros. Hay denuncias de abusos cometidas por las fuerzas de seguridad así como por autoridades locales. La imposición arbitraria de toque de queda, la detención irregular de personas (principalmente parcelarios), la destrucción y robo de bienes durante allanamientos en comunidades, así como la sustracción de vehículos, son entre otros, las denuncias presentadas sobre el actuar de las fuerzas de seguridad.
En Petén, según se desprende de los acontecimientos que sirvieron de base para la implantación del Estado de Sitio, operan desde hace años diverso tipo de estructuras criminales. Estructuras que han tenido y sostienen, vínculos claros con liderazgo político de distinta índole tanto oficial como de oposición. La investigación y la persecución penal a dichas estructuras es una tarea que puede ser emprendida por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pero, lamentablemente, su labor no es factible en el marco de la restricción de garantías.
Si bien las autoridades afirman que con el Estado de Excepción ha disminuido la presencia de personas armadas, que este sea el principal logro de una acción que restringe libertades y tolera abusos y arbitrariedades, deja mucho que desear. Sobradamente, se ha planteado que para disminuir los niveles de violencia es necesario reducir el número de armas en circulación, en todo el territorio nacional. Para esto, no hace falta imponer Estado de Sitio u otro grado de excepción, sino generar políticas de control eficaz de los permisos y combatir el uso de armas sin registro, en todo el país. Junto a ello, avanzar en el desmantelamiento de las estructuras involucradas en el tráfico ilícito de armas y en la venta de municiones para las mismas.
Hace ya cuatro años, la campaña electoral se acompañaba con el sonsonete de que “la violencia se combate con inteligencia”. Al parecer, la frase en el Gobierno fue acuñada al revés y mediante la imposición de estados excepcionales se ha combatido la organización social, se ha utilizado el recurso de la fuerza para agredir liderazgo comunitario (la región del Polochic es un claro ejemplo) y se ha violentado salvajemente el derecho a defender derechos.
Así las cosas, más que combatir la violencia con inteligencia, tal parece que la inteligencia se está combatiendo con violencia.
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