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Carlos Heredia Zubieta: “En pocos años, México tendrá que importar trabajadores guatemaltecos y hondureños”
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Carlos Heredia Zubieta, profesor Asociado en la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la Ciudad de México.

Carlos Heredia Zubieta: “En pocos años, México tendrá que importar trabajadores guatemaltecos y hondureños”

Cada vez hay más miles de personas que ya no son migrantes, que huyen de sus países para salvar sus vidas de la violencia.
El papel de las universidades jesuitas ha sido crucial en países en donde los Estados son frágiles.
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Tiempo aproximado de lectura : 22 mins

Las causas de la migración de ciudadanos mesoamericanos hacia Estados Unidos, explica este profesor mexicano experto en el tema, han variado en los últimos años. Hasta hace poco eran motivaciones económicas como la pobreza y la falta de oportunidades en sus países de origen. Ahora, dice, son los diferentes tipos de violencias que padecen en sus países las que los expulsan y convierten en desarraigados.

Profesor Asociado en la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la Ciudad de México, y coordinador del Programa de Estudios de Estados Unidos. Desde estos espacios, Carlos Heredia Zubieta se ha convertido en experto en temas relacionados con la migración de personas de los países del área mesoamericana (Centroamérica y México) hacia los Estados Unidos.

Ha estudiado el comportamiento político y diplomático de los gobiernos de la región, respecto a las políticas migratorias de Estados Unidos, así como las causas estructurales (sociales, políticas y económicas) que han hecho del fenómeno de la migración una crisis humanitaria de gran envergadura.

Heredia Zubieta participó en el Segundo Taller Agenda Mesoamérica 2018 celebrado el 24 y 25 de mayo pasado en el campus central de la Universidad Rafael Landívar en Ciudad de Guatemala. En esa actividad debatió junto a académicos de Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Estados Unidos, sobre la construcción de “una agenda regional compartida frente a desafíos comunes en el corredor migratorio Mesoamérica-Norteamérica”. 

El taller fue convocado por el CIDE y la Alianza Regional para las Migraciones en Mesoamérica y Norteamérica, y basó la discusión en: a) Modelo económico y migración: la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo del Norte centroamericano, desarrollo productivo, inversión en capital humano, seguridad ciudadana y fortalecimiento de instituciones locales; b) Impulso a programas para combatir la corrupción y contra la impunidad, tanto a nivel nacional como en los tratados comerciales; y c) La construcción de una ciudadanía regional.

En esta entrevista explica los aportes concretos de los académicos y las universidades en el estudio y análisis del fenómeno de la migración y la aportación de propuestas de solución a los problemas que dan origen al mismo.

¿Ha cambiado la situación de los migrantes mesoamericanos, a partir de la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos?

Ha empeorado gravemente por tres razones. Primero porque la visión del migrante que tiene Trump es a partir de la supremacía blanca; él tiene una visión xenofóbica, de odio de racismo, contra los morenos que hablan español y que él piensa que están invadiendo Estados Unidos. Segundo, porque el conjunto de los gobiernos de la región está más preocupado por complacer a Trump, por apaciguarlo, por tratar de leerle la mente y responder a lo que él quiere y exige, que por defender a sus compatriotas. La tercera razón por la que ha empeorado, es porque las deportaciones que ocurrieron durante el período de Obama fueron de personas que acababan de ingresar a Estados Unidos, que acababan de cruzar la frontera, que tenían horas o días de haber llegado, y ahora Trump ha ordenado detenciones y deportaciones de personas que llevan en Estados Unidos, diez, doce, quince, veinte años, lo cual tiene como efecto una ruptura, un desgarramiento de las familias

Mientras tanto, miles de personas siguen corriendo el riesgo de buscar el "sueño americano"…

Cada vez hay más miles de personas que ya no son migrantes, que huyen de sus países para salvar sus vidas de la violencia, a los que llamamos desarraigados. Personas que son expulsadas por sus países de origen, que son maltratadas y abusadas en su tránsito, fundamentalmente a través de México y Centroamérica; que pueden ser rechazadas en su mayoría por Estados Unidos, a la hora en que solicitan asilo, que quieren tener la condición de refugiados y que son sujetos de deportación forzosa. En todo el ciclo, estas personas están sujetas a violencias de origen económico, político, ambiental, de racismo y discriminación. Por lo tanto, el cuadro es grave, estamos en una crisis humanitaria cuya gravedad no ha sido aceptada por los gobiernos de los países de origen de los migrantes.

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¿A qué le atribuye esa falta de interés de los gobiernos para defender los derechos de sus migrantes?

La actitud en general de los gobiernos ha sido discursiva, en buena medida insensible. Históricamente las élites de la región mesoamericana consideran que los migrantes son un problema de Estados Unidos, no de ellos. A pesar de que envían miles de millones de dólares en remesas con lo cual mantienen sus economías.

¿Sigue siendo Estados Unidos el país de las oportunidades económicas y de desarrollo para los migrantes de la región?

En el caso de México el flujo migratorio hacia Estados Unidos se ha reducido a partir del 2008 por la crisis de la economía estadounidense que tiene un efecto devastador. La principal variable de atención de la migración mexicana es el auge económico o su estancamiento. Cuando la crisis de las hipotecas basura, la necesidad de brazos de trabajadores en los Estados Unidos cae, entonces se va haciendo más lento el flujo migratorio hacia el norte, cosa que continúa hasta ahora, pero eso no quiere decir que se haya detenido.

En el caso de Centroamérica es diferente; ha continuado aumentando el flujo de migrantes hacia el norte, sobre todo a raíz de la violencia, aunque los gobiernos centroamericanos no aceptan que la violencia sistémica que afecta a sus ciudadanos es provocada por el sistema económico. El modelo extractivista y depredador que concentra el control de los recursos naturales, de la tierra, del agua, que arrasa territorios con la minería de cielo abierto. No aceptan que el mal manejo de los desastres naturales agudiza el éxodo, la salida masiva de migrantes, y escabullen su responsabilidad. 

La pobreza y la violencia también afectan sobremanera a México, no es algo exclusivo de Centroamérica... 

Sí, pero México ya completó lo que los especialistas llaman una transición demográfica, por la que el envejecimiento de la población hace que ya no tengamos jóvenes en su edad más productiva que emigren. Ello implica que México, en muy pocos años, tendrá que importar trabajadores, sobre todo guatemaltecos y hondureños, no solo en los estados fronterizos como Chiapas, Campeche y Tabasco, donde hoy trabajan obreros agrícolas en las fincas cafetaleras y albañiles en la construcción en Cancún. Al final de la década de 2020 México va a necesitar masivamente trabajadores centroamericanos para todo el territorio mexicano.

¿La violencia generada por el narcotráfico ya no incide, como hasta hace poco, en la migración masiva de jóvenes?

El problema del narcotráfico incide de tres maneras fundamentales en México: la primera es que en el imaginario de la gente, Trump ha dicho que los migrantes son narcotraficantes, entonces ya están etiquetados como criminales, como narcotraficantes; la segunda manera que tiene que ver, por lo menos en los estados del norte de México, donde la violencia es muy elevada, los narcotraficantes se han expandido, han ampliado su negocio al secuestro, la extorsión y la trata de personas. Esa transición del negocio del narcotráfico a otros negocios se ha agudizado, se ha profundizado. La tercera manera en que influye de forma muy dañina es el hecho de que los gobiernos de Estados Unidos, México y Centroamérica se están haciendo eco de que la atención a la migración y los migrantes no es para abordar las causas del éxodo, sino para detener a los migrantes a como dé lugar.

Eso es consecuencia del drástico giro de la política migratoria de Trump, porque inicialmente, el objetivo del Plan Alianza para la Prosperidad era precisamente eso: abordar las causas de la migración en los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras).

El Plan de Alianza para la Prosperidad se plantea en la época de Obama, entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Obama, el Congreso de los Estados Unidos y los presidentes del Triángulo Norte. El problema es que las palabras significan mucho: si yo hablo de desarrollo económico, alguien en Estados Unidos cree que se refieren a que las grandes constructoras harán megaproyectos, ganarán contratos jugosos; pero a lo mejor de este lado se tiende otra cosa, que es que los campesinos y los pequeños productores e industriales que ya saben hacer las cosas, tengan capacitación y apoyo para que hagan mejor las cosas que ya saben hacer y generen valor y empleo. Entonces, las palabras y conceptos los entendemos de manera distinta. Creo que los objetivos iniciales del Plan Alianza para la Prosperidad, en palabras, eran: desarrollo económico, mejoramiento institucional, fortalecimiento de los aparatos de procuración e impartición de justicia, pero en los hechos se volvió una confirmación del estatus quo, es decir de la confirmación de la situación actual, del modelo económico vigente.

De ahí que las élites económicas, con el aval de los gobiernos, hayan sido las principales interlocutoras con el BID y Washington.

Exactamente. Y como consecuencia de ello hubo un agravamiento de la situación de los grupos más vulnerables. 

¿En qué puede y debe contribuir la academia para evitar eso?

Ir al fondo del problema. Primero, haciendo un diagnóstico compartido para identificar qué pasa en el corredor de Mesoamérica; lo segundo, una agenda compartida que vea a la región como un sistema migratorio y que plantee respuestas conjuntas a desafíos comunes, no solo en el tema migratorio sino también en el modelo económico, en las formas de bajar y detener la violencia, que el sistema de justicia realmente le sirva a la gente y no sea solo un instrumento que es manipulable por aquellos que tengan el poder. La tercera, es definir objetivos de largo plazo, en los que, suponiendo que desde el gobierno y el sector privado hubiera la voluntad política de emprender políticas públicas que beneficien a la gente, que definen qué es lo que se debe hacer. 

Los primeros dos puntos son de urgencia, porque se debe responder a una situación de emergencia humanitaria frente a la violencia sistémica y empobrecimiento sistematizado. El último punto, supongamos que podría ocurrir, que hubiera una respuesta favorable, habría que proponer el a, b, c de lo que se tendría que hacer.

¿Cuál sería ese a, b, c...?

El a, b, c principal sería fortalecer a la gente en sus propios haberes, procurar que la gente pueda procurar valor. Por ejemplo, en México hay grupos en Tehuantepec, que es el nodo de control de la externalización de la frontera estadounidense, donde se produce aceite de ajonjoli de manera artesanal. Se requiere de dotarlos de maquinaria para hacer más eficiente la producción, de una pequeña inyección de capital de riesgo para que puedan adquirir mayor valor. Eso generaría una derrama a nivel local, no es que vaya a llegar una multinacional a llevarse todo el beneficio. 

El fenómeno de la migración no puede abordarse de manera unilateral ni aislada desde un solo país, justo porque el ciclo supone salida o expulsión, tránsito, destino y retorno, y el sistema migratorio nuestro está conformado por todos los países involucrados. Entonces, no puede un solo gobierno, ni el estadounidense que es el que tiene la sartén por el mango, decir: "mi solución es detención y deportación; parar a todos los que vengan hacia el norte, con el muro que voy a hacer en la frontera con México, con despliegue militar en la frontera con el río Suchiate, entre México y Guatemala, con la complicidad o participación de fuerzas militares o policiacas de los cuatro países al sur". Eso no funciona para el propósito que dicen buscar, y solamente hace más riesgoso el camino y tránsito para los migrantes. Por eso decimos nosotros, desde la academia, que el fenómeno debe abordarse desde una perspectiva regional.

También tenemos que pensar en un modelo económico que ya no descanse en las remesas, porque las remesas son salarios familiares que perpetúan el ciclo por el cual se va el migrante, le envía dinero a su familia, ahorra algo, se regresa y en su país de origen no tiene oportunidades de tener un salario digno, así que al cabo de un par de años se tiene que regresar a Estados Unidos.

¿Y qué instituciones hacen eso hoy día en la región?

Conozco el trabajo que hace la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, la Universidad Centroamericana en Nicaragua, la red de universidades jesuitas en la región, y puedo enunciar tres contribuciones específicas de estas: primero, contar las cosas como son, es decir, hacer una descripción de la realidad tal cual es, no camuflada por objetivos políticos partidistas, ideológicos o de grupos empresariales; la segunda es el trabajo riguroso de investigación y sistematización sobre aspectos particulares de la migración, por ejemplo: las mujeres en la migración, niños y niñas no acompañados, por qué el modelo económico expulsa a las personas, el círculo vicioso de las remesas, y un largo etcétera. Y tercero, la contribución que hacen las universidades jesuitas es plantear salidas y caminos para una aproximación integral al asunto, no solo desde la perspectiva migratoria, sino económica, política, social, ambiental, incluyendo criterios de género, sectoriales, territoriales. 

Creo que el papel de las universidades jesuitas ha sido crucial en países en donde los Estados son frágiles, son objeto de captura y secuestro por parte de las oligarquías económicas, el trabajo de estas universidades es como un faro que echa luz sobre los problemas sociales y contribuye a entender la dinámica social, los conflictos sociales y a contar con elementos para la transformación social.

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¿Cómo hacer tangible el trabajo de la academia? ¿Cómo trascender del estudio, del análisis y la publicación, a soluciones concretas?

El papel de la academia es estudiar, describir la realidad, sistematizar el conocimiento como un instrumento para formular política pública. Tenemos la responsabilidad de contribuir con información sistematizada a quienes formulan política pública; tratamos de tener interlocución y alcanzar algún tipo de incidencia con los Estados, con organismos internacionales, con Estados Unidos que es el punto de destino común y que pone las reglas del juego para la migración en la región. El producto específico que generamos desde la academia se debe plantear a legisladores y gobiernos, a colegas de la academia en Estados Unidos, pero sobre todo también a las propias comunidades migrantes. 

Por ejemplo, discutimos sobre el TPS (Estatuto de Protección Temporal) que termina ya para Haití, El Salvador y Honduras. Los migrantes no tienen información fidedigna, de calidad y accesible, respecto a qué pueden hacer para defenderse; no porque puedan revertir la decisión de Trump de terminar el TPS, pero sí porque necesitan saber cómo defenderse, cuáles son los instrumentos jurídicos que tienen a su alcance. Los abogados, por ejemplo, son los que, desde la academia, les corresponde analizar e informar sobre qué es lo que deben hacer los migrantes aún si no cuentan con recursos para defenderse. Otro ejemplo concreto, es que vamos a juntar el análisis que hay sobre el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, el de Guatemala con el de Honduras y el de El Salvador, México y Estados Unidos, porque hasta hoy no se ha sistematizado, son análisis separados, fragmentados. 

De acuerdo con su experiencia, ¿dónde ha encontrado mayor eco el aporte de la academia?

En cada país hay personas y sectores receptivos y otros que son refractarios y rechazan moverse un milímetro de la posición que ya tienen. Incluso dentro de los Estados. En Washington lo que diga Trump es lo que prevalece porque él tiene mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero dentro de Estados Unidos hay otros sectores que no están de acuerdo con la política de Trump. Nosotros trabajamos mucho con el estado de California que es la economía más grande de Estados Unidos, donde están el 40% de los migrantes mexicanos y centroamericanos, y ellos son aliados estratégicos para nosotros. Mientras el gobierno federal estadounidense dirigido por Trump rechaza cualquier visión que no sea la suya, es alérgico a los hechos por su visión de supremacía blanca, el gobierno de California, las universidades, las organizaciones de migrantes, los artistas, los empleadores son mucho más abiertos a la visión que nosotros impulsamos, defendemos y sustentamos. Eso ocurren dentro de cada país. En el sureste mexicano, en los estados fronterizos con Guatemala, por ejemplo, hay una campaña para infundir miedo contra el migrante. "Los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que cruzan por aquí son gente mala, que viene a robar, a causar desorden y malestar", nosotros tenemos que hacer una labor necesaria de informarle a la gente que se trata de personas que vienen en muchos casos huyendo de la violencia para salvar su vida, y que lejos de querer hacer daño, lo que quieren es pasar como invisibles y buscar una nueva vida en otro lugar donde puedan vivir en paz. 

¿Identifica alguna iniciativa sería, consecuente y responsable sobre el tema de los migrantes de parte de algún gobierno mesoamericano?

El gobierno salvadoreño desarrolló la política nacional para la persona migrante y su familia, mi Universidad, el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) de México fue invitada a acompañar este ejercicio junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ese es un ejercicio que me parece valió mucho la pena. Sin embargo, después nos encontramos con que, al igual que sus contrapartes de Guatemala y Honduras, el gobierno de El Salvador no acepta que el éxodo masivo se deba a la violencia, porque eso sería como aceptar que han fracaso en abatir la violencia. 

También fue positiva la legislación aprobada en El Salvador para prohibir la minería a cielo abierto que es depredadora y expulsa a la población masivamente. En Guatemala y Honduras también hay ejemplos de comunidades que cuidan la tierra, los recursos naturales, su seguridad, en un ambiente extremadamente violento. En todos los países hay brotes esperanzadores de gente que tiene formas de organización para defender la tierra, su hábitat; pero también hay una ofensiva muy importante de aquellos que quieren acaparar y monopolizar los recursos naturales en perjuicio de las comunidades y que expulsan población.

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