Clandestinización de lo público

Nuestros distintos ciclos políticos han estados marcados por el autoritarismo y la marginación de la sociedad en la toma de las decisiones que nos incumben. En el ciclo iniciado bajo un férreo control militar en 1985, lo que menos motivó a los constituyentes fue construir una fluida y efectiva democracia, sino simplemente permitir el paso del control del poder público de una dictadura militar, ejercida desde 1970 por una cúpula corrupta, a una élite económica que para mantener la satisfacción de sus espurios e individuales intereses, tuviese el control de los que, consciente o inconscientemente, se dispusiesen a administrar el país según sus designios.

Muchos aspectos institucionales se modernizaron, pero al poner el sistema de partidos en función de los intereses de los grupos económicos, la democracia -entendida como el ejercicio del poder a partir de la voluntad soberana de las mayorías- apenas si quedó en atisbo, centrando todo su ser apenas en la realización de procesos electorales cuyos resultados todos los competidores aceptan como válidos y legítimos.

De esa cuenta, el ejercicio efectivo del poder ha sido siempre una zona oscura, en la que quien lo ejerce hace como que informa y la población hace como que se entera. Sin embargo, en ese hacer como que se hace, las distintas tendencias políticas representadas en el Congreso bien que intentan, algunas veces, abrir los espacios políticos a la negociación efectiva, de manera que algunas cuestiones propias de su agenda política sean discutidas. 

Lamentablemente, en todo el transcurso de la actual legislatura, la empresa electoral que se impuso en la disputa por el control del Ejecutivo ha decidido no sólo militarizar todos los ámbitos de la gestión pública -con fuerzas de tarea que ya amenazan con establecerse en educación y salud- sino limitar al máximo la acción del Congreso, contando para ello con la complicidad de la segunda fuerza representada en ese organismo quien, al entorpecer todo debate con una deslucida interpelación, sólo demuestra que baila al son que el militar que ganó las elecciones quiere imponer.

La mayoría de las poquísimas leyes que se han aprobado en estos casi dos años de gobierno  han sido las que al Ejecutivo le han interesado, y las modificaciones que en algunas se han ganado -como en el caso de las reformas a la Ley Electoral- solo han sido posibles luego de forcejeos y presiones.

Lamentablemente, de todas las negociaciones políticas no se ha querido dejar rastro, mucho menos documentación amplia que permita a los ciudadanos enterarse de los argumentos y posiciones que respecto a cada uno de los asuntos discutidos tienen los distintos partidos y diputados en particular. Los diarios de sesiones, documentos indispensables no sólo para el análisis histórico y académico en general, sino especialmente para que la población tenga en dónde conocer la posición y opinión de sus representantes, en estos dos años son más que escuetos. Los debates, si es que existen, se dan en las oficinas privadas del Presidente del Congreso, en una descarada privatización y clandestinización del quehacer político del país.

En esas reuniones privadas no se levantan actas, no quedando constancia de lo que se dice, propone y, sobre todo, promete al interlocutor. En esa clandestinización de lo público nuestros representantes toman acuerdos, de los cuales sólo nos informan de los resultados, pero no de los procesos que llevaron a esos resultados.

Conozco a varios diputados cuya honestidad es evidente. Sin embargo, que sus jefes de bloque participen en reuniones cerradas, clandestinas, y salgan con acuerdos de los que no tenemos los ciudadanos ninguna referencia, empaña todo lo actuado, pues si bien puede notarse que a cambio de que el Ejecutivo apruebe una ley, la oposición pide que se apruebe otra. Los rumores sobre compra de voluntades cobran visos de realidad, ya que no ha quedado documentado el debate, mucho menos testificada la negociación.

Tal vez es hora de recordar al Presidente del Congreso y a los jefes de bloque que su casa y oficina son ambientes privados, donde puede conversar con los amigos y atender a los clientes, pero para las cuestiones políticas, que son de carácter público, existe el hemiciclo y las oficinas del Congreso. ¿que no son tan cómodas como las instalaciones que él posee? Bueno, la precariedad de las instalaciones del Congreso es una muestra fehaciente de las estrecheces que un modelo económico extorsivo ha producido en el país y en las instancias públicas, pero, lamentablemente para él y sus correligionarios, es ése su ambiente de trabajo como diputado y en él debe laborar.

La democracia exige transparencia, las negociaciones en casas particulares, sin actas y sin documentos públicos son simples y llanos negocios privados, de los que el ciudadano evidentemente recela y puede acusar de compra de voluntades.