Colombia: Caída de fiscal general, victoria pírrica de la mafia

"Frente al fallo, por supuesto, por supuesto lo respetamos y lo acatamos, como debe ser", redundó Santos, aunque en el último año atacó varias decisiones clave de la justicia, y destacó que la Fiscalía encabezada por Morales "ha tocado sectores y personas muy sensibles". 

Respecto a perseguir la corrupción y el crimen, agregó, "no habrá ninguna solución de continuidad". 

En Colombia, la Fiscalía es un órgano investigador y acusador del Poder Judicial. El fiscal general es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna presentada por el presidente. 

Los periodos de la Presidencia y de la Fiscalía General son de cuatro años, pero no simultáneos. El fiscal debe ser cambiado un año antes. El diseño lleva implícita una cierta garantía de inmunidad de tres años para el mandatario saliente y sus funcionarios. 

Con el antecesor de Santos, Álvaro Uribe (2002-2010), ese diseño se rompió. Y no fue ni siquiera por el cambio constitucional que promovió para facilitar su reelección consecutiva en 2006, hasta entonces no prevista en Colombia. 

A partir de una investigación de la politóloga Claudia López, la justicia comenzó a aceptar la evidencia sobre la imbricación de políticos de todos los niveles con los grupos paramilitares de ultraderecha, incursos en crímenes de lesa humanidad. 

Las indagaciones avanzaban lideradas por la Corte Suprema de Justicia, competente para investigar y juzgar a parlamentarios y altos funcionarios del gobierno. 

Un tercio del parlamento bicameral fue encarcelado. Prácticamente todos los enjuiciados por la llamada "parapolítica" eran aliados políticos de Uribe. Entre ellos estaba su primo, el senador Mario Uribe. 

Por ello, la Presidencia puso en marcha en 2007 un cerco de espionaje, montajes y amenazas contra la Corte Suprema y sus integrantes, por medio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). 

El DAS pasó de agencia de inteligencia presidencial a convertirse en policía política. Actuó también contra la Corte Constitucional, defensores de derechos humanos, políticos disidentes y periodistas. 

El departamento murió en diciembre, pero es la almendra del conflicto en la elección de Fiscal General. 

El periodo del fiscal Mario Iguarán, exviceministro de Uribe y presentado por este, venció en agosto de 2009. Doce meses después terminó la era de ocho años del mandatario. 

En ese contexto conspirativo contra la Corte Suprema, los magistrados se abstuvieron durante un año de elegir fiscal general de las entrañas de Uribe. 

Fueron meses de presión ingente para que la Corte escogiera de las ternas que Uribe enviaba, y la ejercían, en gran parte, medios y analistas que decían defender el Estado de Derecho. 

Pero las presiones que exigieron el coraje mayor de los magistrados provenían del Ejecutivo, en primer lugar del presidente y de su ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, cuyo hermano, ex alto funcionario de la Fiscalía, estaba siendo enjuiciado por la Corte por sus vinculaciones con narcotraficantes. 

Cada vez que Uribe y Valencia chocaban con el tribunal supremo, el ministro amenazaba con reformar la justicia. El caso es que, si los magistrados hubieran cedido, incontables investigaciones y procesos no hubieran prosperado o siquiera nacido en Colombia desde 2007. 

Cuando Santos se posesionó en agosto de 2010, presentó una nueva terna que incluía a Morales. Nadie quería más disgustos o demoras en la elección del Fiscal General. 

Pero, entonces había cinco puestos vacantes en la Corte Suprema. Por ello los magistrados acordaron solucionar ese obstáculo modificando el reglamento ex profeso, para bajar el quórum necesario para elegir. Eso permitió la escogencia en diciembre de ese año de Morales, quien tomó posesión el 12 de enero siguiente. 

Fue el procedimiento que en la noche del martes 28 rechazó el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo. El nombramiento de Morales quedó sin efecto. 

Durante el primer cuatrienio de Uribe, la analista Claudia López descubrió la clave metodológica que sirvió a la Corte Suprema para develar la combinación entre crímenes, votos, paramilitares y políticos. 

El miércoles 29 desde Chicago, donde adelanta estudios, López tocó en Twitter la esencia del asunto. 

La Constitución no podía prever cómo elegir fiscal en caso de que "el presidente tuviera vínculos con mafias y conflictos de interés", como fue el caso de Uribe, expresó. 

Por eso, aunque la nulidad de la elección de Morales es una derrota jurídica para la Corte Suprema, "es victoria pírrica" para las mafias y el llamado uribismo. El "verdadero logro fue evitar que esas mafias impusieran un fiscal de bolsillo", agregó. 

López recordó que la "única forma legítima de domesticar a las elites mafiosas y violentas es la justicia. En eso estamos y debemos perseverar con el nuevo fiscal". 

Y por si a alguien le quedase alguna duda, subrayó: "Estamos plenos de pruebas de que Uribe era líder político de un proyecto de mafias y paramilitares que refundó la patria". 

En cuanto a Morales, su gestión acusa luces y sombras, aunque despertó esperanzas en algunos sectores. Es improbable que resulte elegida si Santos la incluye en una nueva terna. 

Su flanco débil es su vida personal. Siendo ya fiscal, se volvió a casar civilmente en octubre de 2011 con el polémico Carlos Alonso Lucio, de quien se había divorciado en 2008. Guerrillero en su juventud, Lucio asesoró hace seis años a paramilitares en la desmovilización que pactaron con Uribe. 

Convenientemente, esta asesoría fue denunciada por el ex comisionado de paz de Uribe, Luis Carlos Restrepo, solo dos horas antes de una rueda de prensa citada por Morales en diciembre, para anunciar el inicio de un proceso judicial contra el exfuncionario. 

Restrepo es enjuiciado desde enero por una desmovilización de guerrilleros que resultó un montaje y actualmente está prófugo de la justicia en el exterior. 

Es solo uno de los casos "sensibles" bajo la batuta de Morales, por los cuales sectores ultraderechistas liderados por Uribe señalan a la justicia de "falta de garantías". 

Santos fue ministro de Defensa de Uribe y llegó a la Presidencia como candidato del Partido de la U, de Uribe. Su primer paso fue congraciarse con los magistrados espiados por este y buscar alianzas políticas. Lo logró con todos los partidos, menos con el izquierdista moderado Polo Democrático Alternativo. 

A medida que la justicia avanza contra buena parte de los casos de abuso y corrupción durante su gobierno, Uribe y sus asesores atacan a Santos ferozmente. 

"Tengo un mantra: no pelear con Uribe", responde Santos a las embestidas. 

Hoy por hoy, es difícil identificar qué sectores del Partido de la U, mayoritario en el parlamento, siguen a uno y otro. En Colombia, el presidente concentra gran poder, incluido el del clientelismo, y esto desmigaja el respaldo a Uribe. 

Por eso el principal asesor de Uribe, José Obdulio Gaviria, en quien también se ha fijado la Fiscalía, dijo, admonitorio, que su jefe volvería a la Presidencia. Mientras, desde el exterior, el excomisionado Restrepo llamó a una especie de alzamiento insurgente de derecha.

*Este artículo es parte de IPS y es reproducido con su autorización por Plaza Pública.