Y es que no es para menos, en este país muchos quisieran meter presos a todos aquellos que disienten, sin importar si se está ejerciendo un derecho fundamental. Pareciera que una lógica de censura se está tejiendo, otra vez.
Abandonar el contexto autoritario en Guatemala no ha representado simplemente dar una vuelta a la esquina. Ha sido un proceso más largo y espinoso. La democracia ha requerido de nuevas lógicas, nuevos comportamientos y reacomodos inesperados. No obstante, muchos de los que han pasado por estas experiencias no necesariamente son personas democráticas. Algunos fueron arrastradas por esta ola y no han hecho más que resistir o reciclarse, pero la epidermis autoritaria es tan fuerte que han sido capaces de repeler las bondades de la democracia, entre ellas el derecho que tenemos de expresarnos, de disentir, de deliberar e, incluso, de manifestar.
Estas actividades que son facultades esenciales de todo ser humano se han convertido en uno de los mínimos de la democracia, en uno de sus principales baluartes. Este sistema se constituye bajo la lógica de que las personas puedan informarse, con el fin de poder opinar y tomar decisiones como parte del ejercicio de otros derechos. Entre éstos el de buscar información con el fin de cuestionar y controlar a todos aquellos a quienes por medios del voto se le ha designado el monopolio de la fuerza y ejercicio del poder.
No obstante, en este país la resistencia a que se ejerza este derecho aún es fuerte, especialmente, si esto pone en tela de juicio situaciones de ilegalidad, de injusticia e incomoda a todos aquellos actores que han estado acostumbrados a tener prebendas y privilegios de parte del Estado y de todo su entramado institucional. El intento de crear nuevos y novedosos métodos de censura simulando procesos legales y democráticos no es más que demostrar la poca tolerancia a la discusión, al disenso y a simple existencia de un pensamiento extraño, alterno o distinto.
Estos métodos van desde el planteamiento de querer “regular” medios de comunicación tradicionales o digitales sin tomar en cuenta que ello puede representar una censura previa que, a todas luces, es ilegal e inconstitucional en este país. Así también el aprovechamiento de la falta de legislación en materia de publicidad oficial que se constituye en un premio o castigo a empresas mediáticas de parte del Estado. O la práctica, al parecer ya arraigada en algunos sectores, de iniciar procesos penales por vías distintas a las que señalan las leyes del país como el caso de la querella interpuesta contra Gustavo Berganza por parte de Ricardo Méndez Ruiz. En este último caso, el camino que se tomó, como en situaciones anteriores, es equivocado y respecto a eso no quiero ahondar más, pues Mario Antonio Sandoval, en su columna “Hay infiltrados dentro de la prensa”, ha explicado suficientemente esta situación.
Estos hechos, aparentemente aislados, pueden ser peligrosos en un contexto como el guatemalteco, en donde la democracia aún no está completamente arraigada y en donde la debilidad institucional ha permitido la existencia de mafias, redes y organizaciones que han operado con toda impunidad. La inquina que genera la crítica, la investigación periodística y ahora deliberación en medios digitales está llegando a niveles de excepcionalidad. Ya están, como en Furia de Titanes, a punto de liberar al Kraken. Y como contraparte, se echa de menos una voz que con autoridad moral sea una luz para el ejercicio de este derecho fundamental.
Sin ser fanático de las teorías de la conspiración ni mucho menos, me parece que hay indicios para pensar que el desarrollo y potencialidades de las tecnologías de la comunicación, especialmente la institucionalidad periodística, están comenzando a generar incomodidad y urticaria en muchas epidermis. Ojalá mi percepción no sea real, pues eso representaría un retroceso para el sistema político.
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