Cicig aborda tema tabú: impuestos

Prácticamente, a todas y todos nos ha deleitado el funcionamiento de la Cicig y el MP, eficaces para desbaratar estructuras criminales y corruptas. Nos regodeamos con ver a investigadores técnicamente calificados y bien remunerados haciendo su trabajo, altamente motivados, usando técnicas científicas, defendiendo nuestros derechos y recuperándonos la esperanza de que una Guatemala mejor, sin corrupción, sin criminales, es posible y está a nuestro alcance.

Sí, muy lindo de verdad. Pero ¿quién está pagando la cuenta de este esfuerzo? Porque parece que lo que todavía no tenemos muy claro es que todos esos investigadores, todas esas horas y horas de trabajo revisando medios de prueba y esas decenas de miles de horas de escuchas telefónicas tienen un costo. Y lo que nos recordaron el martes pasado el comisionado Iván Velásquez, el MP, el Unicef, el Organismo Judicial y el Icefi es que ese costo debe pagarlo alguien.

Pues bien, resulta que hasta ahora lo han pagado contribuyentes de otros países, en los que sí se pagan impuestos y que tienen democracias funcionales. En donde democracia también significa tributar lo justo. Y me parece que, justa y correctamente, el comisionado de la Cicig nos dijo que lo hecho hasta ahora debe ser apenas un inicio, que el costo de la sostenibilidad y de la expansión del éxito en la lucha contra la impunidad y la corrupción debe financiarse con fuentes tributarias guatemaltecas.

Es decir, Velásquez nos ha forzado a aterrizar en la realidad: él no es ningún superhéroe de Marvel que gracias a sus superpoderes ha venido a este mundo a luchar por la justicia. No, este es (y debe ser) un esfuerzo que en el futuro debe realizarlo el Estado guatemalteco y cuyos costos debemos cubrirlos los contribuyentes guatemaltecos.

El rechazo inmediato de esta realidad por parte del Cacif es clásico. Algunos de sus miembros recurrieron al vetusto y rancio «mal momento para impuestos». ¡Por favor! ¿Acaso no se han dado cuenta de que con eso ya no se convencen ni a ellos mismos? En todo caso, pues, ¿cuándo es un buen momento para más impuestos? ¿Lo van a anunciar ellos? Falaz, si no infantil.

Otros, más serios, aceptan que sí se necesita financiamiento adicional, pero que, en vez de provenir de un impuesto nuevo, debería provenir de la recuperación de recursos vía el combate del contrabando, de la evasión de impuestos y de la corrupción en el gasto público. Este es un argumento serio que tiene una cuota de razón, pero pasa por alto justamente lo que el comisionado nos hizo ver el martes: precisamente que recuperar esos recursos tiene un costo. Pretender usar los recursos por recuperar para financiar su propia recuperación implica usar deuda pública, por lo que la forma más sana de financiar el costo de la recuperación es con una fuente tributaria adicional.

Es decir, combatir la impunidad, la corrupción y el contrabando es caro. Y de nuevo, perdón, el costo lo debemos pagar las guatemaltecas y los guatemaltecos tributando.

El comisionado fue muy claro. Con el respaldo de un estudio serio nos hizo ver la necesidad de financiamiento adicional y que nos corresponde decidir cómo hacerlo. En Colombia funcionó hacerlo siguiendo el principio de justicia tributaria y de capacidad de pago: el que tiene más patrimonio que pague más.

¿Queremos más combate eficaz contra la impunidad, la evasión tributaria y el contrabando? ¿Queremos recuperar los recursos que se pierden por la corrupción? Entonces comprendamos que ello tiene un costo y preparémonos para fortalecer nuestra democracia entendiendo que debemos tributar más.