La campaña Defender la vida es un derecho: somos defensores se inserta en un momento complejo de nuestra historia como sociedad, ya que, durante el gobierno del actual presidente, Otto Pérez Molina, las estadísticas recopiladas por Udefegua nos hablan de que en el período 2012-2014 se han incrementado dramáticamente las amenazas y las agresiones contra los activistas de derechos humanos, lo cual también coincide con una muy arraigada visión sobre la muy difundida idea de que la doctrina de derechos humanos solo sirve para defender delincuentes.
Buena parte de ese espectacular aumento de las amenazas y las agresiones tiene que ver con el recrudecimiento de la conflictividad ligada al balance entre el uso y la conservación de los recursos naturales (propiedad y uso de la tierra, aprovechamiento de los recursos hídricos, recursos mineros, generación de electricidad, etcétera), lo cual ha generado una presión extra sobre el ya de por sí cuestionado y debilitado sistema de justicia de Guatemala, a estas alturas uno de los problemas más graves que enfrentamos como sociedad.
Al ya precario escenario de conflictividad por los recursos se suma el aumento de las tensiones propias de los juicios desarrollados en el contexto de la búsqueda de cerrar las heridas dejadas por el conflicto armado interno, más la presión extra que se genera en un año electoral.
Pero, volviendo a la campaña #SomosDefensores, la idea central es difundir el hecho de que, en una sociedad democrática, ninguna persona y ningún grupo deberían ser agredidos o sufrir persecución por sus opiniones o posturas frente a determinado tema, algo que en un país donde se tiene poco respeto por la diversidad de opiniones e ideas es difícil de entender, especialmente en un contexto en el que prima la descalificación a las personas, la intolerancia y la tendencia generalizada al uso de la violencia.
Independientemente de si somos de izquierda o de derecha, de si defendemos la libre empresa o los derechos sociales, Guatemala necesita encontrar la fórmula para desterrar la intransigencia y la descalificación, de manera que aun en temas altamente conflictivos y sensibles podamos encontrar una vía para dirimir nuestras diferencias, fortalecer un sistema de justicia que garantice un cierto grado de imparcialidad y alcanzar posteriormente los acuerdos que permitan que transitemos a una sociedad cualitativamente diferente a la que tenemos hoy en día.
Lamentablemente, si no logramos esta visión de largo plazo, en el corto plazo y en el mediano los grupos seguirán ganando batallas puntuales que posteriormente correrán el peligro de ser revertidas, como en el caso de los conflictivos veredictos a Ríos Montt o a García Arredondo, pero en el largo plazo Guatemala como sociedad seguirá perdiendo, porque estamos alejando la posibilidad real de superar los graves y profundos problemas que nos aquejan.
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