Las causas de la movilización campesina tenían como objetivo presionar al Congreso de la República para que, de una vez por todas, ponga en discusión la tan llevada y traída propuesta de Ley de desarrollo rural. El oficialismo dice estar dispuesto a apoyarla, el discurso del general Presidente y de su secretario del gabinete rural ha sido que esa ley es el instrumento para lograr no solo paz social sino desarrollo en el área rural. Para el movimiento campesino, la propuesta del Ejecutivo es una Ley que quita casi todos los dientes a la que hace más de ocho años se consensuó con las dirigencias políticas de aquel entonces, con excepción, precisamente, del Partido Patriota. Pero resulta que aún así, desdentada y enflaquecida, los grandes terratenientes agrupados en la Cámara del Agro la adversan y han mantenido al Patriota en una tácita rebeldía ante su jefe, jugando a que no se discute porque los otros no la apoyan. A los de Lider tampoco les interesa aprobarla, imaginan que si la apoyan los terratenientes les dejarán de ver como opción adecuada a sus intereses, por lo que amagan con hacerlo pero solo para crear tumulto.
Pero las dilaciones no han logrado desanimar al movimiento campesino, el que se muestra cada vez más movilizado y ampliado. El régimen militar juega con fuego, pues no solo engaña con supuestas mesas de diálogo donde no se avanza un centímetro, pues los terratenientes solo quieren hablar ellos, insistiendo en los supuestos errores técnicos que tiene la propuesta sin aceptar moverse un ápice en su negativa, sino que mañosamente mantiene a su bancada alejada del proceso de aprobación.
El movimiento campesino, interesado en ampliar sus alianzas, incluyó otras demandas para justificar su movilización, como la petición de la derogatoria de la llamada Ley “Tigo”, que favorece cínicamente a las telefónicas, y la Ley de “túmulos” que tiene artículos ajenos al asunto pero que autorizan al Ejecutivo a manipular recursos financieros.
Enterados de la fuerza y empuje que las movilizaciones campesinas tendrían, los sectores gobiernista y terratenientes no solo estimularon la provocación y el enfrentamiento sino que lanzaron también a la calle a empleados públicos que, sin recibir sus salarios y liderados por dirigentes evidentemente aliados del régimen, propugnaban por la aprobación de más deuda pública para, adquirida a valores excesivos, no solo endeuden más al país sino incrementen aún más las ganancias del sector financiero. Además, se lanzó la amenaza de más paralizaciones propiciadas por el magisterio.
Calles y carreteras se convirtieron así en espacios de agitación donde demandas totalmente contrarias y contradictorias se confundían, teniendo como único blanco y referente el Congreso de la República, dejando al Ejecutivo no solo al margen de las presiones sino actuando como interesado directo de lo que los salubristas demandaban.
El Ministerio de Gobernación escogió perfectamente sus blancos: las movilizaciones venidas del oriente y Totonicapán, donde se encuentran los sectores más beligerantes del actual movimiento campesino. No le tocó un pelo a las movilizaciones pro-bonos, contra quienes el CACIF no presentó ninguna demanda. Además de crear confusión en la sociedad, pues los medios de comunicación afines no hicieron mayor distinción entre unas y otras movilizaciones, el Ejecutivo lanzó dos avisos importantes: es capaz de atacar con toda furia a los opositores, y llegará a extremos impensados para obtener recursos frescos, incapaz de asumir su responsabilidad en el desastre financiero que la ineficiencia de la SAT, con el apoyo ostensivo del Ejército, ha producido. Porque a todas luces ha quedado evidenciado que la falta de liquidez es producto, principalmente, del rotundo fracaso de la militarización de las aduanas y el tortuguismo de la SAT en mejorar la captación, parte de la estrategia para justificar su privatización. Además, ha mostrado que no está dispuesto a negociaciones serias en el Congreso, hacia donde ha lanzado a sus operadores más agresivos para desgastar a sus opositores.
Hasta ahora no todo ha sido triunfos para el régimen, pues si bien logró provocar a los sectores más radicales del movimiento campesino, teniendo a su favor la parcialidad de los medios de comunicación, particularmente radiotelevisivos, no ha logrado vencer a sus opositores en el Congreso, donde los bonos cada vez es más difícil que se le aprueben y la Ley de desarrollo rural pueda que alcance avanzar en primera lectura.
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