Anoche, frente a mis ojos adormitados estaba plasmada la geografía de este territorio accidentado. Con esta imagen recordé que entender el territorio es conocer el tiempo con su historia y el espacio con su geografía. Los procesos geológicos que dan origen a este pedazo de tierra en el planeta lo han dotado de deseables riquezas naturales. Y con esto viene también una alta exposición a amenazas más o menos naturales. Pero la simple amenaza no supone ningún riesgo, a menos que nuestras actividades humanas nos hagan vulnerables. Y de esto último en Guatemala somos campeones.
Inundaciones, pobreza, deslizamientos, exclusión, sismos, desigual distribución de la riqueza (tierra), sequías, éxodo rural descontrolado, heladas, crecimiento urbano desordenado, cambio climático, etc. Sí, esas son solo algunas formas de amenaza y vulnerabilidad que si se combinan resultarán en riesgo y en desastres anunciados.
La gestión del riesgo no es una ideología política ni una forma de vender desarrollo: es más bien una cultura de prevención. Tampoco es tema nuevo. Pero si nuestro manejo es tan pobre, tan ridículo, es por falta de memoria y, sobre todo, producto de poner el Estado al servicio de negocios particulares.
Y, claro, toca volver a la misma realidad de hace poco más de medio milenio: el conflicto por la tenencia de tierras, que básicamente se reduce al negocio entre Estado y sector privado, que obviamente no responde al bienestar común. Para los menos se trata de dinero, poder y control de las pitas del títere. Para la mayoría es fuente de vida o simple cuestión de sobrevivencia.
El éxodo rural se vuelve una decisión contradictoria. Concentrada la riqueza en el área urbana, busca allí una vida mejor. Y vaya trampa. Oculta bajo una promesa de mejora, al llegar, la vida urbana se revela marginal, pobre, con olor a tierra mojada, láminas oxidadas y cuerpos que gritan sin escuchar respuesta.
Huele a duelo nacional, pero no sé si es por la tragedia de un accidente o por las víctimas de un crimen. El crimen perfecto: sin aparentes culpables. Solo un desastre natural, dicen, y repiten los detalles técnicos: lluvias intensas saturan suelo y desestabilizan una ladera provocando un deslizamiento. Un fenómeno natural muy recurrente en el país. Y qué pena penita pena. Lloramos un poco, donamos algo de ropa y de comida y luego las conciencias tan tranquilas. Pero la verdad es que esto no es nada diferente de los hechos de corrupción destapados por la Cicig en los últimos meses, pero sí cuesta más convencer de que están ligados a un nombre y apellido.
El Cambray II nos da más 600 razones para exigir justicia, porque estas muertes son consecuencia directa de los años de corrupción, negociación y negligencia del Estado, así como de la insistencia de los grupos de interés en obviar la urgencia de planificación del territorio.
Y cae la lluvia de nuevo, cae cada vez más fuerte. Yo estoy a salvo y pienso en la angustia de los que viven esta tragedia en carne propia. Si queremos de verdad transformar estas realidades debemos hacer de estas luchas las nuestras. Desde donde nos toque, no seamos indiferentes y, sobre todo, que no nos falte la memoria.
No permitamos desalojos forzados. Son la máscara de una sentencia de pena de muerte.
No reproduzcamos más paisajes contrastados, desiguales.
No permitamos más Cayalás. El resguardo de las zonas de recarga hídrica debe ser prioridad de Estado.
No permitamos más Cambray I ni II ni III cuando el riesgo es anunciado y la tragedia inevitable.
Sí, lloremos el duelo y reconozcamos ante todo que estamos frente a un crimen. Y busquemos hacer justicia.
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