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Carlos Castresana: Violar el acuerdo de la Cicig “colocaría a Guatemala en una situación de paria en la comunidad internacional”
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Castresana: “Cualquier cosa que diga Jimmy Morales está tachada de parcialidad y no es representativa del interés de Guatemala” / Abogacía Española

Carlos Castresana: Violar el acuerdo de la Cicig “colocaría a Guatemala en una situación de paria en la comunidad internacional”

“El Gobierno no puede interpretar las sentencias para llegar a una conclusión distinta a lo que diga la Corte”
“La Corte de Constitucionalidad tiene que tomar decisiones en defensa de los ciudadanos de Guatemala y la Constitución”
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El extitular de la Cicig, Carlos Castresana Fernández, asegura que la postura del gobierno de Jimmy Morales pone a Guatemala en la mira internacional y puede ocasionar consecuencias graves para el país. El presidente, dice, debió abstenerse de tomar decisiones para deshacerse de Iván Velásquez, por existir varias investigaciones en su contra. Morales, añade, “no puede ser juez y parte”.

El jurista español, Carlos Castresana Fernández, dejó la dirección de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) hace ocho años. Se retiró, dijo en su momento y reitera ahora, para que la agencia anticorrupción de las Naciones Unidas que él ayudó a crear y de la cual fue el primer comisionado, pudiera continuar su trabajo y fortalecerse. Lo hizo después de una campaña de desprestigio en su contra y por consiguiente en contra de la Comisión.

Hoy observa desde la distancia y con desconcierto las tensiones que el gobierno de Jimmy Morales ha generado con la Organización de Naciones Unidas. Asegura que las últimas decisiones unilaterales del mandatario al declarar non grato a Iván Velásquez Gómez, de impedir su regreso al país y de anunciar que no renovará el mandato de la Comisión a partir de 2019, han dejado a la población de Guatemala en una situación de desprotección, y confía en que tanto la Corte de Constitucionalidad como el Ministerio Público actúen en defensa de la ciudadanía.

Según Castresana, entrevistado por Plaza Pública vía telefónica desde Madrid, Morales nunca debió emprenderla en contra de la Cicig por estar él y sus familiares investigados por la Comisión.

Las decisiones del mandatario han afectado al Estado, agrega, y sus consecuencias pueden ser terribles: desde alejar la inversión extranjera hasta dejar de recibir apoyo de la cooperación internacional y anular la confianza de otros países.

¿Cómo ve las tensiones entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig?

Ahí hay un problema legal y un problema político. El problema legal es muy sencillo. El acuerdo (de creación de la Cicig) está aprobado y tiene vigencia hasta primeros de septiembre de 2019. Y mientras esté vigente, hay que cumplirlo.

Lo segundo es que el Gobierno, en este contexto, no puede representar a Guatemala. Normalmente la relación exterior de cualquier país corresponde a su jefe del Estado y a su ministro de Asuntos Exteriores. Pero este caso el presidente, y por consiguiente todo su gobierno, están afectados por un conflicto de interés que les obliga de abstenerse. Ellos no pueden ser juez y parte.

Como el conflicto se suscita por el hecho de que hay una institución internacional creada por un tratado entre Guatemala y la ONU que está diciendo que el presidente y su gobierno está incurso presuntamente en una causa penal, porque, presuntamente, aceptaron financiación ilegal para su campaña, eso significa que ellos no pueden tomar ninguna posición como gobierno en relación con las personas que les están investigando, porque obviamente son parte interesada.

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¿Quién debería, entonces, representar los intereses de Guatemala en este conflicto?

Parece claramente que el Congreso. Y el Congreso de Guatemala, en la medida que representa la soberanía, tiene que pronunciarse por sus trámites, que son los previstos en la Constitución. Para aprobar o ratificar un acuerdo de la naturaleza del tratado de la Cicig, entre la ONU y Guatemala, se necesitaron dos tercios del Congreso. El único que puede decir si le gusta o no le gusta el comisionado en esta situación, o si le gusta o no le gusta el tratado y si lo quiere dar por terminado, es el Congreso con votación de mayoría de dos tercios.

Es decir, si 105 diputados de Guatemala lo dicen, la ONU no tendría más remedio que acatarlo. Pero eso no se ha producido. Y mientras eso no se produzca, el acuerdo está plenamente vigente, y lo que está diciendo la Corte de Constitucionalidad es que hay una obligación internacional asumida por Guatemala que es como un contrato. Si tú has firmado un contrato lo tienes que cumplir, porque si no, ¿quién te va a respetar después? ¿Quién va a fiarse de tu palabra? ¿Quién va a hacer negocios contigo?

Desde la semana pasada corre el rumor de que el Gobierno pretende denunciar al acuerdo de creación de la Cicig, aunque la canciller Sandra Jovel lo ha desmentido. ¿Tiene el Gobierno la potestad de denunciar al acuerdo de manera unilateral?

No. Es que no puede. No puede denunciar el acuerdo de la Cicig porque no es suyo. El acuerdo es del Congreso. El Congreso puede decir que el 3 de septiembre de 2019, cuando termine su vigencia, termina.

¿Pero el presidente puede decidir, como lo ha hecho ya, que no renueva el mandato?

Si el Congreso no se pronuncia, el presidente envía un cambio de notas. El presidente interpreta el silencio como que el que calla otorga. Entonces, si el Congreso no dice lo contrario, el presidente manda una notita antes de septiembre diciendo "dos años más".

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Pero si el presidente quisiera decir: "Mire, ya no quiero dos años más", entonces no tiene que ir a Nueva York como están haciendo para decirle al Secretario General que no quieren, porque ellos no son nadie para eso.

Si el presidente no quiere más Cicig, tiene que ir al Congreso. Y el Congreso vota. Y si 105 diputados dicen que se termina, pues se termina. Pero a ese punto no hemos llegado.

Hace una semana, la Corte de Constitucionalidad resolvió que el presidente debía dejar entrar al comisionado de la Cicig y retomar el diálogo con la ONU respecto a las diferencias que tiene con la comisión. Sin embargo, el Gobierno reiteró la decisión de impedir el regreso al país de Iván Velásquez. ¿Cree usted que con esa posición, el Gobierno está desobedeciendo a la Corte?

El Gobierno está asumiendo poderes que le corresponden al Congreso y ahora también está asumiendo poderes que le corresponden a la Corte de Constitucionalidad. En un Estado de Derecho, cada órgano constitucional tiene sus funciones. Pero el Gobierno en este punto está limitado por lo que le diga el Congreso y por lo que le diga la Corte de Constitucionalidad.

No puede interpretar las sentencias para llegar a una conclusión distinta a lo que diga la Corte, en una sentencia que es muy clarita, además.

Abogacía Española

Para despejar las dudas respecto a la posición del Gobierno, la Corte resolvió el miércoles un recurso de ampliación en el que aclaró que Iván Velásquez Gómez puede entrar al país. Pero el viernes el Gobierno señaló que hará uso de las facultades y recursos que la ley le otorga para defender la Constitución. ¿Qué lectura hace de esto?

Están jugando al gato y al ratón. Yo creo que ellos tampoco saben muy bien lo que hacer. Están de alguna forma improvisando y buscando una solución.

Pero ¿quién defiende a los ciudadanos de Guatemala, que son los verdaderos titulares de la soberanía? Porque todos los demás son solo depositarios de la soberanía. La soberanía reside en el pueblo.

Los guatemaltecos lo que quieren es un Estado de Derecho. Quieren una sociedad más justa, menos violenta, menos corrupta... Tienen derecho a vivir en un país en el que las instituciones funcionen y los protejan.

Entonces yo pregunto: ¿Quién les protege? Todos estos personajes e instituciones que aparecen en estas semanas, ¿a quién representan en realidad? ¿Qué país les quieren dejar a sus hijos? Esa es la pregunta que deben hacerse. ¿Por qué modelo de país están apostando? ¿Por un Estado de Derecho donde los tribunales protejan a los ciudadanos, donde el Ministerio Público sea independiente y defienda el interés público con imparcialidad? ¿O están apostándole a una república de abogados donde las fuerzas que tienen sus intereses asegurados por la vía de la corrupción o de la violencia se salen siempre con la suya? Porque ese es un modelo no sostenible.

La Corte de Constitucionalidad todavía tiene tres recursos que resolver, en los que se solicita que remuevan del cargo al Ministro de Gobernación y a la Canciller, y que el Ministerio Público investigue al presidente. ¿Debería la Corte aceptar esas peticiones?

Sobre las cuestiones concretas me falta información y no me parece prudente pronunciarme. La Corte de Constitucionalidad es el órgano que interpreta y defiende la Constitución. Y en materias que afecten a la estructura y a la organización del Estado y al equilibrio de los poderes es el órgano supremo y lo que dice la Corte va a misa.

Es una crisis constitucional, pues estamos discutiendo si determinados poderes que son muy importantes los tiene el Ejecutivo o el Legislativo, y creo que la Corte tiene que ser clara y tomar las decisiones que sean en defensa de los ciudadanos de Guatemala y la Constitución.

La conminación que dio el Gobierno a Naciones Unidas, para que el secretario general hiciera tres propuestas para nombrar a un nuevo comisionado, ¿se había hecho en algún momento?

No, y es un disparate. El secretario general elige a quien le da la gana. Las relaciones diplomáticas son una relación entre partes que a veces es amigable y a veces hostil, pero las reglas de la diplomacia se respetan. Yo te he mandado a un representante y ese representante lo respetas. No puede ser que unilateralmente me declares non grato a una persona que según el tratado tengo derecho a nombrar yo. No lo puedes hacer.

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¿Qué consecuencias puede tener Guatemala por la actitud que está tomando el Gobierno?

Incumplirlo, violar un acuerdo internacional colocaría a Guatemala en una situación como de paria en la comunidad internacional. El derecho internacional, desgraciadamente en el mundo en el que vivimos, se pueden permitir ignorarlo Estados Unidos, Rusia y China. Y nadie más. Que lo hiciera Guatemala sería un disparate desde el punto de vista legal y desde el punto político. Sería como que Guatemala se pega un balazo en el pie ella sola. No sé si en Guatemala se ve en su exacta dimensión.

Me da igual que sea por una decisión personal de Jimmy Morales o del Gobierno en pleno. Si Guatemala decide incumplir un tratado internacional es de sentido común, y no hace falta ser un jurista para esto, ¿quién más va a querer firmar un acuerdo con Guatemala? ¿Se lo puede permitir? Si Guatemala se convierte en un paria en la comunidad internacional en el que nadie puede fiarse de su palabra, ¿cuál es su futuro como país?

¿Hay precedentes internacionales?

Sí, claro. Ahora mismo, Corea del Norte, Irán, o Albania o Cuba en su momento. Son países que se quedan aislados, que se quedan solos. ¿Dónde va a venir la ayuda internacional, la cooperación, las inversiones? ¿Qué grupo empresarial importante va a invertir en Guatemala si no hay la menor seguridad jurídica?

Hay un concepto muy importante que parece que se está olvidando. Se dice "democracia". La democracia son dos cosas. El sufragio, o sea, que los gobernantes sean elegidos por los ciudadanos, y el Estado de Derecho. Pero en este caso, el sufragio está pervertido, porque parece ser que ha habido financiación electoral ilegal. Y eso estábamos intentando dilucidar cuando se ha producido toda esta incidencia, si los candidatos se habían financiado adecuadamente y el sufragio respondía a la voluntad de los ciudadanos, o respondía a la voluntad de los que con mucho dinero por delante han retorcido el brazo de los electores.

Pero no tenemos el sufragio garantizado y tampoco tenemos garantizado el Estado de Derecho porque los tribunales de justicia no son independientes y no son eficientes. ¿Quién protege a los guatemaltecos? ¿Quién los representa? ¿Unos diputados elegidos con trampa porque han recibido financiación ilegal o unos jueces que no han sido independientes porque dependen de los grupos de poder financieros, empresariales o políticos elegidos de manera ilegítima?

La organización Human Rights Watch dijo precisamente que podría invocarse la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos con el objetivo de restablecer el Estado de Derecho en Guatemala. ¿La situación actual justificaría esto?

Sí, y también que el Consejo de Seguridad de la ONU tomara cartas en el asunto. Estamos hablando de un país que, si se sitúa al margen de la legalidad internacional, se sitúa en una región extremadamente violenta, como es Centroamérica. Al margen del derecho internacional, empieza a constituir una amenaza para la paz y la seguridad de la región.

La presencia de la Cicig, con el esfuerzo de la policía, del Ministerio Público y de los tribunales, sobre todo los de Mayor Riesgo, han reducido casi a la mitad la violencia en Guatemala. ¿Quién se hace responsable de que vuelva a dispararse la violencia?

¿Quién le va a explicar a las familias de los que van a morir la semana y el mes y el año que viene podían no haber muerto porque ahora hay un sistema judicial, que no es perfecto, pero funciona? Y creo que nadie tiene duda de que funciona por la presencia de la Cicig, que no quiere decir que sean los únicos que tienen el mérito, que hay enormes profesionales en la judicatura, en el Ministerio Público y en la policía, pero si cortamos esa experiencia, ¿quién se hace responsable? ¿El CACIF, se hace responsable de los que van a morir el año que viene?

En el medio y en el largo plazo están haciendo un retroceso histórico, cuando por primera vez desde la firma de los Acuerdos de Paz, la gente tenía una esperanza. Cuando por primera vez la gente ha perdido el miedo, los índices de violencia y corrupción disminuyen. Cuando las instituciones empiezan a funcionar, hay unos que por unos intereses completamente personales, tiran todo por tierra. No se vale.

Abogacía Española

¿Qué acciones podría tomar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?

No lo sé, pero en el caso del Líbano, por ejemplo, el país firmó un acuerdo para tener un tribunal ad hoc y su Congreso no lo ratificó. El Consejo de Seguridad de la ONU se lo impuso. Si es para preservar la paz y la seguridad, el Consejo de Seguridad puede tomar decisiones que se imponen a la soberanía de los Estados. Ahora Guatemala tiene su soberanía conservada, pero que la use bien, que no la viole, que no abuse de ella el Gobierno.

¿Cómo ve el hecho de que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidiera a Velásquez nombrar un comisionado adjunto?

Lo puede hacer perfectamente, porque el acuerdo de la Cicig no establece la estructura interna de la comisión. Eso se lo dejan al comisionado, y el comisionado puede organizar la unidad de análisis, de investigación, de litigio, de administración. Durante un tiempo de mi mandato, yo tuve un comisionado adjunto, y otra temporada no lo tuve. Es una cosa completamente interna. Si el comisionado Velásquez en lo que él regresa quiere nombrar a un vicecomisionado, lo puede hacer.

En términos de relaciones internacionales y de diplomacia, ¿tendría lógica que Naciones Unidas enviara a Iván Velásquez de regreso a Guatemala?

Creo que tiene que haber una negociación de buena fe, política, que preserve el acuerdo y que respete los intereses dentro de la legalidad.

En esta situación, ¿Iván Velásquez podría renunciar?

No, no creo. En absoluto. Por lo menos no como una concesión a una presión que es ilegítima, procedente de una persona que está sometida a un proceso penal. Es como si me procesan a mí, y yo digo que el fiscal no me gusta y que me lo cambien. Es inaceptable.

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En 2010 usted renunció alegando una campaña de desprestigio en su contra y en contra de la Cicig. ¿Ve paralelismos con lo que sucede ahora? ¿Son los mismos actores?

No, no creo que se pueda comparar. En aquel entonces la Cicig era mucho más débil. Nosotros veníamos de meter en la cárcel en enero de 2010 al expresidente Alfonso Portillo y de exonerar a finales del mes al expresidente Álvaro Colom y eso nos creó una situación de difícil gobernabilidad de la Cicig en el país, en el sentido de que los sectores empresariales y del Frente Republicano Guatemalteco, se pusieron descontentos. En un momento en que la Cicig no estaba tan consolidada, se crea una situación en la que la institución estaba pendiente de un hilo.

No se llegó ni a plantear la situación de ahora entre el Gobierno de Guatemala y la ONU, pero entendí perfectamente que la campaña que se dirigía contra mi persona se dirigía contra la Comisión. Y como además en ese momento el Gobierno nombró como Fiscal General a una persona que no reunía de manera notoria las condiciones, consideré oportuno quitarme de en medio por el bien de la Comisión. Yo pensé que la prioridad era mantenerla viva. Era más importante eso.

En aquel momento Guatemala necesitaba como el aire para respirar a la Cicig. Era un sacrificio menor. Y creo que los hechos demostraron que yo acerté. Estamos en el momento que estamos discutiendo hoy, porque aquella crisis se superó.

La Fiscal General, María Consuelo Porras, indicó la semana pasada que investigará a Jimmy Morales solo si la Corte de Constitucionalidad dice que hubo desobediencia, y no iniciará ninguna investigación de oficio. ¿Cómo ve esto?

No conozco a la Fiscal General y no estoy en el debate jurídico de lo que está diciendo la Corte. Creo que la Fiscal General tiene que defender el Estado de Derecho.

Al final, los ciudadanos que estaban manifestándose el otro día necesitan a alguien que les representa, que les defienda, y no veo que se esté produciendo. Esa es una de las autoridades que deberían salir a defender a los ciudadanos, la Fiscal General. Ojalá lo haga.

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