Disfruto cada elemento del acto, desde la formalidad de los edecanes, hasta los maravillosos discursos que atinadamente leen los representantes.
Este año, no fue la excepción. Sin embargo, me sorprendió escuchar que una maestra amenazaba a los estudiantes indisciplinados, con enviarlos a lo que ella llamaba, el pueblo. La amenaza era real, pues el pueblo pasaba todo el democrático evento, sentado en la gradería de sol; mientras que los representantes e invitados gozábamos desde la sombra.
Pasa en las películas y pasa en la vida real. Pasa en el microcosmos del colegio de mis hijas y pasa en esta nación.
El 28 de marzo, llegaron caminando desde distintos puntos del país, unos 5 mil pobladores. Con convicción y esperanza, plantearon ocho demandas: 1) Condonación de la deuda agraria; 2) Conflictividad en el Polochic; 3) Moratoria de minerías y agua; 4) Solución de conflictos de la comunidad de Santa María Xalapán; 5) Conflictos en la Sierra Chinajá; 6) Solución de conflictos en Quiché y Las Verapaces; 7) Retiro de tropas militares, y 8) Fijar un plazo para dar respuesta a las demandas.
Específicamente, en el punto siete, se pedía el retiro de tropas militares donde hay conflictividad social, como el caso de Santa María Xalapán, San Juan Sacatepéquez y la comunidad Los Olivos en Cobán Alta Verapaz.
Sin embargo, quince días después de esta marcha, el Gobierno de Guatemala, publica el Acuerdo Gubernativo Número 63-2012, según el cual, el Ministerio de la Defensa Nacional crea brigadas militares en dos departamentos del país. La primera estará ubicada en San Juan Sacatepéquez y se llamará Segunda Brigada de Policía Militar General Héctor Alejandro Gramajo Morales, la cual apoyará como comando militar especial al Estado Mayor de la Defensa Nacional.
La segunda es la Brigada Especial de Operaciones de Selva Teniente Coronel de Infantería Víctor Augusto Quilo Ayuso, que estará ubicada en la aldea El Subín, La Libertad, Petén, y tendrá a su cargo las operaciones de este municipio, San Andrés, San Francisco, Sayaxché y Las Cruces.
San Juan Sacatepéquez es uno de los municipios donde existe una conflictividad social con la empresa Cementos Progreso propiedad de las familias Torrebiarte y Novella. De hecho, fue uno de los lugares incluidos en el acuerdo del día 28 de marzo para retirar las tropas militares.
Crear una brigada militar en este lugar, no solo significa una burla a un acuerdo con un sector importante de esta sociedad, esos campesinos e indígenas que caminaron hasta la capital para plantear pacíficamente sus demandas y que explícitamente pidieron retirar las tropas del ejército de las zonas en conflicto.
Pero además, llevar militares a esta zona representa una intimidación para cualquier proceso de negociación. No hay que ser genio para darse cuenta que en esta región, el ejército es un elemento que genera inestabilidad, es intimidante, provoca rechazo y más que nada, miedo. Un miedo razonablemente justificado. Un miedo que inmoviliza y que desmoviliza.
Para resolver un conflicto social es importante que las partes tengan confianza del proceso. Sin embargo, en este caso, el ejército es evidentemente un elemento de desconfianza para una de las partes y por tanto, no se justifica su presencia.
Abrir esta brigada a solo 15 días de que la población expresó su rechazo, es políticamente incorrecto, contraproducente y daña la credibilidad del Estado. Nuevamente, mandando al pueblo al final, a la gradería de sol. Hasta que este se canse de estar siempre en el peor lugar.
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