Estos problemas, en nuestro caso, han alcanzado dimensiones de crisis porque para la mayoría de ellos, al mantener invariable el esfuerzo actual de gestión, está en duda la posibilidad de modificarlos y cesarlos.
Estos problemas, en dimensiones de crisis, son sin embargo, expresiones sintomáticas que se sustentan en una estructura y en unas formas de funcionamiento nacional que pueden sistematizarse en torno de tres dimensiones: la económica, la sociocultural y la institucional.
En la dimensión económica, la causa estructural que está en la base de la crisis ambiental nacional es un esquema de crecimiento económico concentrador de beneficios, una matriz de sectores económicos que desprecian el potencial de los atributos naturales del país y; predominio de actividades degradantes y contaminantes en las fases de producción, distribución y consumo al evadir las prácticas de mitigación de sus impactos. Son rasgos ilustrativos de este esquema de crecimiento económico, los monopolios, la aversión a la tributación, la exclusión en oportunidades y la injusticia con el esfuerzo humano.
En la dimensión sociocultural, la causa estructural que explica la crisis ambiental se relaciona con la fragmentación social y la consecuente falta de un acuerdo social con respecto al valor estratégico que tiene el ambiente natural en la permanente búsqueda del bienestar. En consecuencia, los grupos fragmentados, atendiendo a sus intereses o pautas culturales particulares –desestimando el bien común a partir de un bien con atributos públicos– asignan diferente valor a los componentes del ambiente natural, constituyéndose los territorios, en verdaderos escenarios de disputas por ejercer su control. Y mientras estos intereses y pautas buscan imponerse, las trayectorias de agotamiento, degradación y contaminación se mantienen invariables y crecientes y perfectamente correlacionadas con el crecimiento poblacional desordenado y marginado.
En la dimensión institucional, la causa estructural que determina el estado y la evolución de las crisis ambientales es el raquitismo que padece, cuestión que se manifiesta en insuficiencia, ausencia o presencia perversa. Esta condición institucional puede asumirse como consecuencia de su instrumentalización, concebida y materializada desde la primera de las estructuras señaladas –la económica– y cuya círculo vicioso no puede ser roto por la falta de contrapesos sociales, inviables o insuficientes como consecuencia de la segunda causa estructural –la sociocultural.
La sinergia entre estas causas estructurales constituye un verdadero muro de impunidad que, por un lado garantiza el crecimiento de la crisis ambiental y elimina o neutraliza cualquier intento por revalorizar el ambiente natural para, al menos estabilizarla y progresivamente disminuirla. Bajo un escenario como éste no es viable el discurso del “crecimiento verde inclusivo”, más bien se afianza el “crecimiento obscuro, pestilente y excluyente”.
Derribar el muro que sostiene este modelo requiere del establecimiento de estructuras y vinculaciones que permitan un funcionamiento socio-natural más equilibrado. El equilibrio sistémico es pues una condición y el resultado posible, el desarrollo incluyente.
Pero el equilibrio sistémico no será espontaneo. Solo será posible a partir de una acción sinérgica que empieza con los movimiento sociales –ante el descrédito y el colapso de las instituciones políticas– articulados en torno al reconocimiento de la indispensable vitalidad del ambiente natural; continúa con el establecimiento de un sistema de instituciones públicas con una formidable capacidad de repuesta –con suficientes recursos; con capacidad de adaptación continua a las nuevas escalas y complejidad de los permanentes desafíos; robustas y resilientes– y; culmina con el establecimiento de políticas e instrumentos que definen límites a las transformación del territorio, señalando claramente cuáles serán los niveles de calidad ambiental requeridos y consecuentemente los flujos máximos de materiales que aún se van a permitir entre el ambiente y la economía y los respectivas medidas de mitigación que se deberán establecer a los niveles de generación de desechos sólidos, líquidos y gaseosos en la dirección contraria. Es decir, bajo este planteamiento, las instituciones son la punta de lanza para equilibrar el sistema. Un sistema equilibrado permitirá lograr mejoras de mayor alcance socio-natural y seguramente será más factible poder sostenerlas en el tiempo.
El fortalecimiento institucional, no es un fin en sí mismo. Su revitalización obedece a la necesidad de retomar el carácter de bien público que ostenta el ambiente natural, primero porque la calidad ambiental y la diversidad no se compran en el mercado y segundo porque presenta dos características inherentes a los bienes públicos. La primera es la de no exclusión en el sentido que no se puede impedir que todos se vean beneficiados o afectados por su estado. La segunda es la de no rivalidad en el disfrute del bien. Es decir, el hecho que una persona lo disfrute no impide que otra lo haga –el aire por ejemplo. El destino del ambiente natural no debe estar, en este sentido, a expensas de intereses privados. Su carácter de bien público, no obstante, no significa que sea gratuito.
Así, bajo un esquema de producción y una doctrina como la dominantes (capitalista y neoliberal respectivamente), estas correcciones representan la máxima posibilidad de controlar las crisis ambientales imperantes. En caso contrario, solo se profundizarán y con ello la vulnerabilidad nacional y la exposición a desastres de todo tipo.
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